Criminalización de la protesta: el costo de ser estudiante movilizado

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Sumarios por causas políticas, vulneraciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la Igualdad ante la ley, son algunas de las prácticas "propias de la Dictadura" que han sufrido estudiantes y dirigentes por alzar las banderas de la lucha estudiantil.

(Victoria Viñals - radio Uchile) Chile - El 19 de agosto de 2015 la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) inició un sumario en contra del entonces estudiante de Trabajo Social, Miguel Moya. El 15 y 16 de julio se había realizado la toma de uno de los edificios de la Universidad y al estudiante se le acusó de haber sido “actor protagónico y líder de la ocupación”, y de destrozos y daños a la propiedad privada.
Pese a que existe una Federación de Estudiantes y que hubo, al menos, unos 50 participantes, Miguel fue sindicado como culpable. No sólo de los daños y de la toma, sino que también fue declarado culpable por negarse a colaborar con el procedimiento (pese a que prestó una detallada declaración de las acciones que realizó esos 15 y 16 de julio) y de encubrimiento por haberse negado a identificar al resto de los participantes de la movilización.
El 19 de enero la resolución fue certera: prohibición temporal de matrícula por tres semestres. Tras la sentencia, Miguel realizó una fuerte defensa que incluyó en su apelación y presentó ante el mismo rector de la Universidad, Claudio Elórtegui. Además recibió muestras de apoyo de diferentes sectores: historiadores, académicos de su facultad, compañeros de otras carreras y hasta apoyo internacional por lo que Miguel considera, se trata de persecución política y de una práctica de amedrentamiento.
“La Universidad me sancionó por una acción política en un contexto de movilización general y nacional y por no delatar a compañeras y compañeros. La Universidad Católica de Valparaíso quiere estudiantes que no se comprometan con las transformaciones sociales, quiere estudiantes que traicionen a quien tienen al lado, tanto así que utiliza un reglamento de disciplina escrito en Dictadura como herramienta de persecución política contra las y los luchadores sociales que estén dentro de su Universidad”, sostiene Miguel.
Ante el resultado del sumario, Miguel interpuso un recurso de protección que fue considerado admisible y rechazado finalmente este viernes. Miguel irá con su abogada a la Corte Suprema, para revertir la sanción sumaria que pesa en su contra.
Paralelamente, la PUCV interpuso una querella criminal en contra de Miguel, otro estudiante y todos quienes resulten responsables por los delitos de usurpación y daños a la propiedad, por la suma de 12 millones de pesos. El 24 de marzo el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en la causa, por considerar que no habían antecedentes suficientes para seguir con el caso.
Política de persecución y amedrentamiento
Betsabé Carrasco, abogada de la Defensoría Popular, señala que en estos casos existen graves vulneraciones al debido proceso. En el caso específico de Miguel Moya, la conformación de un tribunal ad hoc, es decir, no conforme al reglamento de la Universidad, sino que designado específicamente para este caso.
Además, se le acusa de faltas que no están en el reglamento. Se le imputa que operó como encubridor de un delito y así mismo que guardó silencio, principios básicos del debido proceso.
“Esta ha sido en general la tónica en diferentes universidades. Hacen procedimientos irregulares que tienen como único objetivo expulsar al alumno. Se afecta el principio del debido proceso y también el principio de igualdad ante la ley porque vemos que a determinados estudiantes, que son dirigentes o que tienen determinadas posturas políticas se aplica el sumario, y a otros estudiantes en las mismas condiciones no se aplica”, afirma Betsabé Carrasco.
“En general, este tipo de procedimientos buscan perseguir dirigencias políticas disidentes y aplican normas internas que contienen procedimientos totalmente viciados. Las normativas internas no pueden vulnerar los principios generales reconocidos en la Constitución”, declara la abogada.
Represión del movimiento estudiantil
Felipe Sánchez fue estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Alberto Hurtado hasta este año cuando fue expulsado por sanciones académicas luego de enfrentarse a tres sumarios. Sánchez es un caso emblemático de las persecuciones al interior de algunas universidades privadas, básicamente por ser sindicado en tres oportunidades de cometer faltas de distinto nivel al reglamento de la universidad jesuita.
En la primera oportunidad, se le acusó de haber roto una puerta en el contexto de una manifestación. Pese a que existen registros en los cuales se ve el momento en que la puerta se rompe por un grupo de estudiantes, el único identificado y sumariado es Felipe. En esa oportunidad, el estudiante y consejero externo de Ciencias Políticas, Eduardo Inostroza, fue a declarar a favor de Felipe, asunto por el cual también se le abrió un sumario y fue sancionado de la misma forma de quien intentó ayudar: un semestre de suspensión académica.
“De mi caso en adelante quedó latente la amenaza de que cualquier estudiante que se disponga a declarar en un sumario, también se va a tener que enfrentarse a uno”, relata Sánchez.
Ese segundo semestre de 2014 Felipe tuvo que dejar sus estudios por la suspensión, en el mes de octubre. El estudiante financiaba su carrera con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y con una beca interna de la Universidad, perdió el beneficio de la casa de estudios y se le cargaron a la deuda del crédito, los tres meses que alcanzó a asistir a clases, pese a que no lo dejaron terminar los ramos en curso y que posteriormente tuvo que repetirlos.
En marzo de 2015 Felipe se reincorporó a la Universidad y continuó participando activamente en el movimiento estudiantil y también en espacios de voluntariado dispuestos a ayudar a los damnificados del norte del país. En junio de ese año participó en la organización de una tocata para recaudar fondos, y por ese hecho se le llamó a un nuevo sumario. De nuevo, de un grupo de más de 50 personas, Felipe fue el único sumariado.
La falta catalogada como leve se configuraba, a juicio de la Universidad, porque la tocata “interrumpe el normal funcionamiento de las actividades académicas” a causa del ruido. Por este motivo Felipe fue dejado condicional, que significaba que ante cualquier falta sería expulsado definitivamente de la institución
En noviembre de 2015 se realizaron elecciones de Federación. La lista ganadora fue la del colectivo político de Felipe quien operó en esta oportunidad como jefe de campaña. A una semana del triunfo, se abrió un nuevo sumario en contra del estudiante por haber pintado un mural dentro de la Universidad. A juicio de las autoridades, el mural representaba “una falta gravísima”, catalogada como daño a la propiedad privada.
Nota completa: http://radio.uchile.cl/2016/04/05/criminalizaci%C3%B3n-de-la-protesta-el-costo-de-ser-estudiante-movilizado-en-chile

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