Desalojo en Escobar: familia boliviana es amenazada de muerte y pierde su micro emprendimiento

El lunes 22 de noviembre en la zona de Loma Verde, localidad de Escobar, el matrimonio compuesto por Margarita Cutisaca y Daniel Taboada, migrantes bolivianos, fue víctima, junto a sus cuatro hijos, de la furia de los hermanos Franco y Facundo Tombion, dueños de la tierra que la familia Taboada alquilaba.  Red Eco Alternativo.

(Noelia Carrazana-Red Eco) Buenos Aires - Cuarenta ocho horas de terror vivió este grupo familiar con una hija de 15 años con parálisis cerebral, retraso madurativo, hipoacusia y epilepsia, y otros tres niños: Daniel de 9, Alexis de 7, y la más chiquita de solo un año y medio. 

Ese lunes Franco y Facundo Tombion entraron con violencia exigiendo condiciones leoninas, casi diez días antes de que concluya su contrato de alquiler, cuando el matrimonio de floricultores bolivianos, Margarita Cutisaca y Daniel Taboada, se encontraba en su vivero, alquilado de palabra, en la zona de Escobar. 

Ya el 10 de noviembre Margarita les había dicho que no podían cumplir con las condiciones que les habían impuesto: “Debía poner una bomba de agua y un pilar de luz, de más de 200 mil pesos. Tampoco podíamos cumplir con el aumento del alquiler a 70 mil pesos, por lo cual le avisamos que nos íbamos a mudar antes del 30 de noviembre”, relata a Red Eco. 

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“(Ese día) Facundo exigió un portón de madera antes de irnos y agarró del cuello a mi esposo y lo tiró sobre unas cajas de madera – detalla Margarita – ; intentó agarrarme a mí también y gritaba: ‘se van ya, se van ya’. Pretendió ingresar a la casilla y sacar a mis hijos; vinieron mi cuñado y mi hermano. Yo llamé a la policía, vino el patrullero y en ese momento los hermanos Tombion se fueron. Fui a la comisaría a realizar la denuncia, en donde me informaron que yo era la denunciada por los agresores por lo que no podía hacer una contradenuncia”.

El principal de la comisaria de Loma Verde informó a Red Eco que “existen dos denuncias que ya están en la UFI N°5, la primera denuncia la realizan los hermanos Tombion quienes aseguran que los floricultores les realizaron amenazas calificadas con armas de fuego. Y luego está la denuncia del matrimonio Taboada que denunció a los dueños del predio también por amenazas con arma de fuego y pidió una medida cautelar para que estos jóvenes no se puedan acercar a ellos. Ambas causas siguen su curso en la fiscalía”. 

Esa noche cerca de las 12 escucharon una camioneta ingresando, gritos de hombres y tres detonaciones. Margarita llamó al 911, y también pidió ayuda a sus compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).  Cuando dejó el teléfono, los niños estaban llorando y le dijeron: “Mamá, ¿qué fue ese ruido? mamá es Facundo; Facundo quiso matar a mi papá. Mamá, ¿qué pasa si entra a la casilla? Brian y yo vamos a correr, pero y qué va a pasar con la nena, mamá, no va a poder correr, mamá”. 

“Nuevamente vino el patrullero y le expliqué toda la situación porque mi esposo no podía hablar por la agresión que había sufrido en su cuello. El policía me indicó que, de escuchar detonaciones, debía quedarme dentro de la casa y no confrontar. Veinte minutos después me cortaron la luz. Mis hijos tenían mucho miedo, pero tratamos de hacerlos dormir, esa noche pusimos un sillón en la puerta para evitar que se pueda abrir”, explica a Red Eco la señora Cutisaca, todavía con la voz angustiada.

Ante la inacción o poca intervención en favor de las víctimas por parte de los funcionarios policiales, compañeros de Margarita de la UTT cortaron la calle a las 6 de la mañana. “Vimos que era demasiado atropello ante una familia que estaba procediendo correctamente en su accionar que fue injustamente amenazada y maltratada”, explica Nelson Taboada, referente de la zona de Escobar de esta organización territorial. 

Recién luego de este corte de calle, Margarita logró que la Policía le tomara la denuncia. Así lo relata a Red Eco: “Me llevaron en el patrullero con mis hijos, y dos testigos; también atendieron a mi esposo en la salita para ver sus heridas, y nos tomaron declaración, tuvimos que sacar nuestras pertenencias a la carrera y, si bien los compañeros nos ayudaron fue muy difícil sacar todo. Lo peor de todo era que a cada rato venían los dueños del campo y nos decían ‘váyanse ya, váyanse ya, me llegas a tocar uno de los plásticos te pego un tiro’. Todo esto ocurrió frente a los móviles policiales y Defensa Ciudadana, los dejaron maltratarnos y gritarnos como si fuéramos delincuentes”.

Margarita aún con miedo cuenta: “En un solo día se nos derrumbó el proyecto que teníamos del Vivero Mardany. Mis cosas quedaron repartidas en las casas de mis compañeros,  uno me guardó el placard, otro una cama, otro los colchones, las plantas que pude rescatar tuvimos que ponerlas en un solo lugar para poder atenderlas, a mis hijos tuve que llevarlos a la casa de una de las abuelas para que se puedan alimentar ya que todas las cosas que yo tenía en la heladera, como nos cortaron la luz ya durante el día, se echaron a perder y no tenía cómo darles de comer, tuve que llamar a la escuela e informar la situación, tuvimos que separarnos cuando nosotros somos siempre muy unidos”. 

Esta familia se dedica al cultivo de plantas ornamentales hace cinco años, aunque este alquiler lo tenía solo hace un año.  Esta situación le causó pérdidas aproximadas de 200 mil pesos, se trata de 2.500 plantines que quedaron tirados en la propiedad de los hermanos Tombion: kalanchoe, frutillas, portulaca, ruda y más.  A esto se le agrega la inversión de febrero de este año en los cuatro invernaderos, a los que les hicieron arreglos con Nylon para el techo, cortinas y media sombra con un costo total aproximado de 100 mil pesos, dinero que fue prestado por familiares y que ellos al día de la fecha aún no han podido devolver.

El caso de Margarita llegó a visibilizarse dentro de algunos grupos de la colectividad boliviana a través de redes sociales. Ella colocó allí imágenes de sus plantas y contó con angustia las amenazas que le hicieron los Tombion. Su video se viralizó y es así que su caso comenzó a cobrar cierta notoriedad.  Margarita ante esta situación dijo que ella decidió contar lo que le pasó, “para que no le pase a nadie más, porque nosotros muchas veces le pedimos que nos trajera el contrato para firmar y ellos nunca lo quisieron hacer. Finalmente confesaron que no lo iban a hacer para que la AFIP no les cayera”. 

Agricultores bolivianos violentados en sus derechos y sus reclamos invisibilizados o ignorados por las autoridades 

Desde que apareció la pandemia de COVID-19 los agricultores de las zonas flori-hortícolas ubicadas en los cordones de algunas ciudades argentinas esperaban poder por fin tener una ley que les permitiera a las comunidades campesinas acceder a tierras, infraestructura e insumos para producir mediante un modelo sustentable basado en la agroecología que mejore sus condiciones laborales. En un comunicado, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que promueve esta ley en el país, indicó que “solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores, que son los encargados de producir el mayor porcentaje, un 60% de alimentos que circulan en el mercado interno”, y advierte que “el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada del país”.

Pero este pedido del pequeño campesino parece que no es de importancia para los congresistas argentinos. Es así que la Ley de Acceso a la Tierra fue presentada por tercera vez en octubre de 2020, antes había sido llevada al Congreso en 2016 y luego en 2018, pero sin posibilidades de lograr su aprobación. Luego con el cambio de gobierno la propuesta fue respaldada por Alberto Fernández en febrero del año pasado, pero al día de hoy el proyecto, si bien obtuvo dictamen, deberá volver a comisiones para ser tratado nuevamente tras el recambio de diputados luego de las últimas elecciones. 

Además este sector tuvo muchísimas pérdidas durante el 2020 por el COVID-19, ya que en el caso de los floricultores al cerrarse abruptamente los pequeños puestos que comercializan las flores no tuvieron más opción que pasarle el tractor o cortar sus plantas, sin recibir ningún apoyo por parte de las autoridades estatales. Solo algunas familias pudieron tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o subsidios de ayuda familiar, pero son las menos, ya que la mayoría de estas familias productoras campesinas muchas veces no se encuentra en ningún registro agrario o no tiene acceso a la documentación.

Otro tema que agrava su situación es el aumento del dólar en forma constante desde el 2020, ya que las semillas e insumos deben ser comprados en esa divisa y estas personas que en su mayoría no está bancarizada debe acceder a precio que tiene el dólar en el mercado paralelo (dólar blue) que es mucho más caro que el precio oficial.

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