De tal palo...

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(Celeste Neyra- Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- En un país en el que un Decreto de la peor dictadura regula la distribución de licencias, los contenidos y la propiedad de los medios de comunicación, no asombra que en la legislatura de la Capital exista un proyecto que establece condiciones restrictivas para que se otorgue dinero en concepto de publicidad a medios barriales, vecinales o alternativos.
El proyecto 200701723 fue presentado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por los legisladores del Frente para la Victoria y la Coalición Cívica Elvio Vitali, Facundo Di Filippo, Abelardo García, Beatriz Baltroc y Sebastián Gramajo.
En su cuerpo menciona la importancia de los Medios Vecinales de Comunicación Social, “denominados también barriales, comunitarios o alternativos”, por contribuir a “rescatar la identidad, la historia y las distintas manifestaciones artísticas, culturales y socales de cada barrio”.
Sin embargo, para ser considerados Medios Vecinales de Comunicación Social no deben ser órganos de difusión de ninguna organización “pública o privada, partidos o agrupaciones políticas, organizaciones gremiales (...)”
La Asociación Civil de Medios Barriales aclara que este proyecto restringe las pautas publicitarias a medios barriales, y recuerda que “Después de movilizarse durante años (...) los medios barriales de distribución gratuita consiguieron (...) la reglamentación a partir de la que por primera vez, sin depender del contenido o de la voluntad de los funcionarios de turno, la Ciudad fue obligada a publicar en los medios barriales”.
Las objeciones a este proyecto surgen a partir de la clasificación de los medios barriales con indicadores que no se les ajustan. Por ejemplo, en el artículo 4to. que regula la inscripción al registro de Medios Vecinales, dice que “no serán aceptados en el Registro más de un (1) Medio de Comunicación Social por titular, independientemente del soporte en el que sean producidos”.
La regulación sobre la obligación de incluir un 50% de contenido periodístico editorial que incluya temas inherentes a la problemática de su área de influencia, en un punto niega que un medio barrial pueda contener opinión o información sobre temas que excedan al barrio.
Se requiere que el medio incluya un espacio para información proveniente del Gobierno de la Ciudad (lo que no sucede con los medios masivos) o un link en el caso de los medios digitales.
Entre los requisitos se pide que los medios con soporte en papel acrediten un mínimo de 9 publicaciones por año, una tirada de 2000 ejemplares, un mínimo de 8 páginas para tabloides y el deber de ser gratuitas.
Para la radiodifusión se exige permiso del COMFER (poco habitual en una ciudad con el espectro radioeléctrico saturado, sin concursos, donde se han dado permisos provisorios en sólo dos oportunidades, y ha sido más frecuente la adjudicación directa), se regula la cantidad de horas diarias de programación musical en un 30%.
Las restricciones para acceder a la torta publicitaria del Gobierno de la Ciudad se complementan con los porcentajes que se estipulan para la tarifa publicitaria. Además de definirse la tarifa desde el Gobierno y no desde los medios (lo que tampoco es imaginable en el caso de los medios masivos) el proyecto establece que la tarifa publicitaria “es la que resulta de aplicar los porcentajes que se establecen (con respecto) al valor más bajo del espacio publicitario de la página 7 del diario de mayor tiraje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Por lo tanto para los medios con soporte papel o radiodifusión, se establece un 0.75% del valor indicado. En los programas será de un 50% sobre el porcentaje para los medios en papel. Y, para los medios digitales un 25% sobre el porcentaje de que reciben los medios en papel.
La igualdad de derechos, evidentemente, no se aplica en la desigualdad de poder establecida entre los medios masivos y los comunitarios.
Por ello la Asociación Civil de Medios Barriales dice: “su propuesta descalifica y desvaloriza a los medios barriales, exigiéndoles múltiples requisitos y controles que no se le piden a los dueños de los grandes multimedios. Restringe y dificulta al máximo el acceso de los medios barriales a la pauta estatal. Ahoga económicamente y discrimina a los medios vecinales”.