Advierten sobre el aumento de amenazas y atentados contra luchadores por los derechos humanos
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Jueves 02 de Julio de 2015
Lo hizo la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) al referirse a una serie de hechos que se vivieron en los últimos días. En este sentido, exigieron terminar con las condiciones de privilegio que gozan cientos de represores privados de su libertad y que les permite seguir atacando al movimiento popular: “es responsabilidad de la Dirección del Servicio Penitenciario Federal terminar con esta situación anómala y francamente peligrosa para todos”, agregaron.
A través de un comunicado, la Liga enumeró las amenazas recibidas por Alberto Rodríguez, militante de esta agrupación y testigo en la causa Triple A de Bahía Blanca; los llamados anónimos diciendo que se habían colocado bombas en el predio de la Esma, hoy Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos; el llamado telefónico a la casa de la madre de la abogada de la familia Ledo con el sonido de una marcha militar mientras el General César Milani daba su discurso de despedida oficial; y la quema del auto de la hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta.
La Liga también mencionó la denuncia realizada por el Juez Federal Carlos Rosanzky ante la Corte Suprema acerca de que el varias veces condenado a perpetua en cárcel común, Miguel Echecolatz, utiliza el pabellón de detenidos por delitos de lesa humanidad del penal de Marcos Paz para organizar una red terrorista dedicada a amenazar a integrantes del juzgado y sus familiares.
“A este listado de gravísimos hechos, ninguno de ellos esclarecido plenamente y algunos ni siquiera receptados por la prensa comercial, debemos sumar lo declarado por el ‘Tigre’ Acosta, ex Jefe del Centro Clandestino que funcionaba en la Esma durante la dictadura, quien en la audiencia del día jueves 25 de junio por la mañana, acusó a esta institución, el primer organismo de derechos humanos de la Argentina y América Latina, de ‘fabricar’ falsos testimonios con los que se los inculpa injustamente y de haber sido la introductora de la ideología subversiva en la Argentina. También acusó a dos reconocidos militantes populares, Víctor Basterra y José Schulman, varias veces testigos y querellantes en juicios de lesa humanidad, de convocar desde la radio La Retaguardia a la movilización popular para ‘imponer’ al tribunal oral, con violencia si fuera necesario, la condena al grupo de represores de la Esma en uno de los juicios orales más importantes de este periodo histórico. Podría pensarse que son delirios de un genocida ya condenado, pero Acosta ordena y potencia el discurso que todos los represores balbucean en cada juicio oral y que distinguidos editorialistas de La Nación reproducen de vez en cuando: ‘no son juicios, son ajusticiamientos populares impulsados por subversivos con ánimo de venganza’. No es bueno subestimar a gente como Acosta que supo comandar nada menos que uno de los Centros de Exterminio más perversos de la dictadura”, afirmaron desde la Liga.
En este sentido, remarcaron que hay una primera acción que ya puede llevarse adelante que es terminar con las condiciones de privilegio que gozan cientos de represores privados de su libertad y que les permite seguir atacando al movimiento popular: “es responsabilidad de la Dirección del Servicio Penitenciario Federal terminar con esta situación anómala y francamente peligrosa para todos”.
Finalmente, mencionaron la decisión de la Cámara Federal de Tucumán de apartar al fiscal Gustavo Gómez por presunta “perdida de objetividad”, a pedido de la defensa de Milani. Este pedido se ha repetido también en el juicio ESMA demorando el inicio de la etapa de alegatos. Para la Liga, esto “muestra la complicidad de un sector mayoritario del Poder Judicial con la impunidad histórica y la impunidad de nuestros días”.
