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Modelo extractivista: el despojo de territorios y la criminalización de la protesta en Centroamérica

Hace siete meses, en marzo de 2016, la noticia se regó como relámpago y el mundo se estremeció. Balas asesinas habían acabado con la vida de la dirigente indígena Lenca y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, recién galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2015. Junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del cual era coordinadora, la activista llevaba adelante una incansable lucha contra la implementación y profundización del modelo extractivista en Honduras, en particular contra la proliferación de proyectos hidroeléctricos y mineros, y la expansión de monocultivos de agroexportación.

(Giorgio Trucchi - Rebelión) Honduras - En una entrevista que realicé para una revista alemana unos siete meses antes de su asesinato, Cáceres advertía que, tanto en Honduras como en todo Centroamérica, los pueblos originarios se estaban enfrentando a un “proyecto hegemónico impulsado por el gran capital nacional y transnacional”, que tiene sus intereses puestos en el sector energético, en la minería y la agroindustria. “Los impulsores de esta estrategia han impuesto un modelo profundamente neoliberal basado en la invasión y la militarización de territorios, y en el saqueo y la privatización de recursos. Avanzan con la transnacionalización de nuestras tierras, en el marco de un proyecto más amplio de dominación regional”, advertía Cáceres.

Datos en la mano, la lideresa indígena hondureña mostraba como, tras el golpe de Estado de 2009, se habían aprobado unos 300 proyectos hidroeléctricos y no menos de 870 proyectos mineros, al tiempo que se despejaba el camino para la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o “ciudades modelo”, se entregaba a la British Gas Group miles de kilómetros cuadrados de plataforma continental para la exploración petrolera. También se impulsaron megaproyectos turísticos y se fomentó la expansión descontrolada de monocultivos a gran escala, en particular de caña de azúcar y palma africana. Hoy en día, organizaciones sociales y populares hondureñas aseguran que el 35% del territorio nacional ya está concesionado a empresas nacionales y transnacionales, y denuncian que en ningún momento se ha respetado el derecho de los pueblos al Consentimiento previo, libre e informado, como dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

“Honduras es un país totalmente militarizado y hundido por la corrupción institucionalizada. Lo que queda de sus instituciones sirve solamente a garantizar los intereses de los grupos oligárquicos nacionales y los grandes grupos transnacionales, es decir aquellos sectores que orquestaron el golpe en 2009”, señalaba Cáceres durante la entrevista. Estados cómplices que no solamente implementan y profundizan el modelo neoliberal poniendo a la venta bosques, ríos, valles y territorios, sino que se encargan de criminalizar, perseguir y hasta asesinar a quienes se oponen a ese proyecto explotador. La aprobación de leyes en casi todas las naciones centroamericanas que limitan el derecho de reunión y movilización y que endurecen las políticas de control social es prueba de ello.

“No me cabe la menor duda que se trata de una política de Estado que criminaliza y reprime aquellas personas que están comprometidas con esta lucha y con la vida. Los pueblos indígenas, negros, campesinos que vivimos en carne propia la represión, sabemos que hay toda una estructura organizada, planificada y financiada para perseguir, reprimir y asesinar a luchadores y luchadoras ambientales“, denunciaba Cáceres pocos meses antes de su asesinato.

La denuncia constante y la lucha determinada contra el modelo extractivista y contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por la empresa de capital nacional Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con fondos de bancos europeos y organismos multilaterales, le costó la vida a ella y a cuatro miembros más del Copinh. En julio pasado, la activista defensora de los bienes comunes de la naturaleza Lesbia Yaneth Urquía, cercana al Copinh, también fue brutalmente asesinada.

Una estela de sangre y muerte que se extiende por toda la región centroamericana.

Centroamérica en la mira

Un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señalaba que en Guatemala había 107 concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes. Si a esos datos sumamos los proyectos no metálicos, tales como la extracción de cuarzo, mármol, arenas y gravas, yeso, entre otros, el total llega a la cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y populares guatemaltecos alertaban que, en 2014, el área total concesionada a empresas mineras superaba los 32 mil km², es decir casi el 30% del territorio guatemalteco. A eso habría que agregar la enorme cantidad de territorio concesionado por otro tipo de megaproyectos y por la expansión de los monocultivos de agroexportación.

Similar es la situación de Nicaragua. En el informe “Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013”, la organización ambientalista Centro Humboldt revelaba que la superficie total concesionada era de casi 18 mil km², es decir el 13,5% del territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros. El posible desarrollo del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, de 278 kilómetros de longitud -105 de los cuales bajo las aguas del Lago Cocibolca-, un ancho de entre 230 y 520 metros y 30 metros de profundidad, es decir tres veces más grande que el canal de Panamá, y de otros proyectos hidroeléctricos y mineros, así como la expansión de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana en el occidente y el sur-oriente del país, han venido incrementando ese porcentaje.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218103

 

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