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Víctimas de masacre de El Mozote atisban justicia en El Salvador

Salvo por una casa con paredes agujereadas por ráfagas de ametralladora, nadie diría que El Mozote, esta apacible localidad de El Salvador, fue escenario de una de las masacres más horrendas en América Latina 35 años atrás.

(Edgardo Ayala – IPS) El Salvador - Archivado desde 1993 en el sistema judicial salvadoreño, el caso, conocido como la Masacre de El Mozote, fue reabierto en septiembre del 2016, en una posibilidad histórica de juzgar a los soldados y oficiales acusados de ser los responsables de aniquilar a más de 1.000 habitantes del pueblo y otras localidades aledañas.

La reapertura se hizo posible gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que en julio de 2016 declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, que impidió procesar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto salvadoreño, iniciado en 1980 y finalizado en 1992.
Uno de los sobrevivientes de la matanza es Juan Antonio Pereira, de 79 años, quien contaba con 35 años cuando los militares incursionaron en Los Toriles, una pequeña aldea cercana a El Mozote. Fueron cuatro días de terror, del 10 al 13 de diciembre de 1981.

“Viera qué triste es estar viendo que están matando a la familia de uno”, dijo ese campesino. Allí murieron su esposa, Natalia Guevara, de 35 años, y sus dos hijos: José Mario, de 10 años, y Rosa Cándida, de 14.

Las investigaciones para esclarecer los hechos se habían iniciado en 1990, pero el caso fue amnistiado en 1993.

Ahora, los abogados de Tutela Legal María Julia Hernández, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y residentes del pueblo aglutinados en la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, reiniciaron sus esfuerzos para encontrar a los responsables de la matanza y llevarlos a la justicia.
Tutela Legal intentó reabrir el caso en 2006, pero la iniciativa fue rechazada precisamente por la vigencia de la Ley de Amnistía.

“No se trata de venganza, ni de ir en contra de la Fuerza Armada, sino en contra de algunos elementos implicados en graves violaciones de derechos humanos, lo que queremos es que no quede impune”, explicó el abogado Wilfredo Medrano, de Tutela Legal.

El 29 de marzo, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, capital de Morazán, realizó una audiencia para notificar a siete militares de alto rango del Ejército salvadoreño implicados en los hechos, de los cargos en su contra: asesinato, violación, privación de libertad y actos de terrorismo, entre otros.
Entre esos oficiales se encontraban los generales Guillermo García, exministro de la Defensa (1979-1983), y Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto.
La investigación tendrá como soporte muchas de las pruebas documentales y testimoniales recogidas ya en el expediente iniciado en 1990.

“Lloré de tristeza cuando vi allí sentados a los oficiales, me imaginé cuando estaban organizando y asesinando a mis familiares, mis padres, mi hermanito de 11 años, Adolfo Arturo, a mi hermana embarazada”, narró la presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, María Dorila Márquez, de 60 años, y con 25 cuando sucedió la masacre.

En total, Márquez calculó que unos 100 de sus familiares fueron asesinados, y la cúpula castrense consideraba a los habitantes de la zona como colaboradores de la guerrilla del entonces Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), algo que es rechazado por los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.
Tras los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin al conflicto, esa guerrilla se convirtió en partido político y gobierna el país desde el 2009, luego de ganar dos elecciones presidenciales consecutivas.

El 6 de mayo, el mismo tribunal notificó a otros tres oficiales, que no estuvieron presentes en la audiencia anterior, de los cargos en su contra.

Por su parte, Sofía Romero Pereira, de 55 años, y 19 en 1981, sostuvo que al menos 35 parientes fueron ejecutados, entre ellos su padre y cuatro de sus ocho hermanos y hermanas.

Los abogados de Tutela Legal también han solicitado reabrir el caso del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa en la catedral capitalina.

 

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