El “Caso del Siglo” lleva al Estado francés ante los tribunales por inacción climática
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- Categoría: Europa
- Publicado: Jueves 21 de Enero de 2021
El Tribunal Administrativo de París celebra el juicio en el que cuatro ONG llevan a las autoridades ante la justicia por incumplir sus promesas de reducción de emisiones de CO₂. La sentencia, prevista para finales de mes, apunta a una condena más simbólica que real.
(Enric Bonet – El Salto) Francia - Una victoria más simbólica que real para las asociaciones ecologistas francesas. El Tribunal Administrativo de París inició este jueves el proceso del conocido como “Caso del Siglo”, en que el Estado francés es juzgado por inacción climática. Dos años después de que cuatro ONG (Greenpeace, Oxfam, la Fundación Nicolas Hulot y Notre affaire à tous) reunieran más de dos millones de firmas —un apoyo digital sin precedentes en Francia—, empezó uno de los primeros grandes juicios climáticos en el país vecino.
Las asociaciones impulsoras salieron de la audiencia del jueves “muy satisfechas y contentas”. La ministra pública —figura equivalente del fiscal— Amélie Fort-Besnard pidió al tribunal que condene al Estado por “insuficiencia culpable”, una petición que sigue la orientación de las asociaciones ecologistas que iniciaron este singular proceso para denunciar el incumplimiento de las promesas de las autoridades respecto a la reducción de las emisiones de CO₂. “Constatamos que la trayectoria no es respetada y esto provoca unas emisiones excesivas”, dijo durante el juicio la ministra pública.
Francia se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 40% antes de 2030 respecto a los niveles de 1990. Su objetivo es alcanzar en 2050 la neutralidad carbono, es decir, unos niveles de emisiones de CO₂ que la naturaleza pueda absorber. Pero si sigue la trayectoria actual, difícilmente lo logrará. El Consejo Superior para el Clima ya advirtió en julio que las medidas del actual Gobierno “no están a la altura de la situación ni de los objetivos”. Las emisiones disminuyeron un 0,9% entre 2018 y 2019, mientras que el ritmo anual debería ser del 1,5% y del 3,2% a partir de 2025 para respetar la trayectoria prometida.
Ante la acusación de incumplir sus obligaciones climáticas, lo que puede conllevar unas consecuencias nefastas, las representantes legales del Ministerio de la Transición Ecológica defendieron que “condenar ahora al Estado” no supondría “un juicio, sino un prejuicio” sobre el futuro. También reivindicaron los avances producidos por una ley climática de 2019, que según ellos, favoreció una reducción del 1,7% de las emisiones en 2019 y de entre el 10% y el 12% en 2020. Pero en el caso del año pasado se debió sobre todo a la pandemia y las restricciones.
Está previsto que el tribunal pronuncie su sentencia dentro de dos semanas. Si sigue las recomendaciones de la ministra pública —así sucede a menudo—, supondría dotar de un valor jurídico a una crítica habitual de las asociaciones y colectivos ecologistas: los dirigentes hacen bellas promesas verdes, pero las incumplen de manera sistemática.
¿Una condena solo simbólica?
“El hecho de que la ministra pública diga que 'La culpabilidad del Estado ha quedado demostrada' es muy importante. Esto nos muestra que estamos ampliando el derecho (…) y esto cambiará la vida de la gente”, aseguró Celia Gauthier, responsable de clima y energía en la Fundación Nicolas Hulot, durante una rueda de prensa digital posterior a la audiencia. “Cuando impulsamos el 'Caso del Siglo' hace dos años, todo el mundo nos decía que no era en los tribunales donde resolveríamos esta cuestión, que no serviría para nada y que este proceso estaba condenado al fracaso. Pero hoy vemos que en realidad se trata de todo lo contrario”, presumió la exministra Cécile Duflot, actual presidenta de Oxfam en Francia.
Probablemente, el ejecutivo macronista justificará su posición a través de una legislación climática que presentará el 12 de febrero en el Consejo de Ministros. Con este proyecto de ley, pretende satisfacer las demandas de la Convención Ciudadana por el Clima. Impulsada por iniciativa del presidente Emmanuel Macron, esta reunió a 150 ciudadanos elegidos al azar que elaboraron una ambiciosa batería de 149 medidas, como un vasto plan de renovación térmica de edificios, regulación de la publicidad de los productos más contaminantes o una prohibición de venta de los vehículos más contaminantes en 2025. Salvo cambios de última hora, la ley del ejecutivo ignora o desvirtúa la mayoría de las peticiones.
