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Magisterio de Canadá podría poner fin a la privatización del agua en Chile

El Plan de Pensión de Maestros de Ontario tiene un 41 por ciento de participación en el mercado de agua chileno. Según revela un reportaje publicado en The Guardian, los defensores locales del recurso abogan para reunirse con ellos y pedirles que se hagan parte de su lucha anti privatizadora.

(Diario Uchile) Chile/Canadá - “Chile está en crisis de agua potable” con estas palabras el diario británico The Guardian describe la situación del recurso hídrico en el país.

En el reportaje titulado “Maestros canadienses factor decisivo en el futuro del agua en Chile” ubican a Chile como el país que “cuenta con la mayor cantidad de servicios privatizados de agua y saneamiento en el mundo; el 95.8% de la población utiliza servicios privados”, política de mercado heredada desde la dictadura de Augusto Pinochet.

El problema se sitúa en 1981, momento en el que el dictador redefine el Código de Agua, convirtiéndolo en un bien comercializable. “Desde entonces, las corporaciones han podido presentar ofertas para el uso de los derechos estatales del agua, para su reventa mediante un sistema de asignación basado en el mercado, con mínimo control por parte del gobierno. Sólo unos cuantos otros países han apostado por una reducción tan drástica del control del estado sobre los recursos de agua”, describen en el reportaje.

La reducción, exponen, ha causado problemas directos a comunidades indígenas como a los pueblos atacameños, “quienes perdieron el acceso a vastas cantidades de agua que sustentaban sus modos de vida y actividades culturales a lo largo del río Loa”; también la de las comunidades de la provincia de Petorca, donde el agua es escasa, y “las concesiones por parte del Estado para la extracción del agua exceden los recursos disponibles”.

Pero, ¿De quién es el agua?
Pero en medio de este problema que se agrava, parte de la solución está en manos de Ontario Teachers´Pension, el Plan de Pensión de Maestros de Ontario, que –según The Guardian- es actualmente el inversionista más grande en materia de agua y saneamiento en Chile, con participación mayoritaria en tres grandes servicios de agua chilenos – Essbio, Esval y Aguas del Valle – controlando el 41% del sector.

El fondo de pensión, que opera desde 1990 y que en 2015 tuvo una rentabilidad del 13%, con una tasa de retorno del 10,3% a sus afiliados, tiene la solución en sus manos. Así se lo quieren hacer ver diversos grupos locales que exigen justicia en el uso y propiedad del recurso hídrico.
“Recientemente, grupos ambientalistas, sindicatos y organizaciones comunitarias chilenas han colaborado con el Council of Canadians para poner de manifiesto el papel de la OTTP en la crisis de agua de Chile. Pero la interacción entre mercados de agua, servicios privados, el cambio climático y el derecho humano al agua es compleja. En lugar de luchar por un desapoderamiento inmediato, los grupos de justicia del agua piden que los maestros de Ontario se unan a la discusión en torno a una transición justa y sostenible del control privado del agua hacia el control público en Chile.

El primer paso tomado es firmar una petición pidiendo a la OTPP sumarse al diálogo con los grupos chilenos para explorar estrategias, así como un plazo realista para devolver el agua y saneamiento a las manos de los poderes públicos”, agrega el reportaje.

Varios grupos de justicia del agua en Chile – tales como Modatima, Fundación Terram y ChileSustentable – trabajan para exigir el fin a la privatización. Arrebatar el poder de las manos de las corporaciones en la era de los acuerdos de libre comercio no es tarea sencilla, menos cuando “Chile ha firmado 26 acuerdos comerciales cubriendo 62 países, incluyendo Canadá, desde finales de la década de 1990. Estos acuerdos instauran los derechos de las corporaciones, que tienen el poder de demandar a Chile si el gobierno intenta endurecer la normativa”, agrega el texto.

Por eso, la esperanza está puesta en los profesores de Ontario, quienes (“de apoyar el creciente movimiento anti-privatización”), podrían devolver el agua a los chilenos, un derecho robado durante la dictadura de Pinochet

 

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