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Código Contravencional Jujeño: la punitividad al palo

Tras unas groseras aberraciones jurídicas el gobierno jujeño parece haber encontrado su herramienta punitiva preferida contra la protesta social en el ampliamente ambiguo código contravencional local, no exento, sin embargo, de nuevas aberraciones. Un breve racconto de algunos de los casos más visibles.

(El Foco Insurgente) Jujuy- Los excesos punitivos en Jujuy tienen ribetes grotescos, por citar las más relevantes se pueden mencionar el ingreso ilegal de la policía provincial a la facultad de Agrarias, de la Universidad Nacional de Jujuy. O la detención inicial de Milagro Sala, rechazada hasta por sus principales opositores a sabiendas se inauguraba allí un modus operandi que ya amenazaba ser el mascarón de proa de una avanzada represiva contra cualquier grupo que realizara una protesta. O los 11 pedidos de detención por “atentado contra la autoridad agravado por poner manos a la autoridad” -algunos ejecutados ingresando a punta de pistola a las viviendas- a algunos de quienes participaron de las protestas frente a la legislatura en la sesión de apertura y del discurso de morales el 4 de abril de 2018 (e incluso a quienes no, como veremos a continuación), cuando fueron ampliamente reprimidos con disparos y gases irritantes desde detrás de amplios vallados que impedían acercarse siquiera al edificio. O la detención, en medio de un desmedido operativo policial, de estudiantes y docentes de los CEIJA, al principio imputados de “turbación de la posesión”, como si atarse a las rejas exteriores de la Casa de Gobierno fuera usurparla o impedir usar alguno de sus 3 ingresos, hecho que, para más inri, se sazonó con la detención de una concejal en funciones y hasta la del abogado que cumplía funciones de asesoría al grupo.

Pero también parece que este último caso mencionado conllevó, acaso por su evidente mamarracho punitivo, un cambio de táctica, pues a lxs docentes y estudiantes de los CEIJA -la concejal y el abogado fueron convenientemente apartados con débiles argumentalinas- fueron desestimadxs de la carátula inicial, y por ende del tipo de tribunal que los esperaba, y están siendo juzgados ahora, a buen juicio de su abogada, Maia Hirch, del CEPRODH, de manera igualmente aberrante, pues equivale a ser procesados dos veces por el mismo hecho, esta vez por la justicia contravencional.

En este caso, como en otros que veremos a continuación, la justicia contravencional jujeña parece haber asumido el rol persecutorio, punitivo y cuasipenal que otros códigos, más precisos, o al menos con menores espacios para laxitudes interpretativas, no parecían satisfacer.

En el caso de los CEIJAs -y comodín preferido, pues figura en todos los casos observados- el artículo 113 es el elegido. El primer fragmento de este reza:

“Permanencia en espacios públicos y/u obstaculización de la circulación vehicular.

Art. 113. Serán sancionados con hasta nueve (9) días de trabajo comunitario, multa de hasta cinco Unidades de Multa (5 UM) o arresto de hasta tres (3) días, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.”

La amplitud de este artículo permite que, como dijo Hirch, no se defina una acción concreta que deba estar haciendo la persona para ser sancionada, simplemente “estar ahí”, lo que explica cómo un grupo pegado a las rejas de casa de gobierno, que no cortaba la calle ni podía siquiera impedir el paso en una vereda de 7 metros de anchura fuera llevado a juicio.

El caso cuenta con otros ribetes, como la elaboración de un acta tardía y hasta con la fecha errada, pero acaso el dato más relevante sea que inauguró una nueva senda persecutoria para abordar a las otras manifestaciones de la protesta social mediante la amplitud punitiva que permite el Código Contravencional.

Al respecto, un caso relevante es la imputación en setiembre pasado de Carlos "el perro" Santillán, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) por los artículos 99 (Portación ilegal de armas), 100 (Uso indebido de armas y encendido de fuego en sitios públicos) y el ubicuo artículo 103 de este mismo código durante las ya mencionadas protestas frente a la legislatura durante el discurso del gobernador Gerardo Morales en la sesión de apertura el 4 de abril de 2018.

La inteligencia y los materiales fílmicos y fotográficos, drones incluidos, para perseguir a los manifestantes del 4 de abril no parecen haber sido suficientes para alertar a la justicia contravencional jujeña de un dato cabal: ni el perro ni el SEOM movilizaron ese día a la legislatura.

Tremenda metedura de pata punitiva, que en otros ámbitos más republicanos (palabra usual en el relato de cambiemos) hubiera tenido alguna honda repercusión institucional, se saldó, al decir del gremio, con un llamado del Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, manifestando se había cometido “un error”.

Sin embargo lo dicho la avanzada punitiva prosiguió. La última semana de 2018 el Partido Obrero, volviendo de una movilización realizada durante el juicio contravencional a los ya citadxs docentes y estudiantes de los CEIJA, “nos enteramos de que habían dejado una hojita debajo de la puerta, en el partido, en el que decía que tenía que presentarme en la comisaría para recibir una notificación de una acta contravencional. Después de consultar con los compañeros me presento y ahí me entero cuales son las cosas que se nos imputan y por qué hechos eran, y ahí vemos que era por lo de la marcha del 4 de abril, en la sesión de apertura y del discurso de Morales. Y ahí los cargos que se me imputan son 3, que son los artículos 99, el 100 y el 113 del código contravencional” mencionó Iñaki Aldasoro, Diputado Provincial por el PO-FIT.

El embate contiene los ya mencionados artículos del código contravencional y suma una novedad, que según Aldasoro “entendemos que hay un salto cualitativo, porque acá hay un ataque a una organización política como organización política, independientemente que la causa la hagan sobre mi, es por lo que hacía el partido, porque antes, o históricamente, se trataba de individualizar a alguien” y “ahora entendemos que es un salto cualitativo, porque es colectivo, a las organizaciones políticas, es una medida de evitar cualquier tipo de manifestación en contra”.

Y es que el artículo 7 del código contravencional indica además que cuando la falta fuera cometida “al amparo o en beneficio de una persona de existencia ideal o cualquier tipo de organización, tengan o no personería jurídica, éstas serán pasibles de las sanciones previstas en la presente Ley”, cuyas consecuencias, amén la amplia ambigüedad de lo actuado hasta ahora, pueden ser insospechadas.

Un botón de muestra sobre lo anterior. Preguntado Aldasoro por este medio sobre la imputación por el artículo 99 -”Portación ilegal de armas. Agravantes.”- refirió “Nosotros tenemos todavía que retirar todo el expediente, pero yo consulté en la comisaría cuando fuí a retirar el acta y lo que me dijeron es que se puede entender que un palo es un arma, cualquier cosa es un arma, o sea que le da una flexibilidad a este código contravencional represivo para que cualquier cosa sea un arma”.

Hace unos días, ya iniciado este febrero, diez meses luego de los acontecimientos del 4 de abril de 2018, el sorteo punitivo cayó sobre el PTS, con los mismos artículos del código, las mismas intenciones punitivas y las mismas laxitudes interpretativas, pues según Alejandro Vilca, Diputado Provincial por el PTS-FIT “se trata de una denuncia bochornosa porque el mismo código contravencional establece en su Art. 52. que la acción para perseguir faltas prescribirá a los seis meses".

Así, la autopista contravencional aparece plagada de baches, laxitudes, “errores” y lisas aberraciones jurídicas, pero una cosa sí parece segura: la carrera contravencional no para y la punitividad está al palo.

 

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