Red Eco Alternativo ***

Con el Acuerdo Transpacífico perdemos todos

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés),  negociado de forma ultrasecreta, blindará a los grandes inversionistas extranjeros y a los monopolios de la salud en Perú. Hace pocas semanas, en el inicio de las reuniones anuales de las juntas de gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cuya sede fue Lima, conocimos la noticia de que se habían cerrado las negociaciones del TPP. Así, se dieron por finalizadas las largas y al parecer interminables negociaciones del acuerdo que se negoció durante varios años entre EEUU y once países (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam).

(Ana Romero Cano - Nueva Sociedad) Perú - El TPP es un nuevo tratado de libre comercio (TLC) que busca establecer un nuevo estándar internacional, mucho más exigente con las reglas de comercio que lo que ya se tiene, y que le permita a EEUU enfrentar -y sobre todo frenar- a China. Esta lógica, al parecer, calza perfectamente con la política peruana de protección y promoción de las inversiones.
Este acuerdo, como otros ya negociados, va nuevamente más allá de los asuntos meramente comerciales; es decir, es un tratado que pretende abarcarlo todo en diferentes campos desde una perspectiva liberalizadora: agricultura, servicios e inversiones, compras públicas, políticas de competencia, reglas para la transparencia, mecanismos de solución de controversias, estándares ambientales y laborales, propiedad intelectual, entre otros temas.
Ya desde 2012 teníamos noticias sobre las pretensiones de EEUU de incluir medidas en beneficio de los grandes inversores, como mecanismos de protección para las inversiones en medicamentos biológicos no vigentes en el Perú, que fortalecerían los monopolios de la gran industria de medicamentos, así como también en la transmisión de información a través de Internet, o protecciones aún mayores en el ya existente mecanismo inversionista-Estado. Es decir, en el TPP desde un inicio se ha presionado por incluir medidas que ya fueron rechazadas en otras negociaciones para otros tratados en el Perú. Lo mismo ha pasado en otros países durante la negociación.
“Superderechos” de los inversionistas vs capacidad reguladora del Estado
La política de apertura comercial no es nueva. En el Perú viene facilitándose la normativa en aras de la atracción de inversiones desde la década de 1990, y los TLC son el resultado perfecto de un blindaje de la inversión extranjera. En esta lógica calza perfectamente el TPP.
El capítulo de inversiones es clave para el Perú. El hecho de que en este acuerdo se haya contemplado un capítulo de protección de las inversiones y la incorporación de un mecanismo de arbitraje es preocupante. Este tipo de mecanismos permite a los inversionistas demandar a los Estados ante tribunales internacionales sin pasar por la justicia nacional; aunque a decir verdad esto no es nuevo. Este tipo de «súperderechos» surgen con los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los TLC, que establecen que la inversión extranjera puede recurrir a tribunales internacionales, tales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés).
Además, este mecanismo bloquea la capacidad reguladora de los Estados en función de los propios intereses de los países en diversos temas como salud o ambiente, que son claves para el caso peruano. Perú ya tiene millonarias demandas amparadas en acuerdos comerciales y otras latentes y, aunque el ministerio responda que la mayoría de arbitrajes los ha ganado el país, ¿no sería más serio evaluar este mecanismo a la luz de la experiencia de los TBI y TLC? ¿Acaso debemos seguir reforzando y, peor aún, ampliando este modelo de atracción de inversiones? ¿No somos testigos de los problemas que viene generando este mecanismo a los Estados? Quizás aún haya tiempo para corregirlo pero todo va en contra del optimismo, sobre todo cuando también se pretenden ajustar las normas nacionales en beneficio de las grandes inversiones.

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