Lo hizo Abuelas de Plaza de Mayo ante la decisión del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín de conceder este beneficio al ex número 2 del Ejército, condenado en noviembre de 2017 a 4 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Alfonso obtuvo la excarcelación tras cumplir dos tercios de la condena, por allanamiento ilegal y secuestro de la embarazada Beatriz Recchia y de su hija Juliana Inés García.
En aquel juicio, en el que además resultó absuelto por el asesinato de Antonio Domingo García ocurrido en el mismo operativo, las querellas y la fiscalía habían solicitado la pena de prisión perpetua. Los jueces Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez consideraron, en su sentencia, que se trataba de crímenes de lesa humanidad y dieron por probada la participación de Alfonso en el allanamiento ilegal en Villa Adelina y en los secuestros, a pesar de lo cual lo condenaron a la pena mínima de 4 años.
A fines de 2017, Abuelas de Plaza de Mayo recurrió tanto la absolución como la pena, requerimiento que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver. A pesar de esto y de la oposición del Ministerio Público Fiscal y las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y Juliana Inés García, porque consideran que se encuentra acreditado el peligro de fuga de Eduardo Alfonso en función de sus antecedentes, el Tribunal concedió la excarcelación por entender que bastaba el cumplimiento del requisito de los dos tercios de la condena y de su buena conducta en el penal.
Antes de ser juzgado, Alfonso llegó a ser Secretario General del Ejército durante la jefatura del General Ricardo Brinzoni. Fue detenido y procesado recién en diciembre de 2008, pero en agosto de 2009 la Cámara Federal de San Martín lo liberó. En 2012, ante una nueva orden de detención, se fugó a Paraguay, donde vivió cuatro años con documentos de identidad falsos. “Con estos antecedentes, resultan insuficientes las medidas que adoptó el tribunal -prohibición de salida del país, caución real y el monitoreo electrónico- para neutralizar el riesgo de fuga”, afirmaron desde Abuelas de Plaza de Mayo.
Ante esta situación, los organismos de derechos humanos solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal celeridad en su resolución, además de rechazar la excarcelación decidida por los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín.
