El 25 de septiembre del 2018, en la comunidad del Ocho de Agosto ubicada en el municipio de Pelaya – Cesar, se adelantó diligencia judicial de desalojo por parte del Juzgado Primero Civil Especializado de Valledupar, en cumplimiento de una orden proferida por el Tribunal de Cartagena, Sala Civil Especializada en restitución de tierras contra los campesinos poseedores de los predios La Victoria y Las Delicias.

Esta diligencia tenía como propósito la expulsión de 20 familias desplazadas por operativos militares – paramilitar; que han ocupado de buena fe los predios de manera pública y pacífica por más de cuatro años.

Pese a que el Juzgado se abstuvo a desalojar de manera violenta, hicieron presencia miembros de la Policía Nacional dotados de armas de alto calibre; el escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y tropas del Batallón Especial Energético y Vial Número 3, lo cual constituyó para la comunidad un acto de revictimización e intimidación.

Las familias afectadas con la decisión del Tribunal de Cartagena, se encuentran en extremo estado de vulnerabilidad, por cuanto además de estar en condición de desplazamiento con un alto nivel de pobreza, se les informó por parte del Juez que ya no podrán vivir ni cultivar dentro del predio.

Aunque el Despacho autorizó a la comunidad obtener los frutos de la cosecha, de manera arbitraria decidió que deberán ir a un albergue improvisado que no garantiza la vivienda digna ni el acceso a derechos básicos y vitales como lo es el agua, a lo cual se suman las condiciones de hacinamiento, con las consecuencias que eso genera para la salud física y emocional de las mujeres, niños y adultos mayores que conforman en su mayoría la comunidad del “Ocho de Agosto” .

Fuente: Equipo Jurídico Pueblos