Red Eco Alternativo ***

Sobre la quita de pensiones a las personas con discapacidad

Compartimos el informe realizado por la ex diputada nacional Graciela Iturraspe; Carlos Ferreres, Secretario de Discapacidad de la CTA-A y Celeste Romero de IDEP-Salud que difundío la agencia ACTA-CTA


"Es imposible pretender comprender esta salvaje ofensiva sobre las personas con discapacidad, si la desvinculamos con la Tercer Reforma del Estado que este gobierno ha puesto en marcha con al menos 2 objetivos claros: 1) Achicar el Estado. 2) Achicar lo que ellos llaman el déficit fiscal. Ven la realidad desde una perspectiva economicista en donde las personas con discapacidad son legajos o números que hay que reducir.

"Este gobierno ha decido concebirlos como seres que nada tienen para aportarle a la sociedad y al no considerarlos como sujetos de derechos, tampoco es necesario una campaña de información o de citación previa al cese de una pensión. Optan por el horrible camino de dar de baja a una pensión primero y conversar después, “Si pasa, Pasa”, “Si nos equivocamos lo restablecemos”… Medias que no son ingenuas. En el medio hay un penoso y largo camino de 10 meses a un año sin cobrar, trayendo documentación, juntando otra por nuevos requerimientos, viéndose anulados los misérrimos ingresos que representan el 70% de una jubilación mínima y lo que es más grave, los beneficios de salud que lo acompañan.

"Se calculan de 70 a 83 mil bajas en este gobierno, de los cuales dicen que habría unos 5 mil titulares muertos y 5600 que no cumplen con los requisitos, en el medio la carencia y el dolor y la carencia de las 60 mil familias restantes.

"Las causas por bajas esgrimidas son a) Por patrimonio, en general autos usados. Vehículos sin los cuales muchas personas con discapacidad no podrían trasladarse en lugares inaccesibles, parajes, pueblos o incluso en la capital de nuestro país donde no se garantiza el transporte accesible. b) Cónyuge con algún tipo de beneficio, eliminando la condición de persona con autonomía que puede decidir y administrar el dinero que percibe, legitimando aun más la dependencia. C) Ingresos propios por empleo, que muchas veces no llega a cubrir los altos gastos que las personas con discapacidad requieren en tratamientos, medicamentos, traslados, uso de prótesis/ ortesis. D) No acredita el 76% por ciento de discapacidad, con esto perjudica a muchas personas que aun no llegando a ese porcentaje no pueden estudiar, trabajar y se ven limitados en el ejercicio pleno de sus derechos ya que el Estado no les garantiza su plena inclusión.

"Solo el 30% se levanta en las revisiones y tardan hasta un año en restablecer el haber, dejando en una situación de precariedad económica y de salud al beneficiario. Desde el inicio de este gobierno se ha retrasado de 10 meses hasta 2 años el alta de nuevos beneficios se vuelve sobre el concepto del CUD (certificado único de discapacidad) con juntas evaluadoras que nada tienen e formación social.

"Se incumple además con el cupo de 4% de trabajo en el Estado, llegando solamente al 0,92. Recordemos que en la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, se había presentado prorroga para el cumplimiento de ese derecho. Tampoco se han iniciado los trámites ingresados en el año 2015.

"Las medidas que están llevando a cabo están basadas en el decreto de Necesidad y Urgencia (decreto numero 432) durante el gobierno de Menen que presume que la pensión por discapacidad es solo para aquellos que acrediten el %76 de invalidez y que estén en condición de extrema indigencia. Este decreto meramente descriptivo ignora que en el año 2014 en nuestro país se le dio carácter de Constitucionalidad a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual ningún decreto puede deslegitimar lo que dicen los tratados internacionales que forman parten de nuestra constitución. Esta norma así como el Código Civil las enmarca como sujetos de derechos y restituye derechos de ciudadanía, por su discapacidad deben tener garantías del Estado de manera permanente, más allá de su condición socio económica.

"Estas medidas no están desvinculadas de la reforma inminente de todo el Sistema de la Seguridad Social. También es vinculante de la reforma que se pretende establecer en Salud con la denominada CUS (Cobertura Universal de Salud) en donde se debe presentar “certificado de pobreza” para adquirir una cobertura de prestaciones básicas que avanza en nuestro país.

"Se anunció un Plan Nacional de discapacidad y en su lanzamiento, y como parte del plan, la vice presidenta mencionó que familias adineradas apadrinarán a niños/as con discapacidad pobre, lo cual los convierte en objeto de asistencia y no en sujetos de derechos, claramente contradictorio a las obligaciones contraídas por el Estado en materia de Derechos Humanos.

"Así mismo y frente a la falta de políticas públicas en salud mental que pongan el acento a la atención comunitaria, en la mayoría de los hospitales monovalentes los procesos de externación de personas con padecimiento mental se llevan a cabo artesanal y autogestivamente gracias a los mismos usuarios que con sus pensiones alquilan un lugar para vivir y así emparchar lo que las políticas públicas no garantizan.

"Hay un incumplimiento efectivo por parte del Gobierno del cupo del 4% para el trabajo r en el Estado para las personas con discapacidad. Alcanzando solo el 0,92 % y ninguna estrategia de inclusión laboral plena en empresas/ fabricas. Con lo cual se cae otra callada del gobierno en complicidad con los medios de comunicación hegemónicos que afirman por estos días que no se necesitan pensiones ya que las personas con discapacidad, pueden trabajar.

"La mal llamada, ley de reparación histórica esconde varias bombas a detonar al interior de la misma, constituye desde su aprobación, una comisión ignota que funciona en el Ministerio de Trabajo y tiene como fin estudiar de aquí al 2019 la sustentabilidad del sistema de seguridad social, reconocieron su existencia y blanquearon 3 nombres de sus integrantes que tendrán la tarea de ir transformando derechos constitucionales históricos, en derechos sociales débiles y atados a “posibilidades presupuestarias”

"La enorme reacción social y las luchas de los movimientos sociales han logrado que los defensores del pueblo de todo el país, hayan intervenido pidiendo la revisión de lo actuado. La diputada Troiano presentó un proyecto para derogar el restrictivo decreto 437 y planteó todas las incongruencias a la ministra Stanley.

"Los trabajadores son los primeros en denunciar lo que viene, porque nosotros estamos ahí, somos los primeros en animarnos a visibilizar lo que está pasando. Por eso una vez más salimos a la calle para frenar este ajustazo, este nuevo ataque al pueblo argentino".

 

 
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