Red Eco Alternativo ***

Las movilizaciones laborales calientan diciembre

Los sindicatos se lanzan a las calles para intentar influir en las negociaciones en curso sobre el futuro de las pensiones y de la reforma laboral.

(El Salto) España - Diciembre empieza cargado de movilizaciones. En este primer día de mes, una plataforma de sindicatos alternativos —ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru, CGT, CNT y Etxalde— se manifestaron en las cuatro capitales de Euskal Herria para intentar influir en las negociaciones de la reforma laboral y de las pensiones.

Según estos sindicatos, los fondos europeos “se han convertido en una espada de Damocles”, otorgados a cambio de “medidas de ajuste social y políticas presupuestarias de austeridad”. La reforma laboral y de las pensiones, que deben concretarse antes de final de año, dicen en el manifiesto de la convocatoria, “pretenden tomar decisiones que van a determinar nuestras condiciones de vida y de trabajo futuras”. Estas reformas, indican estos sindicatos, “son condiciones sin las que los nuevos hombres de negro no van a dar luz verde al segundo tramo de transferencias de los Fondos al Estado español”.

Una treintena de colectivos y asociaciones sociales, estudiantiles, ecologistas, antimilitaristas se han unido a una convocatoria que pide “medidas políticas que pongan en el centro las vidas de todas las personas”.

El recorte a las jubilaciones anticipadas y la falta de garantías para las pensiones públicas tras el anuncio del mecanismo que sustituye al Factor de Sostenibilidad son algunos de los aspectos más criticados por estos sindicatos. Además, denuncian que la reforma de las pensiones no garantiza unas prestaciones mínimas “dignas” ni adoptan medidas para acabar con la brecha de género que hace que las mujeres cobren tras su jubilación un 30% menos que los hombres.

El movimiento pensionista vasco se ha sumado a la manifestación del 1 de diciembre y ha reforzado sus concentraciones semanales de los lunes elevando el tono contra la reforma de las pensiones. Según denuncian, el mecanismo que reemplaza al Factor de Sostenibilidad “tiene la virtud de incrementar los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero no garantiza la financiación suficiente del sistema de pensiones” en las siguientes décadas. Por ello, critican, “tampoco hay garantías de que no habrá nuevos recortes y nuevos incrementos de las cotizaciones”.

La movilización también pretende influir en las negociaciones en marcha de la reforma laboral, atascadas por la negativa de la patronal y de un sector del PSOE de aceptar una limitación en la libertad de los empresarios para subcontratar personal o devaluar de forma unilateral las condiciones laborales y salariales.

La subida de las pensiones en un 2,5%, la media del IPC anual de 2021, es otro de los motivos de protesta para el movimiento pensionista. Según denuncian, el aumento de las pensiones en función del IPC está calculado de “una forma arbitraria” y no recoge el aumento real de los precios, que ya en noviembre era del 5,6% según el INE. Esta diferencia supone una pérdida para los pensionistas de entre 200 euros anuales para una pensión de 700 euros y de 714 euros anuales para una pensión de 1.700, según los cálculos de Marea Pensionista. El hecho de que la revalorización de las pensiones esté calculado por la media anual del IPC y no por el IPC anual acumulado supone una pérdida de poder adquisitivo del 3% para un sector especialmente vulnerable.

Los grandes en Barcelona

Los sindicatos, en este caso CC OO y UGT, también lideran una movilización para el próximo 12 de diciembre en Barcelona para prevenir futuros recortes sociales y exigir una actualización salarial ante el aumento de la inflación, más inversión en sanidad y educación o la derogación de la Ley Mordaza. A la convocatoria se han unido plataformas de defensa de los servicios públicos, como Marea Blanca, o asociaciones vecinales, como la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).

“Es el momento de cambiar las políticas económicas”, señalan en el manifiesto de la convocatoria. Especialmente cuando el IPC ha superado el 5,6% y el incremento salarial apenas ha llegado al 1,8%, señalan, y cuando el riesgo de pobreza y exclusión afecta ya al 26,3% de la población catalana. En este territorio, denuncian, 466.000 personas padecen de privación material.

Entre sus demandas, esta plataforma exige la derogación de las reformas laborales, la defensa de los servicios públicos, de la educación y de la sanidad —en especial de la atención primaria— un salario mínimo de 1.000 euros en enero 2022 o la regulación real del precio de la vivienda y del precio de la electricidad, entre otros.

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