El Operativo Aprender 2016 empobrece la educación

Twitter

El gobierno nacional ha anunciado la realización del Operativo Aprender el 18 y 19 de octubre consistente en una evaluación externa, estandarizada que sería llevada adelante por 180.000 "aplicadores" a más de un millón de alumnos de escuelas públicas y privadas. El operativo se presenta como parte de un esfuerzo por mejorar la "calidad" de la educación.  Por Laura Marrone (*)

Hace 25 años que se toman y superponen evaluaciones externas en Argentina. Algunas de ellas son: los ONE (Operativo Nacional de evaluación) que comenzaron con Menem en los 90, luego las PISA (Prueba Internacional de Aprendizaje de los estudiantes) que promueve la OCDE, y las TERSA, con los Kirchner, hasta llegar a las FESBA en Ciudad de Buenos Aires con el PRO. Todas ellas consisten en pruebas estandarizadas, externas, de competencias y conocimientos, dirigidas a diferentes franjas etarias, de carácter muestral, o sea selectivas, salvo las de Ciudad que se hicieron censales. Sin embargo, el diagnóstico de situación que estas evaluaciones dieron no contribuyó a mejorar la educación.

Lo nuevo de la evaluación nacional Aprender es su carácter censal, es decir para todos. Este oneroso salto en la inversión de recursos y tiempo tiene como verdaderos propósitos preparar el terreno para en el futuro próximo instalar un régimen de filtro a los estudiantes secundarios que pretendan seguir estudios superiores, como ya ocurre en Brasil y España, así como disciplinar a la docencia.

El pretendido disciplinamiento docente tiene dos dimensiones. Una es laboral: alcanzar la tan ansiada derrota del gremio docente mediante la anulación del Estatuto Docente para que se acepte la reducción salarial, la flexibilización laboral y que el régimen de ingreso y de permanencia deje de ser por concurso público y con estabilidad laboral para pasar a ser por contrato temporario de personas elegidas a dedo del poder político.

La otra es de contenido de lo que se enseña. La evaluación pasaría a dirigir la selección de contenidos al interior mismo de cada aula. Esto ya ocurrió en los EEUU que comenzó a aplicarlas en los 90 y ha provocado un lastimoso empobrecimiento del currículum ya que los docentes, en lugar de desarrollar la imaginación, el pensamiento, entrenan a responder pruebas estándares. Así mismo, los rankings de escuela redujeron los aportes del estado a las escuelas con bajos resultados y provocaron un corrimiento de matrícula aumentando la exclusión de las escuelas con dificultades en lugar de haberlas apoyado con mayores recursos para fortalecer el apoyo a esa población.
Cabe señalar que esta nueva generación, siglo XXI, de pruebas estandarizadas tiene un nuevo objetivo: "armonizar" la educación con los planes de los empresarios respecto de las relaciones laborales. El ministro Bullrich lo sostuvo con claridad escalofriante en un reciente Congreso de Educación y desarrollo económico en Julio pasado en la Ciudad de Buenos Aires en la Usina de las Artes, organizado por la asociación Educación 137: "Tenemos que enseñar para el disfrute de la incertidumbre". Se trata de que preparemos a nuestros alumnos para ser "emprendedores porque en un futuro próximo el 60% de las personas van a ser sus propios empleadores". Según se sostuvo en este congreso, las empresas no tomarían personas bajo relaciones salariales sino por "proyectos" a término. Una ofensiva cualitativa de los empresarios para provocar una derrota histórica de los derechos laborales conquistados en más de un siglo y que hoy ya afectan a una parte importante de los trabajadores que están precarizados como monotributistas, tercerizados o contratados. Bullrich y el PRO pretenden que nuestra escuela prepare para ese mundo diseñado para beneficio excluyente del capital.
La flamante Secretaria de Evaluación del. Ininterrumpida de Educación de la Nación, Eleva Duro, sostiene con claridad que las actuales pruebas estandarizadas serían avanzar, "paso a paso" hacia la instalación de la "cultura" de la evaluación. Sus planes son en etapas y hoy quieren avanzar a instalar la aceptación de que una empresa privada, contratada por el estado, puede tener la autoridad de decir qué se ha de enseñar.

Un último aspecto a señalar es el negocio que para las empresas evaluadoras significan estas pruebas. Estamos asistiendo al ingreso del capital al interior mismo de la escuela pública como negocio. De la mano del PRO se profundiza la privatización de tareas, ya no sólo de servicios como comedores o de limpieza sino administrativas y educativas: evaluaciones, asesoramientos, capacitaciones entre otras. En la actualidad las empresas que desembarcaron en la educación en el mundo son las de mayor rentabilidad que cotizan en bolsa en los mercados mundiales. Los clásicos subsidios a la educación privada son hoy solo una parte de la privatización en curso.

La docencia no es ajena a la preocupación por el deterioro de la educación en nuestro país. Pero difiere en el diagnóstico sobre sus causas. Mientras la evaluación censal apunta a culpabilizar a la docencia, nosotros consideramos que la causal más profunda, no excluyente, no reside al interior mismo de la relación pedagógica sino en las condiciones sociales de nuestro país y en la fragmentación del sistema entre lo público y lo privado que agrava los factores de exclusión social. El deterioro de nuestro sistema educativo acompañó el deterioro de las condiciones sociales. Argentina pasó de tener 3% de pobreza en 1968 a 32,2% en la actualidad, siendo más grave la cifra para la niñez hasta los 14 años: 47%. Otro factor que influye gravemente son las condiciones de vivienda: 3,5 millones de hogares con problemas de vivienda atenta contra la estabilidad emocional, de espacios de sociabilización de la niñez que operan contra su educación. A esto agreguemos el proceso de privatización y la descentralización del sistema por provincias que ha agudizado la desigualdad en la inversión por alumno. Esta desigualdad que asciende de 1 a 4 según los casos, ha profundizado la homogeneización de cada escuela por sectores sociales, perdiendo así la escuela su carácter de espacio público, es decir de todos, para ser un espacio más de exclusión. Esto atenta contra la más elemental socialización de las futuras generaciones del país. 29% de nuestra matrícula hoy asiste a escuelas privadas, con casos más graves como el de Capital federal que es de 51% o del cono urbano de la provincia de Buenos Aires que ascendió vertiginosamente en los últimos años a 40%. Esta privatización es sostenida por subsidios del estado con casos extremos como Córdoba que destina 30% de su presupuesto a la educación privada.

Docentes, familias y estudiantes tenemos la tarea inmensa de impedirlo, del mismo modo como ha comenzado a resistirse en los propios Estado Unidos y recientemente en México. Abramos el debate con reuniones por escuela y distrito con las familias y estudiantes de modo de que estas pruebas no se realicen porque sean las propias familias las que nos ayuden a que no pasen.

(*) Licenciada en Ciencias de la Educación. Legisladora electa de la Ciudad de Bs As. FIT- Izquierda Socialista. Contacto: 011 156 882 9255

• Aprender 2016

• Anterior
• Siguiente