El 26 de enero personal policial de la Comisaría 3ra de San Nicolás reprimió y detuvo a más de 10 asambleístas que se movilizaban en contra de las obras en la “Reserva Ecológica del Parque Aguiar”. Dos de los manifestantes debieron ser hospitalizados.

Desde la Comunidad Nicoleña por el Ambiente explicaron que el Parque Aguiar es una reserva natural de 1300 hectáreas compuesta por humedales y bosque nativo que está siendo amenazada por obras ilegítimas que lleva adelante el Intendente Manuel Passaglia.

“Queremos recordar que se encuentra vigente el Tratado Internacional Escazú que en su artículo 9 establece: ‘Los Estados-Parte se comprometen a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Deberán tomar cada Estado medidas apropiadas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar aquellos ataques, amenazas e intimidaciones que puedan sufrir los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales’. Nos amparamos en dicho tratado y solicitamos se tomen las medidas correspondientes para su pleno funcionamiento”.

La represión y detención de los manifestantes fue repudiada por distintas organizaciones y organismos.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se solidarizaron con los habitantes de San Nicolás e integrantes de organizaciones ambientalistas que fueron víctimas de una represión seguida de detención cuando realizaban una sentada pacífica en protesta por las obras, sobre las que la organización expresó que no existe ningún tipo de estudio de impacto ambiental ni audiencia pública previa que permita que el municipio las lleve adelante en el Parque Aguiar, que es un Área Natural Protegida a nivel municipal en la Provincia de Buenos Aires.

“Los trabajos, que el ambientalismo denuncia esconden intereses puramente inmobiliarios, incluyen la extracción de árboles y el relleno de lagunas con escombros y materiales contaminantes, lo que atenta contra en el patrimonio natural del Parque que, en sus 1500 hectáreas, preserva relictos de Espinal y barrancas del Paraná y del Delta Medio. Aún cuando todas las personas injustificadamente detenidas fueron ya liberadas, FARN expresa su repudio ante este accionar policial que terminó con dos personas hospitalizadas, y solicita el inmediato cese de las obras hasta tanto se cumpla con los requerimientos de la legislación ambiental plenamente vigente”, agregaron.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria emitieron un comunicado en el que señalaron que “la represión a la protesta no es el camino de la democracia” y que reproducimos a continuación:
La Comisión Provincial por la Memoria expresa su rechazo y preocupación por la violenta represión policial a la protesta de ambientalistas ocurrida el 26 de enero en la ciudad de San Nicolás.

La protesta de activistas en defensa del ambiente de dicha ciudad, agrupados en la asociación CONA, se inició en el mes de noviembre del 2020, a partir del anuncio del inicio de obras de parte del Municipio de San Nicolás en el Parque Natural Rafael Aguiar, humedal de mucha importancia para la zona. La protesta tomó la forma de acampe en la reserva ecológica de la ciudad denunciando la inexistencia de estudios previos del impacto ambiental que las mismas ocasionarían, ya que se contempla la extracción de árboles y movimientos de tierras que atentan contra el patrimonio natural de Parque.

Frente a la falta de respuestas y al inminente inicio de la obra, un grupo de vecinos y vecinas de la ciudad realizaron una sentada en señal de protesta y resistencia. Esta vez, la respuesta fue una violenta represión de la policía bonaerense sin presentar ninguna orden judicial y con la presencia de funcionarios municipales. La acción policial tuvo como resultado la detención de los 11 activistas. Dos de ellos fueron derivados luego al Hospital por los graves golpes recibidos.

Los nueve restantes permanecieron detenidos en condiciones inhumanas e ilegales en la Comisaría 3ra de San Nicolás -reiteradamente clausurada por orden judicial-, durante varias horas y fueron liberados por los reclamos de las organizaciones y organismos de derechos humanos de la ciudad.

La acción violenta de la policía como forma de tramitar la protesta es inadmisible. No hay ningún bien o interés público a resguardar que justifique la violencia ilegal por parte del estado. Las lesiones ocasionadas a los manifestantes y su detención arbitraria no responden a ningún protocolo de actuación de fuerzas de seguridad reguladas por el estado de derecho.

Es imprescindible la investigación administrativa y penal de estos hechos, para determinar las responsabilidades de los funcionarios y agentes del Municipio de San Nicolás y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es por ello que la CPM ha realizado una denuncia penal y presentaciones administrativas a la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Bs. As. y al Municipio de San Nicolás.