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Primera audiencia del juicio a dos represores de la CNU La Plata

En la audiencia de inicio del debate se escuchó la contundente prueba contra los represores Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares por su responsabilidad en los secuestros, torturas, homicidios y robos en los 7 casos que forman parte del juicio. Los represores se negaron a declarar, pero se definieron víctimas de la última dictadura. Además la querella de Justicia Ya La Plata logró la laicización de la sala de audiencias de la Cámara Federal. Las audiencias continúan este mièrcoles 17 d emayo a las 10.00 en los Tribunales Federales de 8 y 51. Por HIJOS La Plata

La acusación
El grueso de la primera audiencia del juicio a los dos represores de la CNU La Plata, Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, se dedicó a la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio que hace casi tres años presentó el Ministerio Público fiscal en la instrucción de la causa.

Castillo llega acusado como coautor material de los homicidios doblemente calificados de Carlos Domínguez y Leonardo Miceli, la violación de domicilio y los secuestros simulando orden de autoridad pública sobre Domínguez, Miceli y Roberto Fiandor, el robo con arma en el caso Domínguez. En tanto a ambos represores se lo acusa de los homicidios doblemente calificados de Néstor Dinotto y Graciela Martini, los secuestros y torturas sufridos por éstos y por Daniel Pastorino y Adelaida Barón. Es de destacar que en los 7 casos, agrupados en 3 hechos, existen testigos sobrevivientes de los operativos cuyo relato será central en el debate para reconstruir lo sucedido.

El requerimiento fiscal contextualiza los hechos en el marco de la persecución a delegados gremiales combativos y a activos militantes de la izquierda platense en que se sucedieron los hechos. En febrero del 76 los trabajadores del Hipódromo platense se hallaban en conflicto por salarios, habían acordado huelga y sus dirigentes habían sido amenazados por los pesados de la gobernación. El 12 de febrero de ese año fueron secuestrados en sus domicilios de zona norte de la ciudad Carlos Domínguez (presidente de la Agremiación de Empleados del Hipódromo) y el testigo-victima N 6 de este juicio, empleado del Hipódromo. El testigo 6 se escapó del baúl del auto en que lo llevaban en la ruta 11 a Magdalena, mientras el cadáver de Domínguez fue hallado el mismo día con 37 disparos al costado de la ruta 20 entre Vieytes y Magdalena. Un dato revelador es que la familia de Domínguez denunció que el grupo que lo secuestró estaba integrado por 4 represores, dos de civil y dos con ropa militar, y que una máquina de escribir robada en el operativo fue secuestrada posteriormente en la casa de Castillo el 30 de abril del ‘76.
Un hecho posterior confirma el ensañamiento de la CNU con los trabajadores del Turf: los secuestros y asesinatos de Eduardo Julio Giaccio, Ernesto David Rojas y los hermanos Oscar Gerardo y Raúl Alberto Arabel, estudiantes universitarios y activistas gremiales en el Hipódromo, cometidos una semana después del crimen de Domínguez y que no forman parte de este juicio.

El segundo hecho se refiere a los asesinatos de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, quienes fueron secuestrados mientras circulaban en auto por Villa Elisa el 3 de abril del '76, junto a una pareja sobreviviente del hecho. Los sobrevivientes, testigos N 1 y 2 en este debate, relataron en el Juicio por la Verdad que la patota disparó a las ruedas del vehículo que ocupaban, y tras cargarlos en otro auto les hicieron un simulacro de fusilamiento en Camino Centenario, los llevaron a la casa operativa de diagonal 113 y 64 en donde torturaron a Dinotto y Martini. La pareja fue liberada en calle 2 y 32 de La Plata. Las víctimas aparecieron acribilladas al día siguiente en el barrio Los Porteños de City Bell, con las manos atadas en la espalda y los rostros tapados con sus ropas.

El tercer hecho a juzgar en el debate será el referido al secuestro y asesinato del militante de Montoneros Leonardo Miceli ocurrido el 19 de abril del 76 y realizado por un grupo de 20 mercenarios con armas largas y a cara descubierta. Miceli fue detenido en su casa del sur de la ciudad, el mismo día que Carlos Sathicq y Horacio Urrera. Los tres cuerpos fueron encontrados flotando en el arroyo Santo Domingo en Sarandí y entregados a los familiares desde la comisaría 4ta de Avellaneda. Miceli y Sathicq eran empleados y delegados en la empresa Limpiolux, contratista de la entonces Propulsora Siderúrgica del grupo Techint para la limpieza de las instalaciones de su planta de Ensenada. Urrera era militante peronista, estudiante de derecho y delegado en Rentas, donde estaba enemistado con grupos de la CNU. Por diversas defecciones de los jueces de instrucción de esta causa, Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, se fragmentó la unidad de hechos pese a tratarse de un mismo operativo y con el mismo destino final, se elevó a juicio solo el caso de Miceli.


Pobres víctimas
Al momento de las indagatorias, tanto Castillo como Pomares se negaron a declarar. Sin embargo se extendieron respondiendo preguntas personales de rigor, pretendiendo hacerse pasar como víctimas de la última dictadura.

En tono tranquilo pero firme Pomares, de 62 años, dijo que “desde la cuna me dicen Pipi”, que tiene estudios secundarios y que su último trabajo fue como asesor del senador provincial del FPV y secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Mosse. Al ser preguntado por sus antecedentes penales relató: “Condenas tuve en el golpe de Estado. Fui secuestrado, torturado y estuve 4 años preso. Fui puesto a disposición del Poder Ejecutivo y juzgado en Tribunal de Guerra”.
Con acento más beligerante Castillo, de 64 años, aseguró que se recibió como “Licenciado en Ciencias Políticas” y como última ocupación se “me he dedicado a la actividad privada”.

En cuanto a sus antecedentes se explayó: “Estuve detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y del Consejo de Guerra 11/1 de la justicia penal a partir del 29 de abril de 1976. Le explico: junto con mi mamá, mi esposa, mi hermano y mi tía. Mi mamá murió estando detenida. Nosotros estuvimos 1 año desaparecidos hasta que fuimos legalizados, en virtud de una ley del gobierno militar que nos declaraba fuera de la ley el 27 de abril de 1976. Como organización, por supuesto”.
No es la primera vez que represores de la CNU intentan presentarse como víctimas de la represión de Estado. De hecho por lo menos 5 de sus integrantes cobraron la indemnización que establece la ley 24.043, que beneficia a quienes hayan sido juzgados por tribunales militares o hayan estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo durante la última dictadura cívico-militar. Entre ellos Castillo, Pomares, Gustavo Fernández Supera (alias El Misto), Dardo Omar Quinteros, Martín Osvaldo Sánchez (alias Pucho) y Alfredo Ricardo Lozano (alias El Boxer), este último testigo “arrepentido” en este juicio.

El rol de víctimas no les sienta nada bien a estos dos represores, porque su derrotero de criminales es harto conocido en La Plata. A partir de 1974, la CNU coordinaba los atentados con el Jefe de la Unidad Regional de La Plata, Comisario Masulli. Este liberaba las zonas para los operativos a través del Oficial principal Julio César Garachico, torturador de Jorge Julio López en el Centro Clandestino “El Pozo de Arana” y el Suboficial Mayor Juan Bilardo. En efecto, tras un largo período de andanzas con las patotas de la CNU al servicio del gobierno provincial de Victorio Calabró, Castillo y Pomares fueron detenidos durante la dictadura. El 30 de abril de 1976 el Ejército, con el debido apoyo de la Unidad Regional La Plata de la policía, allanó la casa en que vivía el “Indio” con su madre. Hallaron un arsenal. Pomares fue detenido en mayo del mismo año cuando los grupos fueron desactivados por orden del jefe del Área de Operaciones 113 del Ejército, coronel Roque Carlos Presti. La caída en desgracia de la patota iba en consonancia con la voluntad de las Fuerzas Armadas de ejercer el monopolio represivo, y se cristalizó en la declaración como organización ilegal y posterior disolución de la CNU que determino la Ley 21.325 de julio del '76.

Sin embargo que estuvieran fuera de circulación no les impidió seguir actuando. En el testimonio del sobreviviente de los CCD de la Armada y Prefectura Luis Ricardo Córdoba, tanto en Juicios por la Verdad como en el juicio a la FT5, se afirma que aún presos en la Unidad 9 los grupos seguían accionando: “existía un grupo de detenidos, que después nos enteramos, era un grupo del CNU, y conversaba con nosotros y contaban un montón de atrocidades que hacían. En la Unidad 9 existía un grupo, que correspondía según ellos al C.N.U., entre ellos un tal Castillo, Pomares y otros. Para nosotros no estaban ni detenidos”. El dato fue corroborado por uno de los represores de la U9, el penitenciario Raúl Aníbal Rebaynera (alias el Nazi), quien en su indagatoria del juicio realizado en La Plata en 2010 ubicó a las patotas de la CNU como alojadas en el pabellón 11 del penal.

Salido de prisión con cobertura policial y militar, el “Indio” pasó a integrar los grupos de tareas de la dictadura en varios CCD del Circuito Camps. Con varias entradas y salidas de prisión en causas por robo, atentados y tenencia de armas, en los '80 se vinculó a los mandos carapintadas y trabajó para el Modín de Aldo Rico. Desde HIJOS La Plata lo escrachamos en su guarida impune en la ciudad en 1998. Detenido en la ciudad cordobesa de Villa General Belgrano en 2011 y en 2013 condenado a 2 años y 8 meses por llevar un DNI falso. La “actividad privada” a la que se refirió en la indagatoria incluye el regenteo de seguridad privada y negociados en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) que conducía el patotero Omar “el caballo” Suárez, hoy preso por el uso de fondos sindicales para negocios personales. En el caso de Pomares, era asesor del bloque del Frente para la Victoria en la provincia hasta que fue detenido en esta causa. Siempre vivió de cargos en el Estado: entró al municipio en la gestión de Julio Alak y se sostuvo hasta la de Pablo Bruera. Es defendido por Oscar Salas y Christian Romano, abogados que en total muestra de coherencia representan al comisario Luis Raúl Ponce en la causa por la desaparición de Andrés Núñez, y que pretenderán blanquear la imagen del “Pipi” con constancias de su pasado en el Servicio Penitenciario, el Hipódromo, la Lotería, la Legislatura, la Municipalidad, el club Gimnasia y Esgrima de La Plata y hasta un diploma de “militante ilustre del Partido Justicialista de La Plata”. No es casual entonces que se supiera en noviembre de 2014 que un sobreviviente recibió durante dos años amenazas de un teléfono que, según determinó la Justicia, se hallaba en la Contaduría General de la Municipalidad
de La Plata, en donde tenía un cargo alto la ex esposa de Pomares, Susana Gordillo, esposa del concejal por el FPV Fabián Lugli.


Estado laico a la fuerza
Al inicio de esta primera audiencia la querella del espacio Justicia Ya La Plata realizó un planteo para que se retire de su sitio el enorme crucifijo con Cristo incluido que preside las audiencias ubicado sobre las cabezas de los jueces. El planteo se basó en una petición de varias víctimas de este juicio que sentían en la omnipresencia del crucifijo el peso de una simbología negativa y que no garantiza el principio de imparcialidad en el proceso, entendiendo que todos los aspectos que impliquen al debate oral deben estar dotados de este principio, incluida la sala pública. Tras una breve deliberación, y con la oposición de las defensas de los represores, el Tribunal decidió hacer lugar al pedido, si bien difirió su efectivización a una cuestión burocrática con la Superintendencia de la Cámara Federal platense, a quien corresponde la sala.

El planteo lo desarrolló la compañera abogada Pía Garralda de la Asociación de Profesionales En Lucha (APEL), que recordó que la ideología católica era uno de los pilares de la CNU, citó los antecedentes de la Corte Suprema y la Procuración General que ordenaron retirar varios símbolos religiosos de las sedes de esos organismos y fundó el pedido en la directa vinculación entre la Iglesia Católica y la última dictadura cívico-militar, no sólo por haber bendecido el Genocidio hace 40 años, sino también por buscar hoy la reconciliación como impunidad.

Más que una anécdota, el hecho es un verdadero acierto de la querella de Justicia Ya, que debería ser imitado en todas las salas de audiencias de la justicia argentina. Además demuestra que las posiciones laicas deben ser activas porque muchas veces, especialmente en la era Bergoglio, el Estado pregona su imparcialidad mientras no deja de otorgar beneficios económicos y privilegios simbólicos a la Iglesia Católica.

 

 

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