30 años sin Andrés Núñez

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Familiares y Amigos de Andrés Nuñez, HIJOS La Plata y el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata realizarán este lunes 28 de septiembre una jornada de memoria y lucha al cumplirse 30 años de uno de los primeros casos de desaparición forzada de persona en democracia. A partir de las 19, difundirán a través del facebook Justicia por Andrés Nuñez un video que recorre la lucha desarrollada por Mirna Gómez, esposa de Andres, en estas tres décadas.

Reproducimos comunicado:
Este 28 de septiembre se cumplen 30 años del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Andrés Alberto Nuñez, joven trabajador platense al que se acusó falsamente del robo de una bicicleta para descargar sobre él y su familia toda la furia asesina de la Maldita Policía Bonaerense. Sólo gracias a la lucha de su esposa Mirna Gomez y las organizaciones que la acompañamos la causa sigue abierta, con tres policías condenados a perpetua, uno prófugo y cuatro a la espera de juicio por encubrimiento. El aniversario de tres décadas de lucha contra la impunidad policial llega en un momento de escalada represiva sostenida por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, donde la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, con la excusa de haber roto la cuarentena del Covid-19, marca la continuidad de la desaparición forzada de personas en todos los gobiernos en Argentina.

CASO TESTIGO
La causa por la desaparición forzada de Andrés Núñez a manos de agentes de la Policía bonaerense es uno de los expedientes que más tiempo llevan abiertos en la justicia penal platense: 30 años, igual que el caso. Hasta ahora ha habido tres policías condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, uno prófugo y cuatro a la espera de juicio por encubrimiento. El caso de Andrés es una de las más de 220 desapariciones forzadas en democracia, como las más recientes de Luis Espinoza y Facundo Astudillo Castro.

Andrés Alberto Núñez fue secuestrado en su casa del barrio platense de Villa Elvira, en las calles 119 y 78, la madrugada del 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata. Con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a la sede de calle 61 e/12 y 13 donde lo torturaron con “submarino seco” hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia “El Roble”, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.

A 30 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos y las organizaciones que acompañamos el reclamo ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de buscar verdad y castigo a todos los responsables de los hechos. El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde, del jefe de la fuerza Pedro Klodczyck y del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez en los ’90.

En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos (muerto recientemente en prisión) y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos, sino que se movilizó todo el Grupo Operativo N°5 de Robos y Hurtos de la Brigada.

Aquel día Andrés había salido a jugar al fútbol y no llegó a casa hasta la madrugada. El grupo de la Brigada se presentó cerca de las once de la noche. Cuando estaba llegando el compañero de la madre de Andrés, Walter Di Pietro, lo confundieron con Andrés. Lo subieron al móvil, lo golpearon y lo devolvieron a la casa, tras constatar su identidad. Luego esperaron a Andrés: Gerez y Ramos irrumpieron en la casa y pidieron que les sirvieran café, mientras González y Dos Santos custodiaba desde el auto. Cuando llegó Andrés, cerca de las tres de la mañana, con su equipo de gimnasia y su bolso deportivo lo llevaron al fondo, donde lo golpearon y amenazaron. Tras el verdugueo su esposa pudo ver la campera de Andrés manchada por la pintura de la pared de la medianera cuando se lo llevaban.

Mirna y la mamá de Andrés realizaron la búsqueda por hospitales y comisarías. Recibieron el dato de la Brigada, y allí se dirigieron. En la sede policial les negaron la detención, pero se encontraron con la madre del joven Jorge David Guevara, que buscaba desesperada a su hijo que también estaba detenido y siendo torturado en la sede. A partir de ese contacto supieron que Andrés estuvo esa noche en la dependencia. Se contó esa noche con la actuación de varios encubridores del hecho: los policías Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Ernesto Zavala, Oscar Silva, César Carrizo, Gustavo Veiga, el jefe de la dependencia Pedro Costilla y su segundo, Juan Kadluwoski.

El largo camino de lucha de justicia por Andrés comenzó en con los debidos Habeas Corpus en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal N°7 de La Plata. El primer juez de la causa, Amilcar Benigno Vara, era un reputado amigo de los comisarios de la Maldita Bonaerense. En plena década de los gobiernos mafiosos de Menem en la Nación y Duhalde en la Provincia, la Bonaerense SA operó sobre el caso Nuñez. El Comisario Mario “Chorizo” Rodriguez - jefe de la Brigada de Investigaciones de La Matanza, uno de los 12 comisarios “Porongas” del círculo oscuro de la bonaerense de entonces y padrino de Gerez- les gestionó a los asesinos un salvoconducto: ofreció 200 mil dólares a Vara para ocultar su responsabilidad y estirar el mayor tiempo posible la investigación. El expediente fue sistemáticamente inmovilizado por el juez Vara, quien en un encuentro con Mirna le aseguró que Andrés podría haberse fugado con otra mujer y que lo buscaran por su cuenta. En una de sus últimas actuaciones en la causa, y ante las testimoniales de Guevara y de otros detenidos que habían compartido cautiverio con Andrés aquella noche en la Brigada, Vara no tuvo más remedio que dictar los procesamientos de 13 de los agentes de Investigaciones.

LA CADENA DE IMPUNIDADES
Durante 20 años el coautor del crimen, el comisario Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 en una cinematográfica persecución en Neuquén, Ponce fue condenado en abril de 2017 a reclusión perpetua, figura que permite el viejo código penal con el que se juzga el caso. La sentencia fue confirmada por la Suprema Corte bonaerense en diciembre de 2019. Pero uno de los máximos responsables de la muerte de Andrés, el policía Pablo Martín Gerez, permanece prófugo y su última aparición fue en 2009, cuando a través de una abogada presentó un escrito firmado de puño y letra para pedir la prescripción de la causa. Otra fenomenal tomada de pelo de La Bonaerense SA.

El ex juez Vara, destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en la causa Bru y en otros de 24 casos de crímenes policiales, fue procesado por su accionar en la causa Nuñez pero murió impune en marzo de 2014.

La jueza de Garantías 5, Marcela Garmendia, intentó deshacerse del expediente pese a que queda mucho por hacer. No lo logró porque en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre Gerez y otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga.

Pasados 30 años de los hechos, la justicia no ha mostrado una estrategia real de búsqueda y detención del ex policía Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 27 años en la causa. Núñez. Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que desapareció a Andrés. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo custodiado por un primo suyo en aquella localidad donde los policías iban habitualmente a cazar.

La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, Nelly Esther Duhalde, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a este asesino y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para encontrarlo. La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos asesinos de uniforme sólo genera más impunidad.

EL CRIMEN DE CRÍMENES
Si bien el caso de Andrés es una clara desaparición forzada de persona llegó a juicio por la figura de torturas seguidas de muerte. Eso tiene una explicación. La desaparición forzada de personas se define técnicamente como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Esto quiere decir, entre otras cosas, que es un crimen de Estado y que independientemente del hallazgo o no del cuerpo de la persona, o bien de la determinación de si ha sido o no asesinada, lo que lo define es la acción represiva del Estado.

La figura específica del tipo penal llamado desaparición forzada de personas, ya había sido admitida en nuestro ordenamiento legal cuando se ratificó en 1995 la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas (por ley 24.556) y con la revalidación en 2007 (por ley 26.200) del artículo 7.2.i del Estatuto de Roma, que consagra a nivel internacional la punición de esta modalidad delictiva. Sin embargo fue recién en mayo de 2011 (a través de la ley 26.679) que se incorporó a nuestro sistema legal el tipo penal específico y se lo incluyó en el art. 142 ter del Código Penal formando parte de los delitos contra la Libertad.

En nuestro país solo se ha condenado por este delito a dos policías de Chubut en el caso de Iván Torres en julio de 2016. La mayoría de los casos no se investigan como desaparición, sino como averiguación de paradero, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias, como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos el homicidio agravado por ser funcionario público o la tortura seguida de muerte, figuras que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en un delito como la desaparición forzada y tampoco incluyen la responsabilidad política por esos hechos.

Como ocurrió con Andrés, o con Miguel Bru a manos de agentes de la comisaría 9na, varios son los “casos testigo” de desaparición forzada en la ciudad de La Plata. En todos ellos se evidencia el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de la policía y la justicia como una corporación encubridora. El hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, que abre una nueva categoría: el ex detenido desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.

LOS LÍMITES DEL “NUNCA MÁS”
En Argentina existen más de 220 casos de desaparición forzada de personas en nuestro país entre 1984 y 2020. Desde el caso del joven de 23 años Néstor “Lito” Gutiérrez, detenido por la Policía de Neuquén en diciembre de 1984 y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; pasando por el caso de Santiago Maldonado coaccionado por Gendarmería a morir en el río Chubut en agosto de 2017, hasta el caso de Facundo Astudillo Castro, desaparecido por los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca, encubiertos por toda la cadena de mandos, desde la Jefatura Departamental 19 de Villarino hasta el ministro de Inseguridad Sergio Berni sostenido por el gobernador Axel Kicillof.

La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de seguridad de Argentina es palmaria. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos. El 40%, se produjo durante la gestión kirchnerista, el autodenominado “Gobierno de los Derechos Humanos”. Como sabemos la represión tiene carácter de clase, por eso en la mayoría de los casos los desaparecidos eran jóvenes menores de 25 años, con instrucción básica y pertenecientes a familias de trabajadores.

La cuarentena extendida y represiva del presidente Alberto Fernández se ha cobrado la vida de más de 150 personas con las modalidades represivas del gatillo fácil, la tortura en cárceles y comisarías o la desaparición forzada de personas.

POR ESO A 30 AÑOS SIN ANDRÉS NUÑEZ SEGUIMOS EXIGIENDO:
* JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA SEGUIDA DE MUERTE DE ANDRÉS NUÑEZ.
* BUSQUEN, DETENGAN Y JUZGUEN AL PRÓFUGO PABLO MARTÍN GEREZ YA!!!!
* FECHA DE JUICIO YA A LOS ENCUBRIDORES COSTILLA, ZAVALA, CARRIZO Y VEIGA.
* NINGÚN BENEFICIO A LOS ASESINOS PRESOS GONZÁLEZ Y PONCE.
* BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.
* BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS EN DEMOCRACIA.

La jornada se podrá seguir AQUI

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