Condena a dos líderes comunitarios
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- Categoría: Mundo
- Publicado: Martes 25 de Diciembre de 2007
(Rebanadas de Realidad) Guatemala - El martes 11 de diciembre, después de un mes de juicio en el Tribunal de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fueron condenados Fernando Basilio Pérez Bámaca y Francisco Salomón Bámaca Mejía, líderes de las comunidades de Agel y Salitre del municipio de San Miguel Ixtahuacán, a dos años de prisión por el delito de lesiones. Los otros cinco acusados en este caso, también líderes de las comunidades quedaron absueltos por falta de pruebas.
La Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos expresa en un comunicado que “el bloqueo de las rutas de acceso a la mina Marlin se provocó entre el 11 y 22 de enero del presente año a raíz de la falta de una respuesta positiva de la empresa Montana Exploradora de Guatemala a un pliego de peticiones que los habitantes de aldeas cercanas a la mina habían presentado”.
Los habitantes de las comunidades reclamaban “la renegociación de los precios de la venta de sus terrenos; la recompensación económica por las grietas en las casas en aldeas cercanas a la mina, provocadas por la actividad minera” y “la creación de una entidad científica e independiente encargada de monitorear las aguas superficiales alrededor de la mina Marlin”.
Molesta por las consecuencias económicas provocadas por este bloqueo, Montana decidió acusar a siete líderes de las diferentes comunidades implicadas por los delitos de lesiones leves, coacción, amenaza e instigación a delinquir. En seguida el Ministerio Público se comprometió a buscar y presentar las pruebas correspondientes para poder iniciar un juicio penal en contra de estos siete líderes.
“Nos preocupa profundamente – continúa el documento de la COPAE - que esta entidad estatal haya visto comprometido su independencia, dejándose convertir en un centro de investigación para esta empresa transnacional, utilizado sus instalaciones, sus medios de transporte y atendiendo únicamente los testigos presentados por Montana Exploradora. ¿Cuántas violaciones de sus derechos ha tenido que sufrir la población de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa desde la llegada de la empresa minera a sus territorios?”. Asimismo, manifiestan su indignación porque el Ministerio Público no actuó con la misma “rapidez y persistencia cuando las personas en áreas cercanas a la mina se vieron forzadas a vender sus terrenos, cuando empezaron a aparecer las grietas en las casas de aldeas aledañas a la mina, cuando aparecieron contaminados los ríos por diferentes metales pesados y cuando una empresa transnacional se instaló en territorio de Sipacapa, municipio que prohibió la actividad minera metálica dentro de sus limites”.
Además, consideran esta condena penal contra los líderes comunitarios “como un ejemplo nefasto para todas las poblaciones en Guatemala que desean defender de forma pacífica su territorio ante la llegada de grandes empresas mineras, cuyos únicos intereses son los millonarios beneficios. La condena prácticamente niega las poblaciones el derecho de exigir un desarrollo incluyente, sostenible y de acuerdo con su cultura, además de atentar contra la figura del líder comunitario”.
