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Modelo agroexportador, exclusión social y política anti campesino-indígena

Volver al Siglo XIX. El gobierno de Javier Milei facilita todo al agronegocio, pero la cosecha sigue guardada y se demoran los dólares que anhela el Ministerio de Economía para el pago de la deuda externa. Sin vuelta atrás con los 800 despidos del Instituto de Agricultura Familiar, el secretario Agricultura, Fernando Vilella, es cómplice del desguace del sector. Hasta el INTA corre riesgo en su funcionamiento. Por Nahuel Lag – Agencia Tierra Viva.

El gobierno de Javier Milei avanzó en sus primeros siete meses con despidos, ajuste presupuestario y cierre de programas que vaciaron las políticas destinadas al sector de los pequeños y medianos productores, la agricultura familiar, campesina e indígena. La Ley de Agricultura Familiar sigue vigente, no fue alcanzada por el DNU 70/2023, pero su aplicación quedaría reducida a una dirección nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Bioeconomía. Desde abril, con alrededor de 800 despidos, no hizo falta un Ministerio de Transformación del Estado para desmantelar al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Inafci). Los despidos incluyeron a técnicos con 25 años de antigüedad y delegados gremiales (un caso ya se logró revertir en el Poder Judicial). La intervención del Instituto a manos de Inés Liendo cumplió tres meses en los que solo avanzó en la estigmatización de la política pública y el vaciamiento de las oficinas de diversas provincias.

En paralelo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) —que concentra sus mayores labores en acompañar el modelo del agronegocio— no fue el blanco principal de los despidos masivos (25 mil trabajadores en la calle en siete meses, en buena medida por los contratos precarizados que sostuvieron todos los últimos gobiernos). En el marco de la Ley Bases, el organismo fue “protegido” de la “disolución”, pero fácilmente puede perder sus funciones básicas. Como toda la estructura estatal, solo cuenta con el financiamiento prorrogado del 2023, y en lo que va del año ya ejecutó el 72 por ciento del presupuesto otorgado. El Ministerio de Capital Humano decidió eliminar el histórico programa ProHuerta, que financiaba y llevaban a campo técnicos del Instituto, y en los pasillos de las distintas dependencias comienzan a escucharse presiones para que se evite hablar de temáticas como “agroecología” o “cambio climático”.

Mientras las políticas públicas para la agricultura familiar se desmantelan, la Secretaría de Bioeconomía, al mando de Fernando Vilella, avanza con desregulaciones para dejar libre a las fuerzas del mercado. La liberación de las cuotas de exportación de carne —que no impidió una caída de las ventas a China en mayo, mientras que en el país el consumo está entre los más bajos en 30 años— o la eliminación del fideicomiso de trigo —que buscaba mantener una cuota y un equilibrio en el precio interno del pan— son dos ejemplos. Las desregulaciones y baja de aranceles alcanzaron a los agrotóxicos: promoviendo mayor consumo y menos controles.

Sin embargo, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el acumulado de las exportaciones de 2024 suman 11.024 millones de dólares, lo mismo que se había liquidado para este periodo en 2023, año de la sequía más grande de la historia. Esperan una nueva devaluación.

El desmantelamiento de la única política pública para la agricultura familiar
El Inafci fue desmantelado en la primera oleada de despidos. El 19 de marzo, el vocero Manuel Adorni anunció que se había decidido avanzar con su “eliminación”. Con la aprobación de la Ley Bases, las facultades delegadas al presidente Milei y la creación de un ministerio al mando de Federico Sturzenegger para la “reforma del Estado” podría cumplirse la prometida disolución. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó junto a las organizaciones campesinas, nucleadas en la UTEP-Rama Agraria y la Mesa Agroalimentaria, dos veces al histórico edificio de Paseo Colón para rechazar la cesantía de los contratos de más de 800 técnicos, que asistían a 250 mil pequeños productores en todo el país.

Se logró el pago de los salarios de marzo y retener los puestos de quienes estaban en planta permanente o quienes presentaban problemas de salud. Los despidos alcanzaron a delegados gremiales, violando los fueros sindicales. Esta semana, el Juzgado Nacional de Trabajo N°18 de Corrientes revirtió el despido del delegado José Oscar Benítez. “Celebramos este triunfo como un paso importante para desarticular las políticas de ajuste”, destacaron desde ATE-Agricultura. El 10 de julio se prepara una nueva movilización para seguir exigiendo las reincorporaciones y la sostenibilidad de la política pública para el sector.

Carlos Rang es uno de los cientos de despedidos. Técnico hace 15 años de los distintos programas de agricultura familiar, bajo contrato precario, que se sucedieron hasta la creación del Inafci en 2022. Es delegado en Río Cuarto, Córdoba, e integrante de la Mesa Nacional Ejecutora ATE-Agricultura Familiar Nacional. Cuando el 3 de abril el decreto 285/2024 puso a Inés Liendo —abogada, militante del PRO y sin experiencia en el sector— como interventora, el mismo texto anticipó que no sería para revisar la política pública sino para liquidarla, hablaba de beneficios “discrecionales” y “ocupación” de tierras.

La primera reunión que tuvieron los trabajadores con Liendo fue el 29 de abril, el mismo día que en la Cámara de Diputados se dio media sanción a la Ley Bases. “Ella confirmó que los contratos no iban a ser renovados y nosotros le planteamos la necesidad de mantener la política agropecuaria para la agricultura familiar, campesina e indígena; dijimos que no éramos ñoquis, que no se nos estaba evaluando el trabajo, que los despidos eran sin justificación”, cuenta Rang sobre aquella reunión.

Liendo venía de ofrecer una entrevista televisiva un día antes, en Tucumán, en la que desconoció el origen del Inafci, creado en 2022 pero como consecuencia de un largo proceso anterior a la Ley de Agricultura Familiar, y sostuvo que se trataba de “una estructura montada a nivel nacional para financiar movimientos sociales y militancia política”, “una canilla abierta para financiar la militancia”.

“Eso es una mentira que no respeta el trabajo de muchos años y de muchos técnicos”, sostiene Rang; que asistió durante años a los productores familiares cordobeses desarrollando proyectos de mejoras productivas, ferias de comercialización, programas de conectividad, desarrollos para el agregado de valor de materias primas y otras iniciativas en conjunto con el INTA y la Universidad de Río Cuarto. El delegado despedido denuncia que la intervención de Liendo —que formalmente finalizó el 30 de junio— se dedicó a retirar los mobiliarios, computadoras y pertenencias de todas las dependencias del interior del país. Además, denuncia que en la evaluación de iniciativas como Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (Pisear) o el programa Agro XXI, no se encontraron irregularidades y se llegó a recontrartar a técnicos despedidos, ahora como monotributistas, para finalizar los rendimientos; ya que contaban con financiamiento internacional.

“Están tratando encontrar algo para chicanear. Quieren buscar un caso en mil para justificar el desmantelamiento de toda una política pública. Al Gobierno no le importa este sector, plantean un modelo primarizado, que deje al país con pérdida de soberanía alimentaria y entrega de bienes naturales, dos aspectos que son protegidos por los campesinos y pueblos originarios. Su modelo es de agroexportación y exclusión social, generar más concentración y que los trabajadores seamos mano de obra barata o emprendedores”, denuncia Rang.

El futuro de la política de agricultura familiar parece estar marcado desde aquel anuncio de Adorni sin importar las auditorías ni las historias de los trabajadores o los reclamos de los movimientos campesinos. Una dirección nacional “con 64 personas”, dijo el vocero presidencial. La interventora Liendo lo repitió en las entrevistas. Y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, lo confirmó en una reunión que mantuvo con el Consejo Nacional de ATE a mediados de junio.

En aquel encuentro, Vilella respondió que “eran muchos” los que llevaban adelante la única política pública para el sector de la agricultura familiar y confirmó que el objetivo será crear una Dirección Nacional, con un eje para agricultura familiar y otro para pequeños productores. Desde ATE calculan que solo quedan alrededor de 80 empleados de lo que fue el Inafci, en su mayoría en el edificio de Paseo Colón. Las provincias quedaron sin técnicos. Ante la consulta de Tierra Viva sobre la futura dirección, las políticas para el sector y el informe de la interventora, la Secretaría de Bioeconomía no dio respuestas.

“Sólo con una mirada unitaria pueden dejar una dirección funcionando desde la Capital Federal. Éramos los únicos que llevábamos las política públicas al interior profundo. Esta decisión impacta muy fuerte en el pequeño productor que produce alimentos sanos, que generan trabajo y arraigo rural”, concluye Rang.

Un modelo de agronegocio sin rostro humano
“El desmantelamiento de la única política de Estado que llegaba a muchas de las familias del interior profundo para la provisión de semillas, de genética, de asesoramiento y hasta de movilidad es una catástrofe”, sintetiza Ricardo Garzia, pequeño productor ganadero y secretario de Fecofe, y agrega a tono con las denuncias que la Mesa Agroalimentaria Argentina —integrada también por la UTT, MNCI-ST, Fonaf y Bases Federadas— mantiene sobre las políticas de Milei: “Estamos preocupados por la gente del campo, es una situación muy difícil de reponer. Lo repudiamos porque es el área que más necesitaba del Estado”.

La organización institucional de la agricultura familiar que la gestión Milei desmanteló surgió como respuesta al conflicto con el campo en 2008, que impulsó la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar (antes Programa Social Agropecuario) y la redacción de la ley del sector, votada en 2014 y reglamentada recién en 2023. Es que la política pública siguió concentrada en el agronegocio como fuente de dólares vía exportaciones, sin un rumbo respecto de la política de soberanía alimentaria.

En la gestión liberal libertaria la negociación con las cámaras empresariales y las entidades que integran la Mesa de Enlace continúa. “No va a haber devaluación y la gente va a tener que liquidar los dólares”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, esta semana, en otro mensaje del Gobierno al sector agroexportador que se repite desde inicios de la cosecha gruesa. El reclamo de ese sector sobre la eliminación de las retenciones es una constante, pero también exige como alternativas la eliminación de Impuesto país y el fin del cepo cambiario.

El Gobierno no promete cumplir con ninguna de esas condiciones en el corto plazo. La primera que podría ocurrir es la eliminación del Impuesto País a fin de año, según un adelanto del Presupuesto 2025 enviado por el Ministerio de Economía al Congreso. Sobre el cepo, el propio ministro Luis Caputo indicó que “no hay fecha” para que se levante y de las retenciones ni se habla.

El proyecto original de la Ley Bases contenía un aumento de todas las retenciones a las exportaciones al 15 por ciento, con excepción de la minería. Eso se modificó en las negociaciones del verano, por pedido de los gobernadores, y en las últimas negociaciones para su aprobación en el Senado se llegó a quitar la palabra “agroindustria” del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y reemplazarla por “foresto industria” para proteger a la industria aceitera anclada en el puerto de Rosario, según expresó el senador Juan Carlos Romero en la madrugada de la votación.

El Gobierno intenta ofrecer otras medidas paliativas como fue el anuncio de la rebaja de aranceles para la importación de glifosato, atrazina y 2-4D y de fertilizantes o la reciente resolución del Senasa que habilita a las multinacionales de insumos químicos a importarlas sin pasar los controles locales, tan solo con la aprobación hecha en otros países. Esas señales para mejorar la rentabilidad no hacen mella en la liquidación.

Como se marcó previamente, el CIARA y el CEC, que representan el 48 por ciento de las exportaciones argentinas, precisaron que en junio se liquidaron granos por un 24 por ciento menos que en mayo y el acumulado está en el mismo nivel que el año 2023. “¿Qué hacen los productores agropecuarios? Están tomando crédito para no liquidar divisas, porque están esperando lo que dice algún trasnochado que dice va a haber una devaluación del 30 por ciento”, les apuntó Francos.

“Los mecanismos de liquidar o no liquidar esperando que el Gobierno devalúe descalabran todo el sistema planteado por el gobierno nacional. Puede leerse siempre como un mecanismo extorsivo o defensivo”, señala Garzia, pero invita a cambiar el foco y el modelo y advierte que sin las entidades de la Mesa de Enlace cumplieran su objetivo de la retención cero se va a generar “una competencia por el arrendamiento de los campos tan fuerte que los pequeños y medianos productores arrendatarios no van a poder competir frente a grandes pooles de siembra, bancos, fondo comunes de inversión”.

El secretario de Fecofe asegura que, al menos la Federación Agraria Argentina, debería estar reclamando por “una ley de arrendamiento, por políticas impositivas diferenciadas. Ante una desregulación completa del mercado, los pequeños productores no van a resistir a la competencia con otros países que llevan años de políticas públicas estables”. Y recuerda que ese paquete de medidas fue presentado al Congreso por la Mesa Agroalimentaria Argentina como Programa Agrario para el Alimento.

“Debe debatirse y dejarse por escrito en las propuestas para las elecciones de medio término”, convoca Garzia al debate con los partidos políticos de la oposición. “Es una propuesta para un proceso de desarrollo, palabra que hoy no está en los discursos de ninguno de los referentes del gobierno nacional”. La Mesa Agroalimentaria no fue recibida por ningún representante del Gobierno ni convocada al diálogo por la Secretaría de Bioeconomía.

“Evidentemente, los pequeños y medianos productores, los agricultores familiares y los movimientos campesinos y pueblos indígenas no están en las oraciones de este Gobierno, no les interesan. De hecho, creo que les molesta a los efectos de la utilización de la tierra y de la producción porque lo único que les importa es el producto y la cantidad de toneladas, y si las hace una sola empresa para el Gobierno es mejor. Todo lo que implique agricultura con rostro humano, lo que implique asociativismo y cooperativismo está visto como una competencia desleal”, denuncia.

INTA, sin ProHuerta, desfinanciado y con denuncias de censura
El INTA cuenta con técnicos volcados al estudio de un cambio de modelo, que integran la Red de Agroecología (Redae) o impulsan los grupos de Cambio Rural, pero los ejes de acción continúan volcados al modelo convencional con agrotóxicos, la agricultura familiar no tiene una silla en el Consejo Directivo y el presidente puesto por La Libertad Avanza, Juan Cruz Molina Hafford, tiene experiencia en sumariar trabajadores por difundir prácticas agroecológicas, algo que se denunció intenta extenderse a todo el organismo. Sin embargo, es un instituto que también se ve amenazado por la acción de la motosierra del ajuste.

El rol que cumple para la producción agropecuaria protegió al INTA ante las facultades delegadas que la oposición dialoguista en el Congreso —PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal—, le entregó a Milei. El Instituto fue incorporado en la lista de organismos que no pueden ser disueltos, según se lo habilitó en el artículo 3 de la Ley Bases. Pero no impide que el organismo pueda sufrir “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión o escisión”.

“Estamos exceptuados, pero no quiere decir que no se desfinancian, que no ahoguen las políticas que desarrolla el instituto. Hay que esperar cómo se maneja el Gobierno con las facultades delegadas, con una ley que es para las corporaciones y que no cierra sin la represión que estamos sufriendo en la calle”, advirtió la delegada e integrante de la Coordinación Nacional de ATE-INTA, Julieta Boedo.

El organismo también salió ileso de la oleada de despidos públicos. Pero el recorte financiero sí afectó las tareas de 43 trabajadores del INTA que cumplían tareas para el programa ProHuerta. Esos contratos fueron suspendidos en marzo por el Ministerio de Capital Humano, que decidió desfinanciar y cerrar el programa, con más de 30 años de actividad, que asistía a pequeños productores en la entrega de semillas, frutales, animales de granja y asesoramiento.

En la práctica, el INTA, como se denunció con las universidades públicas, también está siendo desfinanciado. En lo que va del año ya se lleva ejecutado el 72 por ciento del presupuesto prorrogado de 2023 (126 mil millones). “Desde ATE venimos advirtiendo que el organismo se está quedando sin dinero y la duda es cómo vamos a seguir. Esto está pasando en todos los organismos, por lo que advertimos sobre el desmantelamiento o desfinanciamiento”, apunta Boedo.

En paralelo, las presiones por la censura en los ejes a trabajar dentro del INTA comienza a escucharse y atentan directamente contra los productores que buscan avanzar en la agroecología. El 11 de junio, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) emitió un comunicado repudiando la censura impuesta sobre la divulgación de conceptos relacionados a los ejes del Plan Estratégico Institucional 2015-2030, por ejemplo: “cambio climático”, “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, “biodiversidad”, “huella de carbono” y “prohuerta”, entre otros.

Mario Romero, secretario general de Apinta, señaló a Tierra Viva: “Recibimos información de que en los equipos de comunicaciones regionales del INTA recibieron una bajada de línea sobre no utilizar esas palabras. Esto nos preocupa, porque pone en riesgo los objetivos institucionales y los objetivos trazados en ese plan”.

También comentó que el mensaje de censura hacia los equipos de comunicación volvió a circular en un encuentro de referentes de comunicación del INTA de todo el país, realizado el 25 de junio en la Ciudad de Buenos Aires. En él estuvieron presentes las autoridades del organismo, incluido el presidente Molina Hafford. En tanto, desde el Consejo Directivo hicieron silencio frente al reclamo sindical por esta situación.

El gremio cuestionó, asimismo, la utilización de bots/trolls que realizan comentarios descalificadores en contra de las publicaciones institucionales en redes sociales, como así también posteos agresivos contra la institución por parte de personas que luego son funcionarios del gobierno, la recepción de correos de propaganda política y adoctrinamiento desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno.

El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 —contra el que atenta la directiva comunicacional— se plantea como objetivo impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial competitivo, "inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente". También menciona la intención de ser un espacio que contribuya a la "soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria".

Imagen: Nicolás Pousthomis

Nota publicada en Agencia Tierra Viva AQUI

 

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