Perú: Repsol elude su responsabilidad a un año del mayor derrame de crudo de la historia del país

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Detalles: Categoría: Perú; Publicado: Sábado 28 de Enero de 2023

El primer aniversario del mayor desastre ecológico registrado en el mar del Perú llegó con buenas noticias para Repsol: el Tribunal de Fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) falló el pasado 15 de enero en favor de la apelación de Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasaa), subsidiaria de la transnacional española, para reconsiderar la multa de cinco millones de soles (casi un 1,2 millones de euros) impuesta por dicha autoridad en sanción de las omisiones cometidas por la empresa a la hora de identificar las zonas contaminadas por el vertido de 11.900 barriles de crudo acontecido el 15 de enero de 2022 en el mar del distrito de Ventanilla, perteneciente a la provincia constitucional del Callao (aledaño al departamento de Lima Metropolitana).

Según datos del informe elaborado por un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la mancha oleosa se extendió rápidamente por 80 kilómetros de costa y más de 1.400 hectáreas de superficie terrestre y marina, por lo que pudo alcanzar de otros cuatro distritos: Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay. El volumen de petróleo derramado triplicó el umbral marcado por la Tanker Owners Pollution Federation Limited para identificar las fugas de mayor envergadura y provocó graves daños sobre el ecosistema marino. Tal y como muestran los estudios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), la contaminación impactó sobre miles de animales, entre los que se encuentran varios ejemplares de especies protegidas como el pingüino de Humboldt y la nutria marina.

La Defensoría del Pueblo determinó que el desastre también ocasionó la ruina de más de 15.000 personas en una región donde la población vive fundamentalmente de la pesca y el turismo estival. El derrame generó una crisis humanitaria que ha expulsado a buena parte de los afectados del mercado laboral, sobre todo en zonas especialmente deprimidas como el barrio de Pachacútec, y amenaza con producir mayores bolsas de pobreza.

Repsol, por su parte, ha sabido aprovechar la desesperación general a través de una estrategia basada en la fragmentación de las asociaciones de víctimas y en la firma de arreglos puntuales cuyas compensaciones distan mucho de cubrir las pérdidas causadas. Según Alejandro Chirinos, responsable de Gobernanza Marino-Costera de Cooperacción, la petrolera “ha concentrado todos sus esfuerzos en dividir a la gente y judicializar las demandas para dilatar los procesos y generar más incertidumbre entre las personas damnificadas”.

Es por eso que muchos pescadores, fileteadoras, jaladoras y comerciantes de diversos productos se preguntan si podrán obtener justicia tras perder su forma de vida y ante la perspectiva de que pasen muchos años antes de que los ecosistemas dañados se recuperen por completo.

¿Pagará Repsol por los daños causados?

La transnacional especializada en la transformación y distribución de hidrocarburos incurrió en varias infracciones a la hora de gestionar la contención y las labores de limpieza del vertido. Según los peritajes encargados por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste, que inició diligencias preliminares contra los responsables del desastre por el presunto delito de contaminación ambiental, la fuga se ocasionó por un exceso de presión como consecuencia de un movimiento brusco por parte del buque italiano Mare Doricum, encargado de transportar el crudo, y se abrió paso a través de dos puntos de ruptura en la tubería submarina (PLEM, por sus siglas en inglés) a la que estaban conectadas las mangueras del navío en la terminal de la refinería.

Las fotografías de la estructura evidenciaron la corrosión de los tubos de metal y futuras indagaciones hallaron defectos de fabricación en el sistema encargado de bombear la sustancia oleosa hasta las instalaciones de la Pampilla. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), por su parte, sancionó a Relapasaa con una multa de 460.000 soles (casi 110.000 euros) por obstaculizar las indagaciones de la entidad fiscalizadora al no retirar el PLEM según los plazos establecidos por la normativa.

Osinergmin también ha incoado otros cuatro procesos por diferentes causas, como incumplir con la implementación de las actividades contempladas en el Plan de Respuesta a Emergencias o remitir información inexacta en el Informe Preliminar de Emergencias sobre las características del incidente. En un sentido similar, OEFA ha resuelto sanciones por aportar información falsa en el reporte de emergencia sobre el volumen del derrame, la duración del mismo y el área contaminada, así como presentado otra demanda por no desplegar las acciones de primera respuesta recogidas en el Plan de Contingencia.

En un primer momento, la refinería notificó que se habían diseminado 7 galones de petróleo (0,16 barriles) para ajustar unos días más tarde la cifra a 6.000 barriles de petróleo. Dos semanas más tarde, el Ministerio de Ambiente anunció que el vertido había sido mucho mayor, de 11.900 barriles. “Se supone que las empresas como Repsol disponen de herramientas de alta tecnología para saber en todo momento lo que está pasando y activar un mecanismo de emergencia, como el sistema breakaway, que selle la fuga”, argumenta el director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros.

Chirinos, por otro lado, reprocha a la compañía la falta de un plan de contingencia que hubiera permitido “la activación inmediata de las barreras de protección y otras medidas para la contención temprana del derrame”. Estas consideraciones fueron confirmadas por el estudio elaborado por Naciones Unidas, donde señala que la petrolera no reaccionó oportunamente ante la magnitud de lo ocurrido: “No fueron conscientes de la gravedad del derrame hasta que el crudo llegó a las playas de Ventanilla al día siguiente de ocurrido el incidente y hubo una demora inicial en movilizar los recursos necesarios para contener y mitigar el derrame”.

La empresa ha desembolsado hasta la fecha cerca de 3 millones (unos 700.000 euros) de soles debido a sanciones dictadas con anterioridad por OEFA, sin embargo, es posible que Repsol pueda sortear buena parte de las restantes o dilatar su aplicación mediante el recurso de las mismas, como en el caso anteriormente mencionado, gracias a lo cual la compañía ha conseguido suspender el pago de 5 millones de soles (1,18 millones de euros).

Otros seis procesos sancionadores, que implicarían multas por valor de 70,6 millones de soles (16,9 millones de euros), han sido apelados o judicializados por la compañía: cuatro de OEFA que aluden a las omisiones cometidas por la empresa al no cumplir adecuadamente las medidas administrativas de contención, recuperación y limpieza del crudo, así como no remitir la información solicitada por la institución; y dos más de Osinergmin por no detallar a tiempo las valoraciones de compensación por los daños causados y no “implementar las medidas complementarias que garanticen la alerta oportuna ante una emergencia”.

La petrolera también podría enfrentar otras demandas de carácter civil como la interpuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual el pasado 13 de mayo y aceptada a trámite por el 27° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, en virtud de la cual exige una indemnización de 3.000 millones de dólares por los impactos directos sobre el medio ambiente y otros 1.500 por los más de 700.000 consumidores, usuarios y terceros que se han visto menoscabados por el derrame.

Además, un grupo de 10.000 ciudadanos del distrito de Ventanilla han presentado una denuncia colectiva en la que piden una indemnización de 5.134 millones de soles (unos 1.200 millones de euros) por daños y perjuicios. El desarrollo de ambas causas, de todas maneras, es incierto, tal y como afirma Riveros: “Estamos hablando del sistema legal peruano, el proceso puede extenderse por varios años”. El representante de Oceana Perú considera que el Ministerio de Ambiente “debió de tomar las riendas y presentar su propio caso de compensación por los daños ambientales causados”.