Cien historias de desplazamientos forzados por los Juegos Olímpicos
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- Categoría: Brasil
- Publicado: Viernes 02 de Septiembre de 2016
Más de 2.500 personas fueron expulsadas de sus hogares por las obras relacionadas con los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Agência Pública ha realizado un reportaje multimedia en el que recoge el testimonio de 100 de estas familias.
(Giulia Afiune, Jessica Mota, Natalia Viana, Agência Pública – Diagonal) Brasil - Las familias entrevistadas por Pública para el proyecto 100 relataron haber sufrido violencia psicológica y física. Trece de las 62 familias escuchadas hasta la fecha de publicación dijeron haber sido directamente amenazados para que abandonaran sus casas. "Ellos dijeron que iban a mandar a la policía contra nosotros, que echarían abajo la casa con nosotros dentro", recuerda Eunice dos Santos, un ex residente de Estrada da Boiúna, hoy residente en la colonia Juliano Moreira, del programa Minha Casa Minha Vida, en la zona oeste. Márcia da Silva recordó el trauma de su hija, que entonces tenía tres años, al ver la antigua casa siendo demolida. La niña comenzó a tener pesadillas recurrentes. "El pediatra dijo que tal vez iba a necesitar tratamiento psiquiátrico", dice Márcia. Otras presiones fueron más veladas, pero continuas. "Las amenazas eran más psicológicas. Decían: 'Ah, pero usted no lo ve, que todo el mundo se está yendo. Ha
y que pensar en la familia, porque su familia puede sufrir las consecuencias más tarde ", relata José Ronilson da Silva, residente en Vila Autódromo.
El 3 de junio de 2015, la Guardia Municipal agredió a los vecinos de esta villa, donde vivían alrededor de 500 familias al borde de la laguna de Jacarepaguá y donde hoy se levanta el Parque Olímpico, durante un intento de demolición. Las imágenes de los vecinos de Ronilson con las cabezas ensangrentadas y las marcas de balas de goma en los brazos circulan por las redes. La persistencia de los residentes a permanecer en el lugar resultó en una pequeña pero simbólica victoria: 30 casas fueron construidas para los vecinos de Vila Autódromo. Además de las casas, dos escuelas y zonas de recreo constituyen el plan de desarrollo de la comunidad anunciada por el Ayuntamiento en marzo de 2016, cuando la mayoría de las familias ya habían abandonado el lugar.
No hay datos
La gran mayoría de los desalojos fueron informados por parte de los empleados de la municipalidad, que dijeron claramente que había relación con las obras de los Juegos Olímpicos. En algunos casos, como en el almacén abandonado que daba a la calle Ipadu 700, en Curicica –eliminado para dar paso a la BRT Transolímpica [vía rápida de transporte público]– el expediente, documento inicial del proceso de demolición, llevaba el logo de los Juegos Olímpicos. Joshua Lima, ex residente de la favela Metrô Mangueira, resume: "No me gusta recordar, no. Construimos nuestra vida allí. Y verla destruida por los Juegos Olímpicos no está bien. Si fuera a causa de una guerra, por una bomba, lo aceptaríamos, pero por los Juegos Olímpicos ...?".
El Ayuntamiento nunca publicó los datos oficiales detallados sobre las demoliciones olímpicas. No se sabe, por ejemplo, cuántas personas fueron desalojadas de las comunidades que estaban en la ruta de algunas obras clave para los Juegos. De acuerdo con los datos del informe "Olimpíada Rio 2016, os jogos da exclusão", publicado en noviembre de 2015 por el Comitê Popular da Copa e Olimpíada do Rio de Janeiro, si se cuentan sólo tres grandes inversiones que figuran como legado de los Juegos Olímpicos, además de las obras para la reforma del estadio Maracaná, donde se realizará la apertura y cierre del evento, fueron 2.548 las familias desalojadas. Estos levantamientos incluyen las comunidades de la región de Recreio, donde pasó el BRT Transoeste, en el barrio Curicica, cortado por el BRT Transolímpica, en el morro [colina] de Providência, en la zona del Puerto Maravilha, donde hubo demoliciones a causa de la instalación de un teleférico, además de otras ocupaciones en el mismo perímetro, como la del caserío azul de Jailson.
La desinformación es un arma
"De hecho, nosotros hemos conocido a través de rumores en internet que iban a expropiar", recuerda Ozineide Pereira da Silva, que ha vivido 20 de sus 30 años en un enorme cobertizo ocupado en Ipadu 700, en Curicica. "Hasta que un día el Ayuntamiento fue a hacer el registro, tomar fotografías de nuestra casa, y dijo que teníamos que irnos y que nos compensarían". Entre el primer susto y la expropiación efectiva pasaron más de dos años, sin ninguna información precisa.
Para la investigadora Mariana Cavalcanti, quien siguió de cerca el proceso de demoliciones en Curicica, "la falta de información fue una estrategia deliberada del Ayuntamiento". Cuenta que los vecinos de Vila União de Curicica, cerca de la comunidad Ozineide, supieron sobre la amenaza de BRT cuando vieron un vídeo de propaganda del Ayuntamiento en Internet en el que se mostraba la ruta inicialmente planteada entre promesas de valorización y beneficios para la población. "La gente simplemente vio que el BRT iba a pasar por el medio de la comunidad". "Parecía una broma, cortar la ciudad como si fuera Dios", añade el sociólogo Paulo Magalhães, que entonces era asesor del vicepresidente de la Caixa Econômina Federal y siguió de cerca las negociaciones.
La falta de información fiable acompaña hasta hoy a los residentes desalojados de Vila União y de Ipadu, incluso después de mudarse al condominio Juliano Moreira a través del programa Minha Casa, Minha Vida. Durante la entrevista con Pública, Ozineide muestra el único papel que recibió –un 'dossier', sin ningún valor legal–. Hasta la fecha, ni ella ni sus vecinos han recibido el contrato que les certifica como ocupantes legales del inmueble. "Tengo miedo. Porque aquí la gente no paga, porque fue un intercambio de claves. Pero después ha cambiado el gobierno, y a saber. La gente ha firmado, pero no tienen ningún contrato. Nada con lo que decir ‘esto es mío’”.
La situación es más grave porque, como constata el reportaje de Pública, muchos de los residentes de la colonia comenzaron a recibir del Banco do Brasil cargos por valor de 75.000 reales [20.610 euros], como si devieran un dinero que nunca iban a tener. El importe debería haber sido pagado por el Ayuntamiento, al que el Banco do Brasil atribuye el problema. Resultados: los nombres de muchos residentes están incluidos en el SPC [lista de deudores], el Sistema de Protección de Crédito.
Nota completa: https://www.diagonalperiodico.net/global/31196-cien-historias-desplazamientos-forzados-por-juegos-olimpicos.html
