Desapariciones forzadas: seguir el rastro de un crimen sin huellas

La desaparición forzada es un crimen cuya naturaleza radica en el ocultamiento, no solo de su resultado sino también de las pruebas y los responsables. El 98% de los casos ocurridos en Colombia no son resueltos. En Medellín, la cifra asciende al 99%.

(Colombia Informa) Colombia - No es en vano que de la totalidad de casos registrados en Colombia por el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- únicamente en el 2% se tiene información acerca de los responsables. En Medellín solo se sabe del 1%.

Según Max Yuri Gil, coordinador de la región Antioquia-Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad, con la desaparición “buscan un efecto mucho más de ocultar el delito, de dejar una incertidumbre”.

Medellín

Son pocos los casos en los que, además de investigar e identificar al responsable, se realiza un proceso penal de cierre. De los 25.347 casos referenciados desde 1985 en la base de datos de la Fiscalía en Medellín, el 90,34%% (2310) se encuentra en fase de indagación. Sin embargo, esta cifra aparentemente alta, comienza a disminuir conforme avanza el proceso. Solo el 0,63% (16) han sido acusados; 0,47% (12) imputados y 0,67% condenados.

En Medellín solo se han resuelto 17 casos de los más de 2.000 registrados. Es decir, ni una condena por cada 100 casos de desaparición forzada. En términos generales, en la ciudad la impunidad en cuanto a condenas es casi del 100%.

Las Madres de la Candelaria son el rostro de un crimen que se ha ejecutado de manera sistemática y estratégica, pero ante el cual el aparato judicial se ha quedado corto para dar respuestas a las buscadoras. La desaparición se ha movido por las calles de los barrios, ha caído en el río Medellín y se ha pegado a la ciudad como algo que se sabe, pero no se ve y poco se investiga.

Las cifras acerca de la indagación de la desaparición han tenido varios cambios abruptos. Según la Fiscalía en el 2005 fueron cinco y el año siguiente 323; este incremento correspondiente al 6.360% y además coincide con la finalización del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (el 15 de agosto de 2006), grupo paramilitar responsable de la mayoría de casos. Desde ese pico, la cantidad de hechos indagados comienza a disminuir hasta el 2009 (117) y de nuevo da un salto en el 2010 (538), cuando se registra la mayor cifra de indagación. Este dato también coincide con el año en el que se documentaron más desapariciones forzadas en la ciudad, con un total de 260.79 casos más que el año anterior. Con el comienzo de la administración de Aníbal Gaviria en el 2012, disminuyó de manera alarmante y mantiene esa tendencia hasta el 2018 (mandato de Federico Gutiérrez) cuando solo se registran dos.

Aunque Medellín tiene la cifra más alta de indagación (seguida por Bogotá con 874 y Cúcuta con 531) no es la que más hechos ha esclarecido y/o resuelto. La ciudad con el mayor número de condenas es Cali con un total de 27, 10 más. Las cuatro urbes anteriores (junto con Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga y Cartagena) apenas suman el 25% (101) de las 407 condenas que según la Fiscalía se han realizado a nivel nacional.

¿Por qué?

Las cifras de la Fiscalía dan cuenta de que, por uno u otro motivo, la desaparición forzada ha logrado su objetivo: borrar los rastros que identifiquen el hecho y, por ende, al responsable. Para Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad -CJL- de Medellín, esta situación tiene que ver con tres elementos: la tipificación del delito, la desarticulación y descoordinación institucional, y la falta de voluntad política.

Según el informe Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, realizado por el CNMH en el 2014, la desaparición forzada solamente se ha considerado como un delito penal desde el año 2000.

Antes de esta fecha “se investigaban como si fueran secuestros y la opinión pública era poco consciente del fenómeno”. Por este motivo existen expedientes en los que se hace referencia al “secuestro simple” cuando realmente se trata de una desaparición forzada.

Según Arboleda, esto ha generado “un mar de impunidad”. Es un elemento que además incide en la descoordinación de las instituciones encargadas de darle tratamiento al tema. Aparte de que no coinciden en las bases de datos, tampoco tienen una comunicación efectiva que dé celeridad al proceso.

Sin embargo, es la voluntad política la que define los esfuerzos que se invierten en esclarecer estos hechos. En el país no existe un cuerpo forense independiente de la Fiscalía, por lo que el proceso se torna aún más complejo cuando uno de los principales autores de este delito son los agentes del Estado junto con los grupos paramilitares.

Nota completa: https://www.colombiainforma.info/desapariciones-forzadas-seguir-el-rastro-de-un-crimen-sin-huellas/

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