Ley de agua favorece la sobreexplotación privada del recurso en El Salvador

El Salvador aprobó la Ley General del Recurso Hídrico, que dejó por fuera algunas de las propuestas planteadas por organizaciones sociales que han venido luchando por una normativa de ese tipo desde hace más de una década.

(IPS) El Salvador - “Hemos estado peleando durante 15 años por una ley general de aguas, pero no por cualquier ley y no por la que se ha aprobado”, dijo a IPS el activista Luis González, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, que aglutina a varias organizaciones sociales.

La ley, aprobada el 21 de diciembre, deja también en clara desventaja a las Juntas de Agua: las asociaciones comunitarias que ofrecen agua potable a familias pobres debido a que el Estado no es capaz de llevar el recurso a toda la población. En adelante estarán sometidas a un pago por la extracción de agua.

«El Estado, en todos sus órganos fundamentales de gobierno y sus instituciones, tienen la obligación y la responsabilidad primordial de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al derecho humano al saneamiento», se lee en el primer artículo de la normativa.

También define al agua como un bien público, sin embargo, las organizaciones sociales criticaron que, aunque se menciona, eso no se desarrolla a cabalidad en el texto.

González agregó que otro de los aspectos que eran puntos de honor para el movimiento social, el de la participación ciudadana, no fue incluido tal como lo concebían las organizaciones civiles, con varios participantes.

La ley, de 179 artículos, da vida a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que estará conformada por una decena de ministerios así como un representante de la sociedad civil.

Esa última figura ha sido objetada por el movimiento social porque no gozará de independencia porque será nombrado por el presidente Nayib Bukele.

¿Una privatización velada?

Bukele también puede solicitar reformas e incluso vetarla, pero eso parece poco probable porque la ley ha sido confeccionada desde el Ejecutivo a la medida de sus intereses, que claramente ha beneficiado a sectores privados al otorgarles permisos de explotación por 15 años, dijeron ambientalistas consultados por IPS.

“Es una ley privatizadora, pues en el artículo 71 autoriza a entes privados a grandes cantidades de agua por años”, acotó González.

Si bien la normativa establece que no se permitirá la privatización del recurso, en la práctica permite la sobreexplotación por parte de empresas privadas cuyos rubros comerciales tengan al agua como materia prima.

Uno de esos sectores es el de bebidas carbonatadas, cervezas, jugos y agua embotellada, y en esa área la empresa líder es La Constancia, fundada en 1906 pero desde 2016 es propiedad del mayor consorcio mundial cervecero, AB InBev, con sede en Lovaina, Bélgica.

También se beneficiarían aquellas compañías dedicadas a proyectos urbanísticos que desarrollan sus propias fuentes de agua, o a la producción a gran escala de caña de azúcar, que exige riego permanente, entre otros.

Originalmente, el borrador de ley propuesto por el Gobierno hablaba de otorgar permisos de explotación de 473.000 metros cúbicos anualmente, con permisos vigentes por 15 años, mientras que las organizaciones civiles habían venido solicitando que los periodos deberían de ser entre tres y cinco años, algo que, evidentemente, no se escuchó. 

Luego la cantidad bajó a 365.000 metros cúbicos y en cambios de último minuto, antes de ser aprobada, la legislación la dejó sin límites.

El costo del metro cúbico oscilará entre 0,03 y 0,20 centavos de dólar, dependiendo del uso del recurso.

Juntas de Agua a la deriva

Otro aspecto que preocupa a las organizaciones sociales es que las Juntas de Agua ahora tendrán que asumir el costo de la extracción del recurso hídrico, en el rango ya señalado, algo que representaría un duro golpe económico y afectaría su funcionamiento.

“Tendremos que estar pagando por cada metro cúbico que saquemos del pozo y eso tendría que ser trasladado a los usuarios, porque de lo contrario el sistema irá muriendo de a poquito”, señaló a IPS el tesorero de la Asociación de Agua Potable de Cangrejera, José Dolores Romero.

Ese sistema de agua comunitario está localizado en el caserío Desvío de Amayo, del cantón de Cangrejera, parte del municipio y departamento de La Libertad, en la franja costera de El Salvador. Comenzó a operar en 1985 y provee de agua a 468 familias de ese y de otros ocho caseríos cercanos.

Se calcula que en El Salvador, con una población de 6,7 millones de habitantes, hay unas 2.500 de esas juntas, que proveen del servicio a 25 % de la población, es decir, a unas 1,6 millones de personas.

Nota completa: https://ipsnoticias.net/2022/01/ley-de-agua-favorece-la-sobreexplotacion-privada-del-recurso-en-el-salvador/

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