Por la libertad de prensa y los puestos de trabajo
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- Categoría: Comunicación
- Publicado: Martes 11 de Diciembre de 2018
La Mesa Nacional Sindical de Trabajadores de Prensa de la Argentina (MNTP), las organizaciones gremiales que nuclean a los trabajadores gráficos de imprenta y diarios (FGB y FATIDA), de vendedores de diarios (SIVENDIA), los medios autogestionados y la Federación Nacional que asocia a diarios y comunicadores cooperativos (FADICCRA), expresaron su rechazo a la media sanción ocurrida el jueves en la Cámara de Diputados de un proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, para derogar el corazón de la Ley 26.736 que regula y declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios.
“Si se concreta su aprobación en la Cámara Alta se dará otro golpe a la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la sociedad, ya que desaparecerán y/o se achicarán más medios, incrementando la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector ocurrida en los últimos tres años”, manifestaron las organizaciones que componen la Mesa.
El referido proyecto fue presentado por el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista) y llegó a la Cámara Baja acompañado por las firmas de Nicolás Massot y Luciano Laspina (PRO), Mario Negri, Miguel Bazze, Luis Borsani (UCR), Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti (Unidos por una Nueva Argentina), Pablo Kosiner (PJ), Martín Llaryora, Juan Fernando Brügge (Córdoba Federal) y Ricardo Wellbach (Frente de Concordia Misionero). Fue girado sólo a la Comisión de Comercio, que le dio un rápido dictamen favorable, pero llegó al recinto dentro del listado de Poder Ejecutivo.
El proyecto pretende derogar 8 artículos de la Ley 26.736 cuyo propósito es garantizar el insumo básico por parte de las distintas empresas, sin que haya beneficios por montos relacionados con la facturación de cada una. También dispone que los fabricantes, comercializadores y distribuidores del papel prensa hagan público su stock de manera diaria y su capacidad de producción de forma trimestral para aportar a la transparencia y a la pluralidad de voces, y que debe existir una Comisión Bicameral de control parlamentario, que nunca se conformó.
Las organizaciones de prensa, gráficos, canillitas, diarios cooperativos y autogestivos advirtieron a los legisladores sobre la responsabilidad que les cabe de sancionarse este Proyecto, por los efectos negativos en materia laboral para los trabajadores que intervienen en todo el proceso productivo que va desde la búsqueda de información hasta que la publicación está en la calle y es distribuida al público.
