Red Eco Alternativo ***

Contra la reforma de la Ley 24.660

Esta semana la Cámara de Senadores comienza a debatir el proyecto impulsado por Cambiemos y el Frente Renovador, que ya cuenta con media sanción en Diputados, y que busca reformar la Ley de Ejecución Penal 24.660. Desde diversos organismos de derechos humanos denuncian que la iniciativa arrasará con los derechos de los privados de su libertad, como las salidas condicionales, transitorias además de obstaculizar el acceso al estudio y al trabajo.

La Red de Mujeres rechazó el tratamiento en el Senado del proyecto de modificación del régimen de ejecución de penas que incluye a los autores de delitos violentos. A través de un comunicado señalaron: “Sobre esta iniciativa, desde la perspectiva de género, vemos varios problemas. Se hace evidente que el proyecto se presenta para dar una respuesta rápida ante las múltiples demandas que surgieron a partir del femicidio de Micaela, cometido por un hombre que cumplía una condena por violación y que estaba en libertad condicional, por lo que es una respuesta aislada y acotada ante una problemática que excede el marco punitivista, aunque no lo exime y que requiere un abordaje mucho más integral (…). Tampoco es válida la equiparación de los delitos contra la libertad sexual con los robos con arma de fuego u homicidios en ocasión de robo, pues esto evade la discusión sobre las desigualdades estructurales existentes entre varones y mujeres que posibilitan la existencia de las violaciones y de las distintas violencias e impone una agenda de ‘Mano dura’ que se ha comprobado deficiente para los delitos relacionados con la violencia de género (…). Insistir con que el derecho penal es la única alternativa para enfrentar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es un error. El derecho penal sólo se hace efectivo cuando la violencia se ha manifestado sobre nuestros cuerpos. Un abordaje más eficiente sería considerarlo como una herramienta con la que contamos las mujeres, en el marco de muchas otras políticas públicas, que deberían existir para prevenir y erradicar la violencia de género, así como dispositivos de acción que resuelvan los problemas materiales de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y que les brinden alternativas y opciones (…). A su vez, se hace urgente que el Poder Judicial incluya la perspectiva de género y que se presenten iniciativas de paridad para los altos cargos dentro del Judicial, así como capacitaciones de calidad e importancia sobre la problemática. Actualmente el Poder Judicial trabaja con nula percepción del riesgo en el que nos encontramos las mujeres y suele incurrir en revictimizaciones basadas en estereotipos de género que poca relación tienen con la realidad”.

Por su parte, los internos de la cárcel de Coronda en Santa Fe realizan, al igual que en otros penales del país, un paro total de actividades en reclamo de la eliminación del decreto 4127/16 con el que se limitó las salidas de reincidentes así como a los autores de delitos graves. También exigen el reinicio de las mesas de diálogo eliminadas en 2014.
Entre otros reclamos, solicitan que “se arbitren las medidas para resolver de manera urgente los incidentes en el juzgado de ejecución penal, ya que la mora existente vulnera la garantías y derechos procesales”. Piden a su vez “agilizar las conmutaciones de pena”. También exigen atención médica de calidad y con profesionalidad y la entrega de medicamentos adecuados, como así también el acceso a la educación de todos los interesados de nivel primario secundario y terciario, y cursos de capacitación laboral.

Desde el Centro Universitario de la UP Nº 1 de Olmos emitieron un comunicado en el que adhieren al reclamo que llevan adelante diferentes organizaciones y actores de la sociedad civil en repudio a la reforma de la ley 24.660.
“Las personas privadas de la libertad alojadas en la unidad penitenciaria n° 1 de olmos nos dirigimos a ustedes con el propósito de que pueda ser escuchada una versión diferente a la que están tratando de implantar desde el oficialismo sobre la opinión pública, que no está debidamente informada sobre la problemática de las personas privadas de la libertad. En particular sobre las reformas arbitrarias que se pretenden llevar a cabo desde el gobierno nacional y provincial, y sobre las nefastas consecuencias que producirían en la sociedad en general.
En primer lugar, sostenemos que una mayor represión sobre el sistema penal no es una solución al problema de la inseguridad, ya que dichas medidas solo incrementarían la situación de caos existente en la sociedad. Como la experiencia ha demostrado, las recetas de mano dura como la ley blumberg, promulgadas en 2004, ese manodurismo legislativo sólo sirvió para multiplicar las violencias, aumentar el índice de delitos, construir más cárceles, encerrar más gente, acrecentar los negociados de corrupción en las que están inmersas todas las instituciones del sistema penal.
El problema aquí no es de forma, sino de fondo. El nivel de delincuencia que padece nuestro país en la actualidad es una consecuencia de una política implementada en la década de 1990, que priorizó a los sectores económicos más poderosos dejando afuera a la mayoría que son los más necesitados. Dichas políticas crearon una crisis de desocupación que perdura hasta nuestros días. La delincuencia juvenil es la consecuencia de generaciones de desocupados. Chicos que crecieron con sus padres sin trabajo, y sin la posibilidad de tener lo básico para poder sobrevivir y ser feliz. A esto se le suma una cultura consumista que se nos refriega a través de los medios de comunicación en donde para pertenecer tenés que tener determinadas cosas. Te crean la necesidad y el deseo pero no te dan la oportunidad de poder tener lo que te venden. Ello crea un sentimiento de frustración y resentimiento en las nuevas generaciones víctimas de la injusticia y desigualdad social, por lo que se ven obligados a tomar por la fuerza y recuperar la dignidad que el Estado y todos como sociedad les hemos robado a ellos. No es casual que los delincuentes sean cada vez más jóvenes y violentos (ya que están devolviendo a la sociedad la violencia con la que han sido tratados y al Estado por su indiferencia e indolencia).
La política implementada en la década de los 90’ entró en una nueva fase donde se trata de crear las condiciones necesarias de inestabilidad social para manipular y orientar la opinión pública y así imponer un modelo que ya fracasó y que va en contra de todos y cada uno de los argentinos, ya que sólo favorece a los intereses económicos de un pequeño grupo al que no le importa las necesidades del ciudadano común y mucho menos la situación inhumana a la que pueda estar expuesto un privado de la libertad, ya que justamente somos nosotros quienes representamos un peligro en la seguridad de su propiedad privada.
Creemos que la única solución posible parte primero desde una educación de calidad desde la niñez y una contención no sólo de la familia sino también desde la sociedad en su conjunto y, sobre todo, desde el Estado que tiene todas las herramientas necesarias para formar ciudadanos productivos y felices. Que no tengan necesidad de salir a delinquir para cubrir sus necesidades básicas”.

La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires adelantó que presentará un informe ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado en el que se advierte sobre el impacto negativo que un paquete de leyes de este sesgo pueden tener sobre un sistema de encierro ya colapsado. Allí analizan en detalle el proyecto y sus posibles consecuencias, pero sobre todo alerta a los legisladores que estas reformas “adolecen, desde sus orígenes, de un grado patente y grave de inconstitucionalidad. El informe repasa punto por punto los proyectos de reforma y los cruza con jurisprudencia y legislación nacional e internacional en función del respeto de estándares de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos”.
Señalan además que las violencias que aquejan a nuestra sociedad deben ser tema prioritario de cualquier agenda de gobierno, y debe involucrar a toda la política pública. El costo de elegir estas políticas es la consolidación de los entramados de violencia y la sistemática violación a los derechos humanos con el consecuente debilitamiento del sistema democrático.
Desde la CPM afirman que las reformas no se han debatido con la participación de actores políticos, sociales, culturales, académicos ni con un tiempo y plazos razonables; y que una reforma de esta magnitud implica una política de mediano y largo plazo, pero tiene un impacto social inmediato sobre los sectores más vulnerables y desprotegidos por el sistema político.

Desde la Red de Cooperativas de Liberadxs y organizaciones sociales en contextos de encierro emitieron un comunicado para manifestar su repudio al proyecto en debate que pretende modificar parcialmente la Ley 24.660. Lo consideran contrario a principios constitucionales, normativa internacional, y que violenta el fin de la ley de ejecución penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social.
Señalan que la iniciativa se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en particular de las propias personas privadas de su libertad, de organismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones sociales y asociaciones civiles afines. Afirman que se propone una reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional.

Las internas de la Unidad 8 del SPF iniciaron una huelga de hambre. Asi lo dieron a conocer desde el CEU Juana Azurduy de la U8 Femenina Los Hornos en un comunicado, este martes 18 de abril, luego de haberse reunido en asamblea: "Las internas alojadas en la unidad 8 del SPB de Los Hornos, en virtud de la inminente reforma de la Ley de Ejecución de Penas que rige a nivel nacional, la cual en su proyecto con media sanción de diputados, claramente violan garantías constitucionales expresamente reconocidas en nuestra carta magna. Si bien es sabido que el ámbito bonaerense se rige por la Ley 12256, este proyecto intima a las provincias a adecuar su legislación a la normativa nacional.
En virtud de ello entendemos que de acuerdo a la medida adoptada por los compañeros de encierro en el resto de las unidades carcelarias de diferentes ámbitos (provinciales, federales y bonaerenses) adherimos de forma pacífica en una medida de similares características decretando en el día de la fecha Huelga de Hambre y paro de actividades en repudio a este proyecto que viola flagrantemente el principio de progresividad de pena y atenuación de encierro que preveen de normativas  de ejecución de pena.
Asi mismo este proyecto viene a aniquilar todo tipo de incentivo que pudiera tener el detenido en aras de reinsertarse en la sociedad de manera anticipada, teniendo un contacto cierto con la sociedad y que dicho proyecto de manera directa incrementa cuantitativamente y cualitativamente la forma de cumplimiento de la pena, con lo cuál se generaría para muchos de los condenados una doble agravación.
Compañeros, seguiremos Luchando y Resistiendo de manera colectiva para lograr juntos mas Paz y menos Violencia."

Reproducimos los argumentos dados por la Red de Cooperativas, que integran YoNoFui, Rancho Aparte, Hombres y Mujeres Libres, Limando Rejas, Inclusión en Bloque, Pensadores Villeros Contemporáneos, Reverdecer y Esquina Libertad, para explicar su rechazo a la reforma:
Cuestiones generales
1. Es inconstitucional porque viola el principio de resocialización (único fundamento de la pena en nuestro orden constitucional) y de legalidad, fortaleciendo las potestades del poder administrador en la definición de libertades básicas que afectan derechos reconocidos ampliamente por todos los tratados a los que Argentina suscribió (libertad ambulatoria, derechos laborales, derecho y protección de la familia y de resocialización).
No recepta las consolidadas y recientemente denominadas reglas de Mandela inobservando que en la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal se recomienda a los Estados Miembros que continúen procurando limitar el hacinamiento en las cárceles y, cuando proceda, recurran a medidas no privativas de libertad como alternativa a la prisión preventiva, promoviendo un mayor acceso a mecanismos de administración de justicia y de asistencia letrada, reforzando las medidas sustitutivas del encarcelamiento y apoyando los programas de rehabilitación y reinserción social. A su vez, agrava ilegítimamente las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad.

2. Viola el principio de competencias legislativas del Congreso Nacional, la ley de ejecución penal es complementaria al código penal, regula el contenido de la pena, es decir es una función constitucionalmente reconocida al Congreso Nacional legislar sobre la materia por el art. 75 inc.15. No obstante el proyecto regula aspectos procesales ajenos al cuerpo normativo de fondo.
Esto se inscribe en la discusión que se ha suscitado entre una doctrina minoritaria (a la que evidentemente adhiere el proyecto) que interpreta que la ley de ejecución penal es una ley local y una doctrina mayoritaria (que es la que además viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia y es conteste con el principio según el cual la materia penal queda reservada al Congreso, y que la ley de ejecución penal es una ley de fondo y no de procedimiento.

3. El proyecto viola el principio de progresividad en tanto impone condiciones más gravosas en la ejecución de la pena y al ejercicio de derechos constitucionalmente consagrados que no pueden ser limitados o restringidos por medio de leyes de jerarquía inferior.

4. Amplía injustificada e inadecuadamente las facultades administrativas del servicio penitenciario favoreciendo el gobierno de la cárcel de manera arbitraria y discrecional a la voluntad administrativa mediante el uso del sistema de premios y castigos, que no es otra cosa que la restricción abusiva del ejercicio de derechos.
Ello se potencia, a su vez, a través de la utilización de términos vagos o imprecisos poniendo en jaque el principio de legalidad y la certeza jurídica.
Deriva a su vez en un reglamentarismo que excede el ámbito de aplicación que se propone una norma de estas características, poniendo obstáculos a vencer a las personas privadas de la libertad para acceder a la progresividad de la ejecución, sin reconocer herramientas de reclamo de sus derechos y vías de queja.

5. Restringe la garantía del control judicial permanente de la ejecución de la pena, fortaleciendo potestades indebidas en el poder administrador, lo cual va en contra de la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consolidada en nuestro país como el antecedente de la Corte Suprema “Romero Cacharane” entre muchos otros.

6. Vulnera los principios de progresividad en la ejecución de la pena y de inocencia al sujetar la concesión de las salidas transitorias y cumplimiento de etapas de la resocialización a la valoración de que la persona se encuentre sujeta a un nuevo proceso, sin que haya condena ya que en ese caso no importaría el esfuerzo personal de una persona detenida, su evolución en el tratamiento penitenciario, ni las calificaciones de conducta y concepto que alcance con base en su comportamiento intramuros.
Tampoco puede restringirse o supeditarse la libertad según la disponibilidad de dispositivos electrónicos o a una evaluación de equipos de trabajo infundadas sobre el futuro que nadie puede conocer con antelación y menos ello ser utilizado en contra de una persona.

Cuestiones específicas
Los problemas más concretos y puntuales que vemos en el marco de esta reforma.
1. Mayores requisitos para la progresividad de la ejecución de la pena: en tiempo, evaluaciones de órganos administrativos y yuxtaposiciones de intervenciones de equipos interdisciplinarios que tornan más engorroso el procedimiento. Esta superproducción de informes técnicos redunda en indefinición de plazos en la resolución de las peticiones y un aumento desmedido de trámites burocráticos.

2. Se traduce en una militarización o fortalecimiento de las áreas de seguridad (bajo el concepto de custodia y represión) por sobre las áreas de profesionales de la salud, educadores, psicólogos, trabajadores sociales, programas de empleo genuino, oficios. Es decir, es el fortalecimiento de la faz represiva por sobre la resocializadora.
Asimismo, se pone a trabajar a los cuerpos técnicos en funciones dictaminadoras, en desmedro de un rol activo en la concreción de los derechos de las personas privadas de la libertad, la creación de condiciones particulares para lograr el pleno ejercicio de derechos que los internos avancen en los objetivos resocializadores y en consecuencia, que el objetivo de la ley de ejecución penal se cumpla.

3. La única forma de reducir estos efectos negativos de la cárcel es mediante mecanismos de desprisionización, y que deben producirse bajo el criterio de promoción de la libertad, criterio contenido en la ley vigente y que el texto proyectado desnaturaliza, haciendo de la ejecución de la pena compartimientos estancos.
Las formas de desprisionización son la correcta aplicación y consecuente reducción del uso de la prisión preventiva (recomendada por todos los órganos internacionales que orbitan en nuestro orden internacional), la implementación de medidas no privativas de la libertad, la efectivización del menor tiempo que proceda en centros de máxima seguridad, favorecimiento de modalidades de semilibertad y confianza en el autogobierno (salidas transitorias, libertades anticipadas).

4. Inconstitucionalidad de ampliación de requisitos para la evolución en las etapas de la progresividad: la ampliación del elenco de delitos para los cuales lisa y llanamente se establece la improcedencia de salidas anticipadas, advertimos que se vincula con fortalecimiento de la prisionización y recae sobre tipos penales sensibles al sistema punitivo, especialmente a los delitos contra la propiedad que de alta incidencia de prisionización en el país.
Y si bien el proyecto presenta una serie de normas relativas a las penas en la función pública, sabemos claramente que sea por las dificultades en la investigación o por connivencia, los presos por delitos relacionados con la corrupción, no sólo no abundan en el sistema penitenciario, mientras que los delitos que sí llenan las cárceles y que se relacionan con delitos contra la propiedad, generalmente vinculados a problemáticas sociales más amplias que la “conducta desviada” y que se vinculan a los procesos de ajuste en las economías y déficit de las políticas públicas, particularmente las políticas de empleo.
Según la SNEEP la incidencia de los delitos de la propiedad (robo, hurto y otros delitos contra la propiedad), dan un 44% a nivel nacional y 39% para el sistema federal exclusivamente.
La jurisprudencia se expresó respecto de la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24.660, en cuanto veda la concesión de salidas transitorias para determinados delitos, es inconstitucional porque vulnera los principios constitucionales de igualdad ante la ley, razonabilidad de los actos republicanos de gobierno, el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y el sistema progresivo para la consecución del fin preventivo.
Si el interés está en dar respuesta a la problemática de la reincidencia, consideramos que deben ser tratados con urgencia en la comisión dos proyectos ingresados recientemente que operan en el nudo de la problemática de reinserción: uno referido a la modificación de art. 64 de ley de cooperativas que en la actualidad impide a las personas que registren antecedentes penales integren cooperativas, que en muchos casos son la única opción laboral que encuentran los liberados para sustentar sus proyectos vitales y sostener a sus familias y la otra es la ley de cupo laboral, ambos proyectos operan en el sentido de reconocer en las personas privadas de la libertad a trabajadores y trabajadoras, en muchos casos desocupadas o precarizados, es a través del trabajo genuino que vamos contribuir al objetivo de reducción de la reincidencia, además de las otras necesarias reformas de las que es susceptible la ley actual, que ameritan un amplio debate que integre a todos los órganos estatales (defensoría oficial, procuración penitenciaria, Procuvin, defensor del pueblo), organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y sociales que trabajan con la población y asimismo, debe abrirse el debate a la realidad de cada una de las provincias.

 

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