Algunas reflexiones para terminar con 25 años de impunidad

En los últimos días, el tema del atentado a la AMIA volvió a desencadenar una crisis política que rápidamente se cobró la cabeza del presidente de la AMIA, uno de los principales aliados de la política del gobierno nacional. Por APEMIA

Lejos de haberse superado, su renuncia deja abierto el debate sobre cómo abordar la lucha por el esclarecimiento del atentado. 

Una carta dirigida a sus colegas de la DAIA, intimándolos a renunciar a las políticas que ambos compartían hasta ahora de manera pública con el gobierno, desató esta crisis. No es un secreto que las direcciones de AMIA y DAIA estaban discutiendo cómo abandonar el protagonismo judicial, en particular contra CFK y Timerman en el futuro juicio por el Memorando con Irán, que ellos mismos habían presentado como si se tratara de un paso adelante en el camino del esclarecimiento del atentado.
Después de forzar todas las instancias judiciales y hasta lograr que Bonadío impusiera la acusación reaccionaria de “traición a la Patria” que ambos promovieron, se quieren bajar de esta imputación, que se habían propuesto debatir en dos meses.
AMIA y DAIA sostuvieron estas iniciativas político/jurídicas alimentando las políticas del Estado nacional para acusar al gobierno anterior por la firma del Memorando con Irán y presentarlo como responsable de la impunidad y el encubrimiento de 25 años.
De este debate formaron parte autoridades del gobierno nacional y del Estado de Israel, que hasta hace una semana compartían actos con los presidentes de DAIA y AMIA y discutían estas políticas.
La voluntad de AMIA de renunciar a la acusación sostenida de manera común por años y la de DAIA por postergar unos meses su debate trascendió la mera lucha interna y es reveladora de la crisis de la política del Estado para el esclarecimiento del atentado a la AMIA.

RENUNCIAN A ESCLARECER EL ATENTADO
Hasta hace pocos días las direcciones de AMIA y DAIA impulsaban una política de Estado en común y acompañaban la denuncia de Nisman.
El ex presidente de la AMIA, Agustín Zbar, sostuvo públicamente que se “… van abriendo otras vías que esperamos que lleven al eje central, que es esclarecer y castigar a los responsables del atentado” (las negritas son nuestras). Otras vías… que no estaban en manos del Juez Canicoba Corral, a cargo de la causa del atentado.
Zbar pensó que tocaba el cielo con las manos porque Bonadío, hace apenas un año, fue el primer juez que afirmó “que Irán es el principal responsable” de la masacre, mientras Canicoba Corral siempre dijo que no hay prueba suficiente para esa imputación. (Publicado por AMIA el 07/12/2017. Ver en : http://www.amia.org.ar/index.php/news/default/show/news/3648)
Entonces, con la excusa de esclarecer el atentado, la dirección de AMIA se propuso “otras vías”... Y por fin, después de 24 años, encontró a Bonadío para imputar a Irán en otra causa, aunque no tuviera nada que ver con la investigación del atentado a la AMIA.
Y ahora, apenas un año después, abandona esta política y lo hace como “la única manera de preservar la unidad y la paz” de la colectividad judía. Es brutal…
Después de 25 años, la dirección de la colectividad judía reconoce que renuncia al camino que ella misma eligió y alentó, aún sabiendo que nunca aparecieron pruebas para esa imputación mientras decía que ese camino era el único que llevaba a esclarecer el atentado.
Eligió seguir manipulando los hechos, ahora en nombre de la “unidad y paz” de su colectividad y despolitizar el crimen político más importante de las últimas décadas, lo que equivale a sostener conscientemente el encubrimiento y la impunidad.
No hay manera de disfrazarlo ni de ampararse en frases bíblicas… es lo opuesto al reclamo por Verdad y Justicia.
En cada paso que dan, siembran confusión en toda la sociedad para ocultar su propio papel encubridor, tanto a nivel nacional como internacional. Definitivamente, no les interesa el esclarecimiento del atentado y subordinan cualquier resultado a las necesidades políticas del Estado nacional y sus socios internacionales.
Es importante recordar que, de acuerdo a documentos obrantes en Cancillería, desde el mismo momento del atentado el Estado de Israel propuso consensuar una versión común sobre la responsabilidad del atentado. Y desde hace años sostienen a cal y canto ese consenso sobre la supuesta responsabilidad libanesa, siria y/o iraní para preservar y ocultar la responsabilidad que tuvo el Estado nacional en la comisión del atentado y su encubrimiento posterior, evitando así cualquier investigación seria y objetiva.
Al revés de lo sostenido por la AMIA y la DAIA, las únicas pruebas que surgieron en tanto tiempo, implicaban la responsabilidad del Estado nacional en, al menos, el encubrimiento del atentado. Y más recientemente, algunos testimonios brindados en el juicio oral en curso dieron cuenta de que el atentado fue una “operación controlada” por los Servicios de Inteligencia nacionales.
El sincericidio de uno de los principales socios del gobierno de Macri en relación a qué políticas asumir frente al atentado a la AMIA, no hace otra cosa que poner de relieve la crisis que se está incubando en la política del Estado argentino después de 25 años de impunidad. No se trata sólo de una crisis de las “internas” judías.
Es la crisis de las políticas de Estado la que se manifiesta en las direcciones de las organizaciones como AMIA y DAIA que vehiculizan estas orientaciones políticas.

 

¿EN QUÉ CONTEXTO SE DESENVUELVE ESTA CRISIS?
En primer lugar, para los próximos 30 días se espera una sentencia en el juicio oral por las irregularidades y el encubrimiento cometidos durante la instrucción judicial, que tiene por acusados a Menem, Galeano, los ex fiscales, Anzorreguy y otros directivos de la SIDE y la Policía Federal, etc., todos ex funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Este es el segundo juicio en el tema AMIA y se prolongó en exceso. Lleva más tiempo que el primero, aquél que terminó liberando a los principales acusados de ser la conexión local del atentado.
Lo que nos prometen de diferente en este juicio no debe alentar expectativas. Es un secreto a voces que todos se irán a su casa. Lo único que se puede esperar es una condena para Galeano, que será más del orden moral que de prisión efectiva. Ni hablemos de Anzorreguy… se hace “el loco” y, ya sobre el final del juicio, los jueces todavía no resolvieron su situación como acusado. Es que Anzorreguy pretende ser declarado insano y por tanto inimputable.
Y a los ex fiscales? Los van a condenar? Son conocidas las presiones del gobierno que echaron a la querella del Ministerio de Justicia para así garantizar la defensa de los ex fiscales, que acompañaron las irregularidades y el encubrimiento cometidos por Galeano.
Con la vista puesta en el futuro, un segundo aspecto de la crisis serán las consecuencias que tendrá la sentencia del juicio. Después de 20 años de comenzada la instrucción de la causa, si no hubiera condenas, ya sería motivo suficiente de escándalo. Pero si las hubiera, aunque mezquinas, los principales líderes políticos de entonces y del Poder Judicial serán formalmente culpables de los delitos que cometieron para que no se esclareciera el atentado. Y si el instructor de la causa AMIA es condenado, qué van a inventar para sostener la acusación contra los iraníes?
De una u otra manera, con la próxima sentencia estaremos al borde de un nuevo escándalo institucional que involucrará a los tres poderes del Estado en el encubrimiento.
Y todo ello sin siquiera comenzar a hablar de investigar y esclarecer el atentado y la responsabilidad criminal que le cupo al Estado argentino en su comisión y encubrimiento.
De modo contradictorio, mientras se espera la sentencia judicial, al borde del inicio de un nuevo juicio contra Telleldín y la promesa de trabajar nuevas líneas investigativas, están disolviendo la Unidad Fiscal AMIA, aquélla que debiera impulsar la investigación. Cambiaron a los fiscales que actuaron en los últimos años, nombrando en su lugar a fiscales subrogantes que atienden otras fiscalías y están asignados part-time a ésta.
La disolución se disimula vaciando a la Unidad y sin haber definido una política distinta a la instalada por Nisman, la AMIA y la DAIA.
El Procurador General de la Nación tiene sobre el tema una política inalterable: cambia de Fiscales, pero mantiene cerrado y obstaculiza el acceso de los querellantes a los archivos secretos del Estado, que hemos logrado poner a disposición de la Unidad Fiscal porque son prueba judicial, pero aún no tenemos el acceso a su contenido.
Siguiendo este camino de maniobras jurídico-políticas, con los archivos secretos cerrados y la negativa gubernamental y legislativa para constituir una Comisión Investigadora ¿alguien puede pensar que en el futuro habrá “Verdad y Justicia”?
Por último, en pocos meses más, se cumplirán 25 años del atentado… Y todavía no comenzó la investigación de qué pasó, cómo fue posible este crimen, hasta hoy considerado el crimen antisemita más importante desde de la Segunda Guerra Mundial y, por lejos, entre los crímenes políticos más graves que registra la historia argentina después de los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955.
Lo que está en crisis, entonces, es la política del Estado argentino, de gobierno en gobierno, a lo largo de 25 años.

CUÁL ES LA PERSPECTIVA
Pasaron 25 años y aún no se sabe nada… no sabemos qué encubren los encubridores… Ni hablemos de quiénes son los responsables….
Desde Menem para acá, cada gobierno hizo su aporte para que no se investigara nada y siempre lo hicieron en nombre de un supuesto compromiso institucional para “avanzar” en la investigación. La DAIA y la AMIA los acompañaron de maniobra en maniobra, de manipulación en manipulación. La Alianza usó la causa AMIA para mostrar la calidad institucional del Poder Judicial que esperaban alcanzara el cenit con el trabajo de Galeano y la SIDE. Terminó mostrando que era una estafa fabricada para hacer creer que se había esclarecido lo que llamaban “conexión local”.
El gobierno de Kirchner fue el primero en acusar formalmente a Irán de ser la conexión internacional, y usó la causa AMIA para sostener su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel contra el llamado Eje del Mal.
En su segundo mandato, a Cristina Kirchner le tocó cambiar de rumbo y usar la causa AMIA para alentar el acuerdo internacional de Obama y las grandes potencias con Irán. En el terreno local, apuró el juicio “por el verdadero encubrimiento” publicando solicitadas en medios locales e internacionales para hacer “un llamado a la sociedad argentina y a la comunidad internacional” a poner atención sobre el sistema de justicia penal y apoyar el Memorando negociado con Irán.
El gobierno de Macri, que dejó caer el Memorando bajo la presión de Netanyahu y sus socios de AMIA y DAIA, es parte del encubrimiento “histórico” del Estado sin siquiera tener alguna iniciativa para presentarse como interesado en su esclarecimiento. Su única intervención fue para tratar de salvar a los ex fiscales en el juicio del “encubrimiento”. El Parlamento, cuyos principales dirigentes apoyaron la creación de una Comisión Investigadora hace dos años, nunca concretó el debate sobre el tema dejando pasar el encubrimiento del Ejecutivo y del Judicial.
En este contexto, en vísperas del 25° aniversario de la masacre impune, las iniciativas políticas del Estado y sus socios están agotadas. El Estado que hace bandera de la defensa de los derechos humanos en el mundo es incapaz de comenzar una investigación de este atentado terrorista que involucra al Estado en democracia.
La institucionalidad misma queda cuestionada y está agotada después de haber sembrado una ilusión: la de esclarecer un crimen de Estado por la vía jurídica y, encima, ocultando las pruebas durante 25 años.

¿Qué es lo que el pueblo argentino no puede conocer?
En estas condiciones, ¿qué esperanza se puede alentar con futuros juicios que sólo pueden tener un carácter burocrático/administrativo y serán ajenos, por completo, al sentimiento popular y de las víctimas por Verdad y Justicia?
Persistir en el camino de AMIA, DAIA, el Estado argentino y sus socios internacionales, no nos puede llevar a buen destino. No se trata de hacer una interpretación moral del papel encubridor que eligieron AMIA, DAIA y los sucesivos gobiernos para defender sus propios intereses.
Esclarecer el atentado a la AMIA, un crimen de terrorismo de Estado, es una lucha política contra todos ellos.
Es necesario abrir un debate nacional sobre el esclarecimiento del atentado a la AMIA, una verdadera causa nacional y de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, que fue manipulada hasta el hartazgo, operaciones políticas y de prensa mediante.
Y ese debate debiera contemplar el reclamo por la apertura inmediata de los archivos secretos, el acceso irrestricto a los mismos por el conjunto de la población argentina y la conformación de una Comisión Investigadora integrada por personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional y los familiares de las víctimas en el marco del Congreso Nacional.

Es la oportunidad que nos plantea esta crisis.
El destino de la lucha por Verdad, Juicio y Castigo a los culpables se encuentra junto a las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y de trabajadorxs, y no en las interpretaciones bíblicas ni en las manipulaciones a las que nos tienen acostumbrados.
APEMIA
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