El penoso camino para juzgar las responsabilidades políticas
A días del juicio por el fusilamiento de David Moreno (comienza el lunes 17 de abril), enmarcado en la debacle de diciembre de 2001, "algo común en los procesos llevados a cabo ha sido la intención de establecer la ajenidad del poder Ejecutivo y total impunidad de los responsables políticos". Por Mucho Palo Noticias
El 17 de abril comienza el juicio por el fusilamiento de David Moreno (13 años), una de las 39 víctimas de las fatídicas jornadas nacionales del 19 y 20 de diciembre de 2001 que sentenciaron la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa y el colapso del país
En Córdoba, la política represiva aplicada por el ministro del interior Ramón Mestre (fallecido) y el exgobernador José Manuel De la Sota determinaron que aquella tarde la policía de la Provincia embistiera contra los vecinos que se habían acercado a un supermercado en Villa 9 de Julio Argüello ante los anuncios de que allí se entregarían alimentos. En este caso no hubo intención de “dispersar” porque los perdigones que mataron a David eran de plomo y además fue herido por la espalda.
El autor material de los disparos fue el policía Hugo Ignacio Cánovas Badra, quien permaneció tres años en prisión preventiva por homicidio simple, lesiones graves y disparo de arma de fuego. Además están acusadas las policías Daniela Alejandra Adán y Laura Freyre por el cargo de falso testimonio en relación a la entrega de municiones.
Los 39 asesinatos, cientos de heridos y detenidos en solo 48 horas a lo largo de todo el país fueron el resultado de la represión policial contra civiles que se manifestaron en reclamo de las políticas neoliberales llevadas a cabo por el entonces presidente Fernando de la Rúa. Según el INDEC, en Córdoba el nivel de pobreza alcanzaba el 40% y la indigencia el 13% de la población.
Algo común en los procesos llevados a cabo ha sido la intención de establecer la ajenidad del poder Ejecutivo y total impunidad de los responsables políticos. Desde el Estado se han esgrimido teorías del “exceso”, o de “conducta indebida” y desconocimiento de las cadenas de mando por parte de las fuerzas policiales. La idea parece ser no condenar la represión que deriva en asesinato, sino más bien hacer foco en estos crímenes como meras negligencias o errores.
Condena a responsables políticos por la masacre del 2001 a nivel nacional
En diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al ex secretario de Seguridad de De la Rúa, Enrique Mathov, y al exjefe de la Policía Federal de entonces, Rubén Santos, pero absolvieron a varios de los policías que habían sido identificados por las querellas como ejecutores directos de los crímenes. Mathov fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión y Santos a 4 años.
Las muertes del 19 y el 20 de diciembre no fueron producto de la negligencia policial sino el resultado de una orden directa de reprimir. A pesar de las dilaciones judiciales, silencios mediáticos, y los intentos de despegarse como autores políticos, del poder ejecutivo, la respuesta de los sectores populares siempre ha sido seguir luchando.
Esta sentencia sería importante porque sentaría jurisprudencia y cuestionaría por qué en el caso David Moreno en los Tribunales de Córdoba no se imputó ni condenó al titular de la policía provincial, el comisario Jorge Rodríguez, o al jefe del operativo, Luis Omar Farías, a quien la abogada Elba Martínez había acusado por el ocultamiento de pruebas por haber ordenado levantar los cartuchos en el lugar del hecho. Farías, quien estaba a cargo del operativo en torno al supermercado Mini Sol y una de sus funciones era preservar el área para que luego se llevará a cabo la investigación finalmente fue sobreseído tras pagar una multa del irrisorio monto de 750 pesos.
La acusación concreta era por “violación de los medios de prueba culposo”, y ahora la familia de David apeló la resolución adoptada entonces por el juez de Control Roberto Cornejo. El delito se encuentra reprimido por ley únicamente con pena de multa, que puede ir desde los 750 pesos a los 12.500. Sin embargo, Farías fue sobreseído por el pago mínimo.
El caso de Maxi y Darío junto a David
En junio de 2002 la policía bonaerense fusiló a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán que reclamaban en el puente Pueyrredón de Avellaneda por más trabajo. El contexto no había cambiado mucho luego del colapso del 2001. La desocupación y los altos índices de pobreza no se habían disminuido. Para abril del 2002 la desocupación a nivel nacional era de un 23%, la pobreza de 49% y la indigencia de 17,8% y como correlato de ello la desnutrición infantil trepaba a más del 18%.
Se obtuvieron condenas a los autores materiales pero nunca se pudo llegar a las autoridades que dieron la orden de reprimir. Sin embargo en 2015, se reabrió la causa y resultaron acusados el ex presidente Eduardo Duhalde y varios de los integrantes de su gabinete, como Aníbal Fernández que era secretario general de la presidencia y Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente a dos años esa instancia judicial está detenida, poco se sabe de la suerte que corra en esta, la segunda vez que se intenta apuntar a quienes dieron las órdenes para aquella brutal represión desatada el 26 de junio de 2002, a pesar de que hay incluso escuchas telefónicas de algunos de los acusados, más un sinnúmero de declaraciones públicas desde los cargos políticos que en entonces ocupaban, donde dejaron en claro que lo que sucedido esa jornada se trató de un plan ordenado desde el estado.
Causa Mariano Ferreyra, en las calles se logró condena a parte de los responsables políticos
Otro caso que inevitablemente se referencia a la hora de hablar de muertes y responsabilidades políticas es el del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. Esta vez el estado no actuó directamente por medio de las fuerzas de seguridad, sino mediante la tercerización del crimen, utilizando para ello a las estructuras burocráticas sindicales, aunque la policía no está libre de responsabilidades, ya que fue la encargada de liberar la zona, entre otras acciones que la hacen partícipe del asesinato.
Mariano fue asesinado en un contexto de lucha organizada de los trabajadores, y en este caso hubo condenas, tanto a los autores materiales del hecho, como a los dirigentes gremiales e integrantes de la policía que fueron partícipes del hecho, ya sea como autores intelectuales, cómplices, o partícipes necesarios.
Si bien la querella había solicitado la pena de reclusión perpetua para los imputados, las penas variaron de 2 a 18 años de prisión, incluyendo la condena a 15 años al entonces Secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
Al momento del crimen, hubo una fuerte campaña por parte de la prensa oficialista para “despegar” del gobierno al cercano Pedraza y sus prácticas mafiosas, haciendo hincapié en la supuesta independencia del poder central con la que se movían estas estructuras sindicales, cuando en realidad los vínculos eran más que cercanos.
En contraste con el caso de Mariano Ferreyra, y salvando las diferencias, la familia de David Moreno sigue esperando que se realice el juicio por el hecho acontecido a fines de 2001.
El hecho de que transcurran más de 15 años para la realización del juicio dice mucho del rol del poder judicial a la hora de afrontar casos en los que las responsabilidades van ascendiendo desde los autores materiales hasta tocar los más altos escalones del poder del estado.
Las trabas y estrategias utilizadas por las defensas se complementan con la presión ejercida desde el poder que, en este caso, compartido por diferentes signos políticos al momento de los hechos (Unión por Córdoba en la provincia y la Alianza en la nación) confluyeron en la brutal represión que nos dejó el lamentable saldo de 39 muertos en todo el país.
Una práctica que, como lo demuestran los casos mencionados, nunca dejó de ejercerse desde el estado, ya sea en contextos de tensión generalizada, o en conflictos puntuales, ya sea de manera directa mediante el aparato represivo, o de manera tercerizada, y que mantiene a los responsables políticos en un estatus casi de intocables, cosa que se demuestra en el hecho de que hoy muchos de ellos están o ejerciendo cargos como funcionarios de distintos niveles, tanto a nivel provincial como nacional, o muertos debido al paso del tiempo y sin haber pagado por sus crímenes.