Red Eco Alternativo ***

Juez al banquillo

El juez de Instrucción N°8, que fue apartado de su cargo como docente de posgrado de la UNCo y que se encuentra públicamente cuestionado por violaciones a los DD.HH y arbitrariedades por su desempeño en la causa originada en el marco de la movilización por justicia por el asesinato policial de Pablo Vera, es denunciado nuevamente. El día miércoles 15 de Febrero a las 9:30 hs organismos de DD.HH presentarán ante el Consejo de la Magisratura, en el edificio del Poder Judicial (calle San Luis y Roca), la denuncia y brindaran una conferencia de prensa.
Contactos Coordinadora Antirrepresiva 13/1: Alan Rocha: 2984140116 / Victoria Naffa: 2995753155

Camarda quien se encuentra a cargo de la investigación de los hechos producidos en el marco de las movilizaciones por el asesinato del joven Vera, posee un amplio prontuario de arbitrariedades e irregularidades que han sido denunciadas durante meses por diversos sectores, organizaciones y colectivos sociales.

Es responsable de:
Criminalizar la protesta social llevando adelante de manera irregular una causa penal contra familiares y amigxs de Pablo Vera
Habilitar y amparar la detención y posterior tortura en la comisaría N°21 de decenas de familiares, amigxs y activistas parte de los reclamos
Rechazar un fundado habeas corpus alegando que no hay torturas sin que se acrediten lesiones graves, violando así todos los tratados de DD.HH en la materia, lo que implica una grave y criminal vulneración de derechos básicos.
Ordenar la detención con policías y patrulleros de la madre de Pablo Vera (una mujer mayor con problemas de salud) para llevarla a declarar por una causa en la que se la acusa de amenazar a Villegas, policía condenado por el asesinato de su hijo, hecho por el cual luego debió ser atendida en el hospital Lopéz Lima.

Desde las organizaciones antirrepresivas y sociales reconocemos que el accionar de Camarda no responde a un hecho aislado sino que las decisiones, de las cuales es responsable se enmarcan en una estrategia sistemática de criminalización de la lucha social. Así es como familiares y amigxs que reclaman por el asesinato policial de un ser querido y a quienes se les niega sistemáticamente el acceso a la justicia, resultan crimininalizadxs con lo que se busca acallarlxs y disciplinarlxs. La lucha por derechos frente al Estado se transforma en delito. En este contexto, se lleva adelante la detención de 25 familiares y amigxs, muchxs de lxs cuales son golpeadxs y torutradxs en la comisaría N° 21. Ante ello se presenta un habeas corpus que es rechazado por el juez Camarda, quien a su vez prolongó la detención de 14 jóvenes excediendo el plazo legal establecido: cometiendo el delito de privación ilegítima de la libertad. En consecuencia de este hecho se realizó oportunamente la denuncia sin que ningún funcionario judicial la promueva ni llame a indagatoria al Juez Camarda. La semana pasada, la fiscal de la UTF 3, Julieta Villa, ordenó el archivo de la denuncia lo que implica brindarle un marco de impunidad además de un grave desconocimiento de la normativa procesal. Camarda vulneró el Artículo 261 del CPP que dispone que “La libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este código, en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. El arresto o la detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados.” al incumplir los plazos y formas que establece la ley. Por ello mismo se presenta un denuncia al Consejo de la Magistratura para que investigue las irregularidades y delitos en los que incurrió el magistrado público. No estamos frente a cualquier tipo de denuncia, sino que se está exigiendo la investigación de la responsabilidad de un funcionario judicial en cumplimiento de sus funciones, entendiendo que la privación ilegítima de la libertad dispuesta debe considerarse una violación a los derechos humanos, y por lo tanto es obligación del Estado darle celeridad y efectividad a la investigación ya que su responsabilidad penal está seriamente comprometida.

 

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