Recomenzaron las clases y continúan varios conflictos

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Compartimos el Boletín de informaciones educativas realizado por Mario Hernandez, que da cuenta de los principales conflictos ocurridos de la primera quince de agosto en Jujuy, Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires.

Ademys convocó a paro y movilización por Facundo Molares
El viernes 11 de agosto, docentes de la Ciudad de Buenos Aires, convocados por el sindicato Ademys, concentraron en el centro porteño junto a otras organizaciones políticas, sindicales y sociales para denunciar la brutalidad del operativo de la Policía de la Ciudad que el día anterior asesinó a Facundo Molares, periodista y ex preso político que se encontraba participando de una manifestación junto a sus compañeros y compañeras en el Obelisco.

A través de un comunicado denunciaron: “A tres días de las PASO, Larreta da una muestra de mano dura contra aquellas organizaciones que día a día luchan por mejores condiciones de vida, provocando el asesinato de un militante social y periodista", y exigen a las dirigencias de la CGT y la CTA que se sumen a la medida ya que "es momento de actuar y organizarnos contra estas políticas anti democráticas que intenta imponer la derecha continuamente contra quienes día a día luchamos por nuestros derechos".

Docentes marcharon en Jujuy para denunciar descuentos salariales y el crimen de Molares
Las educadoras y educadores han percibido descuentos salariales por paro que, en algunos casos, llegaron a dejar el recibo de sueldo en cero. El jueves realizaron un festival y movilización para denunciar la situación.
El acto contó con la presencia de Mercedes “Mecha” Sosa, secretaria general de CEDEMS, el gremio que nuclea a la educación secundaria, mientras que Silvia Vélez, representante sindical de maestras y maestros de primaria en el gremio ADEP estuvo ausente.

De esta manera, la docencia jujeña volvió a expresar su descontento con la dirigente y con el gobierno provincial, a la par de renovar su rechazo a la Reforma constitucional, su solidaridad con los movimientos indígenas y sociales frente a los ataques del gobierno provincial y la indiferencia de la Nación.

Juicio contravencional contra integrante de Directiva del Cedems
Con decenas de causas penales y contravencionales, el Gobierno de Gerardo Morales busca perseguir a todo aquel que se opone a la reforma constitucional, votada en junio por el oficialismo con apoyo del PJ.

Desde el Cedems denunciaron la persecución contra Andrés García, prosecretario gremial de la Comisión Directiva. A García se lo quiere penar con una multa de alrededor de 2.500.000 pesos u ochenta días de trabajo comunitario. Mientras el salario inicial de un docente es de 200.000 pesos.

Según el expediente: "las personas conformaron esta reunión tumultuaria, desbordaron el cordón policial, irrumpiendo las filas de los efectivos, que se encontraban apostados en Gorriti y Av. Yrigoyen - Av. 19 de Abril y Canónigo Gorriti, agrediéndolos con palos, piedras, bombas molotov y diversos elementos contundentes, obligando a las filas policiales a retroceder hasta la calle Canónigo Gorriti, altura ingreso principal de la Legislatura. De esta forma los presentes avanzaron sobre el predio, provocando en la propiedad daños y destrozos, como así también realizaron saqueos y destrucción de vehículos, incendiándolos y realizando actos vandálicos, como así también irrumpieron en el interior de la Legislatura ocasionando daños y rupturas en sus elementos e instalaciones".

"Teniendo en cuenta las pruebas obrantes en autos (...) se constató la infracción a los art. 70, 90 y 112 de la Ley 5860/14 por parte del Sr. García Andrés Agustín quien en fecha del 20 de junio (...) se encontraba en la vía pública (...) ocasionando desórdenes y escándalo público durante una reunión tumultuaria, asimismo, no acató la intimación a disolver y retirarse en orden, provocando con su accionar la obstaculización del normal funcionamiento de los servicios públicos de seguridad, salud, comunicación y educación", se señala en la causa.

Ninguna de estas graves acusaciones puede probarse con las supuestas pruebas aportadas por el Juzgado Contravencional N°3. De hecho, en la foto y el video aportados se comprueba que García no realiza ninguno de los actos que se le quieren imputar.

Se trata de un caso más, de una contravención claramente armada para perseguir e intimidar a referentes de organizaciones que se oponen a la política de ajuste del Gobierno provincial, y en particular a una Reforma que sólo quita derechos al pueblo trabajador.

Al respecto, García señaló: "Es realmente un escándalo el proceder del Gobierno con el armado de estas causas en las que se busca penalizar el derecho legítimo a la protesta social y al ejercicio del derecho a huelga. Como hemos señalado en más de una oportunidad protestar no es delito. En mi caso participé de una movilización definida de manera democrática en asamblea, por el sindicato al que pertenezco en el marco de una medida de paro. Ninguna de las acciones que se me quieren imputar, las pueden comprobar porque sencillamente no sucedieron. las mismas pruebas presentadas por el Juzgado, lo único que prueban es mi inocencia. Se llega al absurdo de decir que se interrumpe el servicio de educación en un día feriado en el que no había clases. Se me quieren imputar daños al edificio de la Legislatura, que hasta el propio vicegobernador señaló en medios públicos que no fueron significativos. Queda a las claras que, en una movilización de miles, sólo se busca identificar a referentes de organizaciones, sin ningún tipo de pruebas, quedando a las claras el interés persecutorio de las contravenciones. No nos van a amedrentar y hay que responder de forma unitaria con una gran campaña nacional para que caigan todos los procesamientos penales y contravencionales. Si tocan a uno, tocan a todos".

Aceptaron oferta salarial en Santa Fe
En Amsafe la aceptación se impuso por algo más de 200 votos de ventaja sobre más de 30.000 afiliados que participaron de la asamblea.
El Ejecutivo había formulado la propuesta a través de los ministros de Trabajo y de Economía, Juan Manuel Pusineri y Walter Agosto, siempre con la premisa declamada de recuperar el salario respecto de la inflación acumulada en el primer semestre y lo proyectado para el total del año. Sin embargo, no fue así y los trabajadores lo expresaron en las asambleas gremiales.

Lo que finalmente se aceptó fue un aumento global del 51% para este semestre, pero no calculado sobre el sueldo de julio, y mucho menos acumulativo tramo sobre tramo. El aumento ofrecido es relativo al sueldo de febrero. El desagregado es 25% de incremento en agosto, 7% en setiembre, 7% en octubre, una revisión comparativa con la inflación, y luego 6% en noviembre y otro 6% en diciembre, con una segunda cláusula gatillo de ajuste.

El sindicato que nuclea a los docentes de enseñanza privada, Sadop, también comunicó que su respuesta era de acuerdo con la propuesta gubernamental, pero por un margen ajustado de solo 30 escuelas en toda la provincia.

"El nuevo gobierno provincial debe convocar a paritaria docente en diciembre. Esta votación ha sido muy cerrada y expresa la molestia generalizada que hay con el hecho de que los porcentajes del aumento sean al mes de febrero y no se calculen sobre el sueldo de julio. También la cuantía de los tramos, algunos de los cuales son bajos en porcentaje", expresó Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario. Para el gremialista, esta aceptación reñida "sintetiza el malestar docente y deja muy condicionado al gobierno venidero".

De todos modos, Lucero interpretó que la decisión mayoritaria priorizó "la necesidad y la incertidumbre económica. Y esto hizo que el monto en pesos a percibir y que impacta en los bolsillos en los primeros días de septiembre, sumado al aumento de las asignaciones familiares, incline la decisión. Además, la cláusula gatillo opera como una garantía, aunque no es una solución definitiva", valoró.

El titular de Sadop agregó que la docencia queda "atenta a la evolución salarial y a la espera del nuevo gobierno provincial, sea del partido que sea, a que convoque rápido a seguir debatiendo la paritaria en diciembre".

En cuanto a los docentes de enseñanza pública, el desenlace fue más ajustado aún. De 30.153 maestros que se expresaron en las 19 asambleas departamentales celebradas esta semana, 15.075 votaron por la aceptación y 14.861 por el rechazo (123 en blanco, 97 abstenciones). Solo 214 votos de diferencia.

"Ha sido una valoración de la oferta que reconoce un avance respecto del salario y las condiciones de trabajo, pero que también expresa una exigencia y forma parte de nuestra resolución también. Exigimos al gobierno la necesidad de poder avanzar en otros temas. El tema Iapos debe ser resuelto, el tema educativo. Es una aceptación, pero con exigencias para continuar debatiendo y garantizando más derechos para las trabajadoras y la escuela pública", dijo el titular de Amsafe, Rodrigo Alonso, al anunciar la posición del sindicato.

El grueso del voto negativo surgió de los departamentos Rosario y General López. La seccional Rosario contabilizó un rechazo del 74% a la propuesta salarial.

"Está de manifiesto el malestar que sentimos los docentes y está fundado por la sobrecarga laboral, porque es necesario mejorar la infraestructura escolar, la creación de cargos. Creemos también que el malestar tiene que ver con los descuentos injustos que el Ministerio aplicó y que no fueron consultados", indicó Alonso.

La oferta oficial aceptada también incluye incrementos desde agosto en asignaciones familiares, que quedarán: 6.100 pesos por nacimiento, 37.000 por adopción, 5.000 prenatal, 5.000 por hijo, y 20.000 por hijo con discapacidad.

Acatamiento total al paro en las escuelas tucumanas
El 4 de agosto las escuelas estuvieron vacías. El paro de la docencia tuvo un acatamiento total en todos los establecimientos de la provincia. "Un huracán de descontento en las escuelas", reconoció ante la prensa el Secretario General de ATEP, Hugo Brito.

La conducción del gremio cerró en febrero un acuerdo que dejó a más del 60% de los docentes por debajo de la línea de la pobreza. En ese momento ATEP, APEMyS y AMET firmaron con el gobierno una suba del 33,5% en cuotas y un bono de 20.000 pesos hasta julio. En ese momento las asambleas zonales de delegados pedían un aumento superior e impugnaron a la nueva conducción cuando ésta maniobró la voluntad de las bases con un Congreso controlado íntegramente por el oficialismo.

Entrando en el mes de agosto y con la paritaria vencida, luego de no adherir al paro previo convocado por APEMyS y AMET, la conducción de ATEP convocó a un cese de actividades sin movilización que concitó una adhesión total en las escuelas. El gremio reclama al gobierno una audiencia, luego de ser recibidos en dos oportunidades sin ninguna propuesta.

Recordemos que la asamblea zonal de los distritos más importantes se pronunció por un salario inicial de 300.000 pesos, contra la jornada extendida, por el boleto gratuito y para que no se cierre ningún acuerdo a espaldas de las asambleas de base. Sin embargo, el Congreso votó un salario básico de 125.000 y salario inicial de 260.000 pesos, desconociendo nuevamente el mandato de las asambleas de base y sin mencionar los otros puntos. Pretenden darles a las asambleas de delegados por escuelas un rol testimonial.

ADOSAC: Segunda Jornada Contra la Criminalización de la Protesta Social
El sábado 5 de agosto, se realizó la Segunda Jornada Contra la Criminalización de la Protesta Social en Río Gallegos, organizada por el gremio docente ADOSAC, para enfrentar el sistemático ataque que sufren por parte del gobierno provincial de Alicia Kirchner y el Poder Judicial de Santa Cruz e impulsar una fuerte campaña por la absolución de los docentes Juan Manuel Valentín, Claudio Wasquín, Diego Barrionuevo y la trabajadora estatal Gabriela Ance.

Un mes atrás la Cámara Oral en lo Criminal de Río Gallegos cambió la carátula de “violación de domicilio” a “intento de femicidio y homicidio”, contra cuatro referentes de la lucha de las y los trabajadores de la administración pública del año 2017, que reclamaban el pago del sueldo en tiempo y forma.

Los acusan falsamente de intentar asesinar a la gobernadora Alicia Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández. Es un grave antecedente que puede encarcelarlos de manera preventiva, hasta que se inicie el juicio que aún no tiene fecha.

La Segunda Jornada Contra la Criminalización de la Protesta Social fue también contra la banalización de figura de femicidio, a raíz del cambio de caratula que aplicó la Cámara Oral en lo Criminal.

Procesos muy similares también se han vivido en Tierra del Fuego, con los compañeros exonerados hace unos siete años atrás durante el gobierno de Rosana Bertone. En Chubut hace muy pocos meses, el gobierno de Mariano Arcioni, también condenaba al ex secretario general de ATECH, Santiago Goodman, y a la docente, Estela Juárez. La misma dirigencia de ATECH hoy tiene muchas causas penales por procesos tan similares a lo que sucede en Santa Cruz.
Particularmente en Santa Cruz, ADOSAC es quizás el único gremio que más persecuciones está sufriendo, por enfrentar el ajuste que aplica el gobierno provincial de Alicia Kirchner contra los trabajadores de la educación.

Cabe recordar que en 2011 y 2017, en Las Heras, el juez Eduardo Quelín procesó a más de 60 docentes, vecinos que reclamaban ante la falta de agua, a desocupados y algunos petroleros. Otro caso fue el procesamiento del docente Omar Latini y el enfermero Alberto Francés de Caleta Olivia en 2014, que luego quedaron absueltos.

Hay muchos casos más, como la medida cautelar contra el derecho de huelga que dictó el juez Marcelo Bersanelli, por pedido de la fiscal, María Verónica Zuvic, de la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes N°1, declarando a la educación como un “servicio esencial”.

El año pasado se impulsó y ejecutó una multa contra ADOSAC, por la lucha del 2017, cuando se quiso imponer una conciliación obligatoria, por pedir cobrar en tiempo y forma. Finalmente, el Estado incautó los fondos del sindicato.

El objetivo es nacionalizar la campaña durante los primeros días de septiembre abriendo a otras organizaciones de todo el país con la modalidad de la plataforma Zoom que les permitirá participar a muchos más sindicatos y otras organizaciones que se sumen a enfrentar la criminalización de la protesta social.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, La izquierda Diario, Página 12, Resumen Latinoamericano, Anred, Tiempo Argentino

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