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Para proteger la vida e integridad de las personas detenidas

Organizaciones de derechos humanos solicitaron la ampliación de medidas cautelares para la protección de la vida e integridad física de todas las personas alojadas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Fue en el marco de una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

Durante el encuentro se analizó la grave crisis humanitaria que atraviesan las comisarías bonaerenses. Los Estados nacional y provincial reconocieron esta situación, pero no propusieron acciones para revertirla, ni para evitar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en esos ámbitos. Ante esto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitaron medidas urgentes a la Comisión.

Cabe señalar que la cantidad de personas detenidas en comisarías creció un 26 % el último año, y acumula un 121% desde el inicio de esta gestión de gobierno. Actualmente, 4.129 personas se alojan en 1.021 camastros.

De las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas. Pese a ello, se desobedecen órdenes judiciales y administrativas de clausura, por lo que 118 aún siguen alojando detenidos de manera ilegal.

Esta sobrepoblación y hacinamiento extremo provocaron 68 muertes desde diciembre de 2015 a la fecha. Por citar solo dos ejemplos: el 2 de marzo de 2017, fallecieron 7 personas durante un incendio en la Comisaría 1ª de Pergamino; el 15 de noviembre pasado, en un hecho similar, otras 9 personas murieron en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, que se encontraba clausurada por orden judicial y por lo tanto inhabilitada para alojar personas. Sin embargo, había allí 26 detenidos en un lugar que, según informó la propia policía, sólo podía alojar a 10. Esta comisaría no contaba con sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y no contaban con colchones ignífugos.

Las organizaciones sociales aseguraron que estas condiciones deficientes de detención se reiteran en todos los establecimientos policiales, por lo que advirtieron que, de no resolverse esta situación de manera urgente, se provocarán nuevas muertes de personas detenidas. Al finalizar la reunión, el comisionado Luis Vargas Silva de la CIDH señaló la gravedad de la situación y la falta de toda respuesta estatal. Se espera que a la brevedad la Comisión en su conjunto se exprese y exija acciones inmediatas para revertir las condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad en las comisarías bonaerenses.

Fuente: Agencia Andar

 

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