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No se trata de hechos aislados, producto del accionar de algún policía “loquito” o “excedido”; la cantidad de casos de gatillo fácil y violencia policial que se difunden permanentemente dan cuenta de un modus operandi propio de las fuerzas de seguridad. Según la Comisión por la Memoria, en 2016 hubo al menos 110 muertes provocadas por agentes en la provincia de Buenos Aires. Los datos registrados en lo que va de 2017 indican que la cifra sigue en aumento. Red Eco Alternativo

(Red Eco) Buenos Aires - El juez Osvaldo Rappa dictó el procesamiento con prisión preventiva del policía Adrián Gustavo Otero, que el 15 de julio pasado le disparó a Cristhian Toledo de 25 años, habitante de la Villa 21-24 de Barracas, conocido como "Paragüita".

Al agente se lo investiga por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de miembro de una fuerza de seguridad por el crimen de Toledo, pero además por tentativa de homicidio agravado contra uno de los dos amigos que acompañaba a la víctima en ese momento.

La querella, patrocinada por Correpi, adelantó que apelará la medida del juez en un solo punto, ya que considera que el procesamiento debe incluir la tentativa de homicidio agravado en relación al segundo amigo de Toledo.

“Adrián Gustavo Otero tomó ventaja de su condición de efectivo policial para arremeter contra la vida de los damnificados, pues utilizó su entrenamiento, el armamento y parte de las municiones provistas por la fuerza para perpetrar el crimen”, indica la resolución del magistrado, quien tuvo en cuenta que el agente disparó al menos siete veces contra Toledo y sus amigos, y desde distintas posiciones. Esto quedó probado a partir de las vainas halladas en el auto del policía y por los impactos en el vehículo en el que iban los jóvenes que recibió proyectiles de frente, atrás y en los laterales.

El fallo también desestimó los argumentos de Otero, quien – como es habitual – alegó que actuó en defensa propia porque quisieron robarle. “No había amenaza alguna contra la persona del imputado. De ahí que no pueda sostenerse que Adrián Gustavo Otero haya actuado en legítima defensa”, señala el dictamen.

El de Otero no es un accionar aislado de un agente policial, sino que es la forma habitual con la que se manejan los miembros de las distintas fuerzas de seguridad, incluso estando fuera de servicio. El fin de semana pasado cuatro agentes policiales salían de un festejo en la zona oeste de Quilmes, se encontraban reunidos en la calle, fuera de servicio, cuando escucharon gritos y corridas y dispararon contra un grupo de chicos que pasó por allí corriendo. Tanto los agentes como la prensa argumentaron que los jóvenes escapaban de un robo, pero lo concreto es que una de las balas policiales impactó en la cabeza de Matías Banuera de 14 años, que murió en el acto.

Hace menos de dos semanas otro chico de 14 años también fue asesinado por otro agente en la localidad de San Martín. 

En los últimos días, la Comisión Provincial por la Memoria difundió datos preliminares del año 2016 del Registro de Violencia Policial.

Según el informe, 110 personas murieron durante el año pasado por el uso de fuerza letal de efectivos de fuerzas de seguridad y policiales en la Provincia de Buenos Aires. En el 64% de los casos la fuerza involucrada fue la Policía Bonaerense, en el 15% la Policía Federal Argentina, 11% la Policía Local, y un 3% la Metropolitana.

En el 61% de los casos relevados los efectivos se encontraban fuera de servicio al momento del hecho. En cuanto a la edad de las víctimas, cerca del 70% tenía menos de 30 años. De los 53 casos en los que se pudo precisar la edad, un 8% era menor de 16 años, 11% entre 16 y 17 años, 26% tenían entre 18 y 24 años, un 28% entre 25 y 29 años, y 26% de 30 o más años.

Algunos hechos de violencia policial logran llegar a juicio. Tal es el caso de Héctor Eusebio Sosa, chofer e inspector del Centro de Operaciones de Tigre, y Gustavo Castillo, sargento de la Policía Bonaerense, quienes serían jusgados a partir de este miércoles 2 de agosto por haber golpeado a un trabajador.
Sin embargo, menos de 24 horas antes, el Tribunal Criminal nº 3, a pedido de la defensa de Sosa, lo suspendió. Hoy, apenas unos minutos antes de que terminara el horario de atención al público en tribunales, su defensor particular renunció. El defensor oficial que así entró a escena pidió de inmediato el aplazamiento del debate para estudiar la causa, y el juicio se suspendió.

El hecho ocurrió en octubre del año pasado en una estación de servicio de la localidad de Benavídez. José Ojeda, un repartidor de harina, les había pedido a los agentes que corrieran el móvil policial para poder seguir con el reparto, pero sin mediar palabras recibió como respuesta un culatazo en la cabeza por parte de Castillo, que le generó una grave herida cortante y sangrante. En tanto, Sosa lo inmovilizó aplicándole una llave en el cuello. Luego, Ojeda fue detenido acusado de “resistencia a la autoridad”. También fueron apresados tres compañeros que intentaron defenderlo.

Desde CORREPI denunciaron esta nueva maniobra que busca la impunidad de los represores, y exigieron que el Tribunal Criminal nº 3 fije nueva fecha sin demoras, sin más guiños a la policía de Massa y Vidal.

Desde “Chau COT” denuncian además que Sosa fue acusado por haber fusilado a tres jóvenes entre 1999 y 2006 y que siempre resultó absuelto por la justicia. Por mencionar solo uno de los casos, en febrero de 1999 corrió junto a otros agentes a dos jóvenes de 15 y 17 años por los pasillos de la Villa 25 de la localidad de San Fernando. Cuando finalmente los encontraron, luego de que se escondieran en la cocina de una vecina, y a pesar de que uno de ellos les aseguró que se iba a entregar, les dispararon. Uno de ellos, Víctor Manuel Vital de 17 años, recibió tiros en el tórax, la cabeza y la axila, el último fue en la mano con la que se cubría la cara. Por este crimen, Sosa quedó impune y fue ascendido a sargento en 2002.

A su vez, “Chau COT” advierte que el Tribunal N°3 de San Isidro, donde se desarrollará el juicio contra Castillo y Sosa, tiene un historial de brindar impunidad a la policía: “En el 2005 absolvió al mismo Sosa por el asesinato del ‘Frente’ Vital. Dos años antes condenó a la pena mínima y a uno sólo de los policías que durante una persecución con más de 30 patrulleros y 100 disparos, mataron a Alejandro Levickas y un ladrón que huía. En 2005 absolvió al policía que disparó en Villa Loyola y mató a la nena Florencia Ramírez que miraba TV en su dormitorio. Condenó a la pena de 3 años de prisión en suspenso al policía federal Pablo Alcides Barros, que en una fiesta de 15 mató por la espalda a Carlitos Bustamante de 21 años, cuando el pibe se iba, después de reprocharle al policía que anduviera disparando tiros al aire”, detallaron.

En este sentido se hace imprescindible la movilización para alcanzar la justicia para el trabajador José Ojeda.

Fuentes: Anred / Andar / Correpi

 

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