Organizaciones alertan ante el retroceso en políticas migratorias
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Miércoles 13 de Febrero de 2019
Es ante la decisión del gobierno de Jujuy de impulsar una nueva ley que determina el cobro de los servicios de salud a los migrantes que se establezcan en la provincia de manera transitoria; y del Ejecutivo de Chubut de firmar un decreto que prevé la expulsión de todas las personas migrantes que tengan antecedentes penales.
A través de un comunicado conjunto, organizaciones como Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES), Asociación Civil CineMigrante, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), señalan que ambas provincias adoptaron normativas que violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante.
Agregan que estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones en 2017: “Estas decisiones se basan frecuentemente en información falsa o distorsionada que busca asociar migración con criminalidad y encuentra respaldo en los discursos discriminatorios de algunas autoridades públicas”, aseguran.
Advierten a su vez que este giro en la política migratoria argentina ha derivado en casos extremos que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias, como es el caso de la expulsión a comienzos de este mes de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva junto a su hijo argentino de dos años. La joven fue obligada a dejar el país donde vivió por más de 15 años, sin haberse podido despedir de sus dos otros hijos, también argentinos, de 5 y 14 años: “Su trámite de expulsión tuvo inicio en 2015, luego de haber cumplido una sentencia en una causa por comercio de estupefacientes. Tras cumplir la condena buscó reinsertarse en la Argentina y se recibió de enfermera en un terciario. Pese a los diversos recursos presentados por su defensa, el 1 de febrero la policía fue a su domicilio con la excusa de que tenía que acompañar a los agentes para ‘firmar una notificación’. Vanessa llevó a su hijo menor de 2 años y dejó a los otros dos en casa. Fue trasladada a una celda sin luz ni agua y de ahí directo al Aeropuerto de Ezeiza. El lunes 4 (de febrero) a la tarde fue expulsada del país junto a su hijo menor y no sabe cuándo volverá a ver sus hijos más grandes”.
Ante esta situación, las organizaciones enviaron una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre estos hechos. Allí explican que estas medidas no sólo son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migraciones sino también incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes.
En este sentido, consideran que el Estado argentino debe derogar el DNU 70/2017 y disponer de las medidas administrativas y políticas necesarias para que en nuestro país se garantice la igualdad de derechos para las personas migrantes, el derecho a la vida familiar, la unidad familiar y el interés superior del niño: “Los discursos que asocian a la migración con la delincuencia o que buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y construir una sociedad con menos derechos para todas las personas”, cierran el comunicado.
