Los derechos humanos en Estados Unidos
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- Categoría: EEUU
- Publicado: Miércoles 06 de Febrero de 2008
La violación de los derechos humanos de los trabajadores indocumentados en la esfera estrictamente laboral hace recordar la condición de la población afroamericana durante la época de la segregación racial. Ahora bien, es importante no ver a las personas indocumentadas meramente desde la perspectiva de la sobreexplotación en el lugar de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras indocumentadas son también seres humanos, es decir, miembros de unidades familiares, padres y madres de familia, parte integral del resto de la comunidad que los rodea, aunque su lugar sea uno de subordinación. Los datos son reveladores. Cierto es que casi la mitad (49%) de las personas indocumentadas son varones adultos. Pero 35% son mujeres adultas. El resto (16%) son niños y niñas.
Las personas indocumentadas “igual que los demás seres humanos“ están organizadas en unidades familiares. Hay 6,6 millones de familias en las que al menos el padre o la madre son indocumentados. El total de personas viviendo en estas unidades familiares asciende a 14,6 millones. En la actualidad hay 3,1 millones de niños y niñas que son ciudadanos estadounidenses, pero que sus padres “por carecer de documentos“ pueden ser deportados en cualquier momento. Al mirar a la misma población indocumentada en Estados Unidos tomando en cuenta características que van más allá de la esfera laboral, se revela de inmediato la naturaleza pluridimensional de la violación de los derechos humanos de los inmigrantes.
Además del aspecto laboral, hay que mencionar la ausencia de servicios médicos adecuados, la pobre educación de los niños y niñas indocumentadas, la falta de vivienda adecuada al vivir en los barrios más empobrecidos, el aislamiento y opresión cultural, la ausencia de acceso a las cortes para reclamos inmediatos, el acoso por la policía racista, la subalimentación, etc.
En cuanto a la niñez, hay que destacar la práctica de la agencias inmigratorias estadounidenses consistente en deportar a madres y padres indocumentados, aunque sus hijos o hijas sean ciudadanos; la deportación de niños y niñas indocumentadas sin consideración a la unidad familiar en que viven y, en general, el no reconocer los derechos familiares y humanos de millones de niños y niñas pertenecientes a familias en las que al menos hay una persona mayor indocumentada.
Lo mismo ocurre con el tema de la opresión de la mujer. Las leyes estadounidenses, al no conferirle reconocimiento a los derechos humanos de las personas indocumentadas, crean no sólo una estructura salarial doblemente discriminatoria de la mujer indocumentada, sino que promueve un clima de relativa impunidad de actos de violencia doméstica e infantil por hombre abusivos. Esto se agrava en situaciones donde el varón es ciudadano, o tiene algún tipo de estatus legal, y la mujer no. El resultado es una terrible explotación de la mujer indocumentada en el lugar del trabajo y en el hogar. Ausente un vínculo matrimonial con un ciudadano, la mujer inmigrante está, gracias a la ceguera de las leyes estadounidenses, a merced de los depredadores sexuales.
El Gobierno estadounidense y la prensa comercial de ese país, por supuesto, insisten en enfocar el tema de los indocumentados exclusivamente desde la perspectiva laboral, y a veces ni eso hacen. No hablan de derechos humanos. Esto les permite, por ejemplo, a cadenas televisivas como Univisión y Telemundo dar la apariencia de un interés genuino en las condiciones de vida y derechos humanos de los inmigrantes indocumentados.
La realidad es otra. Al no enfocar el tema desde una perspectiva global, justifican que el Gobierno de Estados Unidos continúe tratando a millones de hermanos y hermanas latinoamericanas como bestias de carga, cuyo valor “si es que se le reconoce alguno“ es estrictamente en función de los intereses financieros del capital. A un nivel más fundamental, el problema es también de cultura jurídica. El reconocimiento expreso de derechos humanos universales no forma parte del orden jurídico y constitucional estadounidense.
Desde el punto de vista de la Corte Suprema de Estados Unidos, la afirmación de un derecho humanitario cualquiera es un acto legislativo de corte discrecional. Nada obliga, ni en la tan cacareada Constitución Federal ni en la filosofía del derecho liberal estadounidense, a conceder valor alguno, por ejemplo, a la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Entonces, la posibilidad de articular un movimiento de afirmación de las libertades de millones y millones de personas indocumentadas en Estados Unidos está estrechamente vinculada al surgimiento de una reacción política que cuestione todo el andamiaje legal y jurídico del país. La constitución de Estados Unidos no deja margen alguno para reformas sustanciales a favor de las masas oprimidas, y en particular de los trabajadores y trabajadoras indocumentadas.
*Rafael RodrÃguez Cruz es abogado en Estados Unidos y miembro de la junta directiva de la Fundación Rosenberg para Niños. Artículo publicado en A Plena Voz, Revista Cultural de Venezuela.