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Baltasar Garzón: “No le encuentro ninguna explicación a este fallo, no tiene sustento legal”

Luego de la polémica decisión de la Corte Suprema sobre el 2×1 en el caso Muiña, que beneficia a más de 750 represores en la reducción de sus condenas, el programa La Revancha entrevistó al ex juez Baltasar Garzón para analizar esta nueva medida en contra de los Derechos Humanos en Argentina. Por Programa La Revancha (FM La Tribu - Lunes a Viernes 19 a 20 hs.)

“Este argumento simple pero contundente sería suficiente para echar por tierra el argumento de la Corte: cómo se va a otorgar un beneficio a alguien que no podía ser condenado si quiera en ese momento cuando la ley estaba en vigor”, polemizó el jurista español anoche en el aire de la FM 88.7 de Buenos Aires.

- ¿Cómo se explica el fallo de la Corte Suprema teniendo en cuenta que el acusado Muiña fue encarcelado luego de que la ley conocida como 2x1 haya sido derogada?
- Es difícil explicarlo, no le encuentro ninguna explicación. Por más que me esfuerce para hacer alguna interpretación favorable a la decisión de la Corte, no le encuentro sustento legal. La ley a la que nos referimos fue temporal, fue aprobada cuando aun regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con lo cual era imposible investigar, perseguir y sancionar esos crímenes porque existía una clara impunidad. Por tanto, este argumento simple pero contundente sería suficiente para echar por tierra el fallo de la Corte. ¿Cómo se va a otorgar un beneficio a alguien que ni siquiera podía ser condenado en ese momento cuando la ley estaba en vigor? Además es posterior el momento de la prisión, por tanto ya estaba derogada esa norma, no puede resucitarce.
Es una interpretación claramente fraudulenta. No olvidemos que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Argentina tiene la categoría reconocida, y por tanto no puede juzgar ese tipo de crímenes exclusivamente atendiendo al ordenamiento jurídico interno, sino al derecho internacional de los derechos humanos, con respeto de los convenios internacionales que además forman parte del núcleo duro constitucional argentino. Por tanto no puede hacerce esa interpretación porque no es proporcional y es beneficiosa para el victimario. Se rompió toda regla de interpretación jurídica para  este tipo de crímenes en los que la interpretación tiene que ser sumamente restrictiva, amparar el derecho de las víctimas, procurar erradicar retroactividades y todo tipo de amnistías encubiertas que puedan hacer pensar que se favorece a un interes que no sea el del propio derecho.

- En el fallo se comparan delitos de lesa humanidad con delitos comunes, ¿usted considera que son comparables?
- No es comparable una situación con la otra. La ley 24.390 jamás se dictó para crímenes de lesa humanidad. En ese momento no se podían perseguir esos crímenes por las leyes de Obedicencia Debida y Punto Final. No podemos calificarlos en sí mismos como iguales. Los crímen de lesa humanidad tienen normas de interpretación muy específicas que se enraízan en los convenios internacionales de los que Argentina es parte y no puede renunciar a ellos en tanto y en cuanto  los tenga notificados como parte de su texto constitucional. Esa dice que hay que ser sumamente restrictivo en cuanto a amnistías, indultos, reglas de prescripción, o penas irrisorias. Por esta aplicación vamos hacia una pena que en ningún caso va a estar proporcionada a la gravedad de los hechos que se sancionan. Por tanto, esa interpretación de que se trata por igual a todos los casos y que no se excluyen ni a unos ni a otros, no es verdad, porque nunca estuvieron en la mente del legislador del 2x1 los crímenes de lesa humanidad. Aplicarlo ahora es subvertir el propio sentido de la ley. Estoy convencido que no hay ni un sólo caso de crímenes comunes al que le sea aplicable esta ley.

- En el último tiempo, la Corte Suprema resolvió que la Corte Interametricana de Derechos Humanos no puede revocar decisiones del máximo tribunal argentino. ¿Cómo cree usted que se puede revertir este fallo?
- Se está jugando un juego muy peligroso que no acabo de entender, o entiendo demasiado bien y me asusta. Argentina se ha caracterizado siempre por ser un país que ha cumplido con los estándares de derecho internacional en los últimos 12 años, cumpliendo las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y siendo un ejemplo a seguir. Ahora de golpe se vuelve a posiciones que ya estaban superadas y que han sucedido en otros países que confrontaron al tribunal cuestionando la esencia del sistema interamericano, el Pacto de San José y las doctrinas asumidas a nivel internacional y nacional. Creo que es muy peligroso porque parece obedecer a una reivindicación nacionalista acorde con el signo político actual del gobierno. Parece que se cuestiona el andamiaje consolidado en el área de los derechos humanos.

- La iglesia católica, en línea con declaraciones de algunos funcionarios del gobierno,  volvió a llamar a una reconciliación. ¿Usted considera que pudo haber habido una influencia de este contexto en la decisión de la jueza Elena Highton de Nolasco, que hace unos meses falló diferente en una sentencia parecida?
- Me choca poderosamente lo que ha ocurrido, sobretodo en su caso. En 2009 mantuvo una posición totalmente diferente a la que ahora sostuvo en esta sentencia. Cuando se trata de sentencias que afectan de esta forma tan enorme a toda la ciudadanía y se produce un cambio jurisprudencial, se tiene que explicar sin fisuras y con claridad para que la gente lo entienda. Aquí estamos incidiendo en una revictimización de las víctimas, estamos  echando por tierra una doctrina consolidada por la propia corte. De la noche a la mañana no se puede cambiar el criterio diciendo lo contrario. No es posible, hay que explicarlo, y en este caso no se ha hecho. No tiene consistencia este fallo. Ni siquiera tiene en cuenta a las normas que el propio Estatuto de Roma en el artículo 110 hace referencia para este tipo de casos a la hora de aplicación de las penas y del principio de proporcionalidad. Se ha interpretado de una forma contraria al derecho fundamental de las víctimas, a la verdad, a la Justicia y a la reparación. Por tanto, si se produce esto hay que explicarlo para que lo entienda hasta el más lerdo en derecho, porque la ciudadanía no puede quedar con una sensación de que aquí hay trampa. Eso es lo que debe explicar la Justicia.

 

 
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