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Crímenes de lesa humanidad en Jujuy: un fallo con aroma a PRO

Este jueves se conoció la sentencia en el quinto juicio de lesa humanidad en Jujuy en la causa en la que se juzgaba a seis policías de la ciudad de San Pedro por hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar, el 76 y el 77. Para Virgilio Sergio Aldana el pedido de la fiscalía fue de ocho años de prisión, le dieron 1. Se solicitaron 25 años de prisión para Oscar Francisco Guzmán, Francisco Lauralicio Díaz y Ramón Sánchez, y los condenaron a 13. Los 15 años pedidos para Aída Isabel Ruíz fueron 4 y para Arturo Rubén Morales, el principal denunciado, de los 25 solicitados el tribunal los condenó a 12. Por Colectivo Radio Pueblo (integrante de la RNMA)

 

La audiencia de la sentencia y sus mismos momentos pueden expresarse con una sola palabra: resumidas.
 
Resumidos fueron los momentos del ejercicio del derecho a las últimas palabras por parte de los imputados antes de la sentencia, pues la mayoría  renunciaron a su derecho de expresarlas. Sólo Arturo Morales y Francisco Díaz hicieron uso de este derecho, en el último caso sólo para expresar una corta frase alegando inocencia y en el caso de Morales para, no menos espartanamente, reforzar la estrategia de la defensa alegando que su hermano, también indicado como parte de la patota policial y muerto sin juicio al respecto, fue el verdadero responsable de los casos aquí juzgados.

Pero, en una Argentina cuyos lineamientos estatales pasan por otorgar prisiones domiciliarias a los genocidas, el intento de imponer el 2x1 y el pedido de penas bajas a los responsables de la represión paraestatal de la dictadura, las sentencias también fueron “resumidas”.
 
Para Virgilio Sergio Aldana el pedido de la fiscalía fue de ocho años de prisión, le dieron 1. Se solicitaron 25 años de prisión para Oscar Francisco Guzmán, Francisco Lauralicio Díaz y Ramón Sánchez, a los cuales les terminaron dando 13, los 15 años pedidos para Aída Isabel Ruíz se convirtieron en el tribunal en 4 y para Arturo Rubén Morales, el principal denunciado, de los 25 pedidos el obsequioso fallo del tribunal fue darle 12.
 
En algunos de los casos específicos que contenía la causa hubo absoluciones, siendo la más desconcertante la absolución “por el beneficio de la duda” de Arturo Rubén Morales respecto del delito de “homicidio” por la desaparición de Víctor Jesús Segura, quien continúa desaparecido.

Las violaciones sexuales en el marco de las detenciones ilegales, acreditadas durante las audiencias -   y que habían pedido las partes acusantes incorporar a la causa en tanto crímenes de Lesa Humanidad, dado su carácter sistemático y su relación con los distintos métodos de castigos y quiebre de resistencia implementado durante el terrorismo de Estado - recibieron una negativa también muy resumida: por unanimidad el tribunal resolvió: “hacer lugar parcialmente a la nulidad de las acusaciones en cuanto excedieron el objeto procesal del juicio”.

Los dos últimos párrafos pueden resumirse de manera tan espartana que haga aflorar el cinismo que contienen: sí, hay desaparecidos en Jujuy, pero no hay culpables; sí hubo violaciones y hasta fueron sistemáticas (sistematicidad que queda acreditada en este y en otros juicios de Lesa que hubo en la provincia), pero no son el objeto de juzgamiento en juicio por crímenes de Lesa.
 
Acaso en tiempos de 2x1 y domiciliarias no es de esperar que un Poder Judicial que ha dado muestras de ser siempre oficialista falle a los lineamientos definidos.

Pero como también son los crecientes tiempos del MMLPQTP, de las resistencias obreras y de los feminismos combativos recuperando los cuerpos y las calles, resultaba estimulante escuchar a la secretaria del juzgado tener que forzar un poco la voz para que no fuera tapada por el barullo y los cánticos que venían desde la calle y ascendían hasta el primer piso donde se realizaba la audiencia colándose por una rendijilla del ventanal y retumbando en la sala al compás de “Se va a acabar, se va a acabar, esa costumbre de violar”.

En efecto, un contingente formado por integrantes organizaciones de DDHH, organizaciones feministas y organizaciones sociales se congregó, pese a la lluvia, en las puertas del tribunal a exigir la carcel común, perpetua y efectiva a los imputados por crímenes de Lesa Humanidad, y en particular la inclusión del delito de violación como parte de los crímenes de Lesa Humanidad.

Tras la lectura del fallo (pertinentemente otra definición de la palabra es error) el contingente permaneció, cantando más fuerte si cabe, y recibió a la columna de quienes salían raudos de las salas del juzgado (muchas, mujeres con pañuelos verdes) para expresar su bronca y su repudio a la sentencia y permanecer con ese ímpetu hasta que saliera el último genocida del edificio.
 
Acaso las palabras de Élida Garnica, una de las víctimas de este juicio, que tuvo que esperar 41 años para lograr una sentencia, condensen el significado del momento y sus correlatos: “concluye una etapa de mi vida, pero me da las fuerzas. Ahora sí que voy a tener más fuerza, para luchar por los demás”.

Y si bien las condenas no fueron las esperadas, los desaparecedores de Segura no fueron juzgados y los delitos sexuales no fueron incluidos como crímenes de Lesa Humanidad, quedó en evidencia que hay cada vez más fuerzas en las calles para luchar por ello.
 
Y es que son esas fuerzas las que abren los caminos, ellas son las ganancias reales al final de cualquier proceso, más aún los formales, porque son las encargadas de todos los procesos, que acatará la Justicia, en la medida que se erijan en poder.
 
Víctor Jesús Segura y todos desaparecidos y desaparecidas lo sabían, por ello luchaban, estaban seguros de ello, sin beneficio de la duda.
 
Colectivo Radio Pueblo
 

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