La Casa del Trabajador y Abogados e integrantes de organizaciones ambientalistas, ambos de Mar del Plata, presentaron el pasado 6 y 7 de enero respectivamente, sendas acciones de amparo contra  la Resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que habilita la exploración sísimica – con vistas a la explotación petrolera – sobre la Costa bonaerense en el Mar Argentino. Ahora la justicia federal analiza su resolución 

Los amparos llegaron a la Cámara Federal de Mar del Plata luego que el juzgado de primera instancia ( Juzgado Federal N°1) había rechazdo un habeas corpus presentado integrantes de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, junto a abogados ambientalistas autoconvocados,que pedían suspender la resolución ministerial por “la amenaza actual e inminente que representan los bombardeos sonoros contra los mamíferos marinos, principalmente, los cetáceos”. 

En su amparo exigen “garantizar la modificación urgente de la condición planteada, en resguardo de la dignidad animal y la preservación de la especie ballena franca austral como sujeto de derecho”.

Además, solicitan que tanto la Universidad Nacional de Mar del Plata como la Universidad Nacional del Centro se expidan sobre el asunto para determinar, por ejemplo, si las áreas concesionadas para las exploraciones sísmicas se encuentran sobre el hábitat y/o rutas migratorias de la ballena franca austral; o si el plan de exploración sísmica aportado por Equinor en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, está asegurado que la especie no será afectada por la actividad. 

Participaron de la presentación de este recurso la Organización de Ambientalistas Organizados, Asamblea Luna Roja y Naturaleza de Derechos, entre otras agrupaciones

Por su lado, la Casa del Trabajador, exige en su presentación, “la suspensión  de  todas las actividades  de exploración sísmica y explotación petrolera y de todos los trabajos vinculados a esa actividad  frente a las costas del partido de  General Pueyrredón,  dispuesta por el Decreto 900/2021, y  aprobadas por  la Resolución 436/2021  de la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación.”

Pide en el escrito que “se decrete la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de los actos administrativos que autorizaron la actividad (normas ut supra indicadas) y mediante las cuales se aprobó el inicio de la actividad exploratoria por vulnerar el derecho al goce del derecho a un ambiente sano, impedir la participación pública y el acceso a la información ambiental (art. 41 CN, así como la Ley General del Ambiente N° 25.675), revocando los permisos que se ha  otorgado y se ordene someter la actividad a una Evaluación de Impacto Ambiental bajo los alcances de la L.G.A. y a consulta previa a las vecinos del Partido de General Pueyrredón”

Y que “Se disponga la urgente a participación ciudadana en la toma de decisiones a futuro, que garantice en los términos del Acuerdo de Escazú la participación amplia y efectiva desde las instancias iniciales de los procesos de toma de decisión dando especial participación a las asambleas y organizaciones que propenden a la defensa del medio ambiente, y Universidades públicas  ut supra mencionadas”.