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Uruguay: miles de personas marcharon contra el proyecto de prisión domiciliaria para los genocidas

Este jueves, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos una multitudinaria marcha partió desde la plaza Libertad hasta el Palacio Legislativo en el Uruguay bajo la consigna “Contra la prisión domiciliaria de los genocidas: por verdad, memoria y justicia”.

Alba González Souza es la mamá de Rafael Lezama. Él tenía 23 años cuando lo desaparecieron el 1° de octubre de 1976 en Buenos Aires. Ella fue la encargada de dar voz a la proclama que expresó un “rotundo no” al proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto (CA) con el objetivo de otorgar prisión domiciliaria a procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. Con la iniciativa se beneficiarían más de 20 represores que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena por crímenes cometidos durante la dictadura.

“Los promotores ideológicos de la impunidad pretenden sentar las bases de una reinterpretación de nuestra historia; justificar los aberrantes crímenes cometidos institucionalmente por las fuerzas represivas y con ello consagrar la cultura de la impunidad, pisotear nuestra lucha, perpetuar el pasado, amenazar el presente e hipotecar nuestro futuro”, leyó Alba. Y explicó que “se vuelve a querer sojuzgar al Poder Judicial” y “se les dice a las decenas de indagados que aguardan condena que no importa lo que hayan hecho, podrán usufructuar la prisión domiciliaria”. “Es desde todo punto de vista inaceptable”, agregó. En la proclama también se denunció que “los retrocesos que han existido en la presente legislatura” han causado “desvíos” en las “conquistas de derechos” por pasar “por alto los espacios de diálogo colectivo”.

Más de 30 organizaciones sociales, incluidas Famidesa, el PIT-CNT y Crysol, formaron parte de la convocatoria. Florida, Salto, La Paloma, Ciudad de la Costa, Soriano se adhirieron a la movilización, y representantes de Melo se hicieron presentes en Montevideo.

Gastón Grisoni, presidente de la asociación de ex presos políticos Crysol, comentó a la diaria que este jueves tuvieron una reunión con Jan Jarab, representante regional de la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Grisoni planteó que expusieron “toda la problemática vinculada a los temas de la Justicia” y que el mandatario “tomó nota sobre las preocupaciones”. También intercambiaron opiniones sobre “los mecanismos más apropiados para avanzar” y “se comprometió a volver a realizar una visita después del referéndum” contra la ley de urgente consideración. El proyecto de CA –que se discutirá después de la votación– fue una de las temáticas abordadas.

El mensaje a futuro

A Luis González le decían Chiqui. Era estudiante de Medicina, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y del Partido Comunista A Luis González le decían Chiqui. Era estudiante de Medicina, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y del Partido Comunista Revolucionario. Lo detuvieron en diciembre de 1974 con su esposa, Elena Zaffaroni, que estaba embarazada. Ambos fueron llevados al Regimiento de Caballería 6, en el que en 2006 se construyó la Unidad 8 Domingo Arena, cárcel destinada a los represores que actuaron durante el terrorismo de Estado. Más tarde, Elena fue trasladada a la cárcel de Punta de Rieles. Allí, el teniente Roberto Echavarría le aseguró que de Luis “nunca iba a saber más nada”. La mamá de Luis, Amalia González, murió el 26 de marzo de este año sin saber el paradero de su hijo.

Sobre el proyecto de ley de CA, Zaffaroni, que es integrante de Famidesa, expresó: “Los golpistas, los fascistas, existen. Apoyaron el proceso y ahora tienen una representación parlamentaria. Creen en el golpe de Estado, lo valorizan, están diciendo todo el tiempo que fue bueno, necesario. Lo dicen enmascarando con ‘qué horribles los excesos’. No hubo ningún exceso, esa fue la política del terrorismo de Estado: el exterminio del enemigo. El enemigo somos todos, porque en estos regímenes existe una única voz y forma: la de ellos”.

Planteó que es una “apuesta mayor” aunque recordó que “gran parte” de los represores en la actualidad están en régimen de prisión domiciliaria. “A veces nos llegan a Familiares fotos de vecinos. Cuando Gilberto Vázquez vivía en Rivera, [Jorge] Arab en Piriápolis, andaban por la calle. No estaban en una situación terminal y se habían visto beneficiados con la prisión domiciliaria”, contó. Zaffaroni remarcó que la iniciativa de CA quiere “un perdón por adelantado, un vale todo por adelantado” y “no justificado caso a caso por una situación, como prevé la ley”.

Sin embargo, observó que “simbólicamente” significa “mucho más de lo que en concreto también puede pasar”, aunque aclaró que en ambos planos es “injusto”. “Es sólo para ellos. No es para todos los demás que están en las cárceles, no es de acuerdo al crimen que cometieron”, sumó.

Nebio Melo era vendedor de libros, periodista y técnico en Lechería. Estaba casado con Alicia Román y tenía un hijo. Al igual que Luis, militó en el Partido Comunista Revolucionario. Su primo es Nilo Patiño y su mamá era Luisa Cuesta. Ella falleció en noviembre de 2018 sin saber dónde estaba su hijo.

“Lo peor es el mensaje que se da a futuro. Es muy importante para ellos la reivindicación de esa gente [los represores]. No con nombre propio, sino aquellos que, como dicen ellos, ‘salvaron la patria’”, sentenció Patiño, integrante de Famidesa. Afirmó que más allá de la instancia en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en que participó la organización, no se tuvo contacto con el Partido Nacional y Colorado. “La fuerza no está en saber quién vota y quién no vota en el Parlamento. Por supuesto que es importante que no se vote el proyecto, y cuanto más adhesiones haya en contra mejor. Pero en realidad lo más importante es que la gente lo rechace, y esa es una apuesta que nosotros hacemos con esta movilización. Necesitamos que el tema se meta dentro de la gente”, agregó.

El integrante de Famidesa dijo que en democracia la participación popular es “muy importante y condiciona”; planteó que la “prueba más evidente” es que “hay una cantidad de proyectos que se están postergando para después del referéndum” contra la ley de urgente consideración.

Fuente; La Diaria

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