Mesa de Enlace militar y policial
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- Categoría: DDHH
- Publicado: Domingo 15 de Noviembre de 2020
Reproducimos a continuación los comunicados difundidos por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y Correpi tras la noticia que circuló los últimos días respecto a la creación de una mesa de enlace con miembros, en su mayoría retirados, de las fuerzas armadas y de seguridad.
Organismos de derechos humanos nucleados en el ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA repudian la “Mesa de Enlace” militar-policial:
Los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos enfáticamente la formación y los objetivos de la “Mesa de Enlace” que agrupa a jefes retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Según su documento, es “un espacio federal que se propone representar ante la dirigencia política y la opinión pública a los centenares de miles de uniformados que viven y cumplen servicio en todo el territorio nacional” y se plantea “participar en los debates sobre defensa y seguridad nacional, amalgamar a la ‘familia de los uniformados’ y determinar sus intereses comunes”.
Como pueblo hemos sufrido un genocidio bajo el terrorismo de Estado y la dictadura militar, cuyos crímenes de lesa humanidad aún siguen siendo juzgados, y además desde 1983, bajo los sucesivos gobiernos, sufrimos la represión y el gatillo fácil de las policías y otras fuerzas de seguridad. Por ello, a todo ese aparato represivo del Estado que ha violado y viola los derechos humanos y democráticos no le reconocemos ni la más mínima legitimidad.
Ni la Constitución nacional ni la propia legislación vigente en materia de defensa y seguridad autorizan la formación y los fines de semejante engendro, que además se autoatribuye la función de representar a “los uniformados” en actividad. Por ello, y como de hecho constituye un grupo corporativo de presión frente a los poderes públicos y la sociedad, lo consideramos un peligro antidemocrático.
La actitud del gobierno nacional, que les otorgó a los uniformados el control social de la cuarentena, que cedió ante el motín de la Bonaerense y que aumentó el presupuesto represivo, envalentona aún más a estos sectores autoritarios. Ya días atrás el jefe del Ejército, al ordenársele bajar un tuit reivindicando el Operativo Independencia -inicio del terrorismo de Estado-, recorrió regimientos para reivindicarlo en persona. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ni siquiera lo apartó de su cargo por desobediencia y hasta ahora tampoco denunció penalmente a esta repudiable Mesa, que él mismo acusó de estar formada por “conspiradores”. No bastan quejas periodísticas.
CABA, 12/11/20
Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP); Centro de Abogadxs por los Derechos Humanos (CADHU); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Colectivo Memoria Militante (CMM); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Encuentro Militante Cachito Fukman (EMCF); HERMAN@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; H.I.J.O.S. Zona Oeste (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio); Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
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Del olor a bosta al olor a pólvora – Correpi:
En las últimas horas comenzó a circular la noticia de la creación de una “Mesa de Enlace”, pero ya no de las entidades del campo, sino de miembros –la mayoría retirados- de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, en particular, en este caso, de la policía bonaerense.
El anuncio, realizado por los propios protagonistas con un documento de “lanzamiento” viene a traer a la primera plana de la escena política nacional a las fuerzas armadas, luego de varios años de trabajo en las sombras.
Luego del genocidio, décadas de lucha por memoria, verdad y justicia, con el apoyo masivo de importantes sectores de la población, parecían haber vedado cualquier intento de intromisión de las fuerzas armadas en asuntos de política interna, por lo que esta iniciativa vuelve a encender todas las alarmas, más aún cuando este “resurgir” militar en los espacios políticos no es algo nuevo en América Latina.
Con la imposición de Jair Bolsonaro en 2018 como figura trascendental de Brasil –que le valió ser presidente luego de la persecución judicial a Lula- y el golpe de estado llevado adelante en Bolivia contra Evo Morales, en ambos casos con el impulso de las fuerzas, los uniformados han vuelto a tener un papel relevante en la política regional.
Después de la patética gestión del gobierno de Mauricio Macri, con el protagonismo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación –y su cuota caricaturesca en ropa de fajina como si persiguiera narcos-, y la participación marginal de Gómez Centurión en las últimas elecciones, los sectores más reaccionarios de la derecha local –siempre es solicitada en momentos de crisis del capitalismo- se ven en la necesidad de consolidar liderazgos, algo que el ejército les brindaba antaño y en la actualidad no podían realizar.
Si el gobierno kirchnerista comenzó con una incipiente confrontación con las cúpulas castrenses –aunque terminó imponiendo a Milani al frente del ejército-, el macrismo intentó lavar la cara de las FF.AA. Superó la teoría de los dos demonios, con homenajes a militares represores, su aparición en desfiles, el intento de la Corte del beneficio del 2×1 a genocidas y recibió con brazos abiertos grupos de negacionistas, en una clara política de reivindicación y reconciliación con los sectores militares.
La gestión de Alberto Fernández también intentó un acercamiento con las FF.AA., cuando en febrero de este año llamó a “dar vuelta a la página” en referencia al genocidio por ellos perpetrado, y luego al ponerlos al frente de las tareas asistenciales durante la pandemia; jerarquizó a las fuerzas y les dio reconocimiento social en la presentación del Fondo Nacional de la Defensa (FonDef), y jugó al distraído cuando desde la cuenta oficial del Ejército Argentino se reivindicó el Operativo Independencia, puntapié inicial para las políticas que llevaría adelante luego la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Ante este escenario, quienes han quedado relegados del armado del nuevo esquema de las fuerzas, buscan instalarse desde esa incipiente legitimidad que se ha intentado y se intenta seguir logrando, utilizando reclamos de los militares en servicio para obtener un peso mayor en las decisiones del sector y condicionar a un gobierno que ha demostrado ser endeble ante reclamos de este estilo. Más grave aún, a la iniciativa castrense se suma ni más ni menos que el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, el comisario general Pablo Bressi. Su presencia en la cúpula de esta “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín” preanuncia la adhesión, más temprano que tarde, de otras fuerzas de seguridad federales o provinciales y demuestra que el plomo es más denso que el agua.
En un contexto de crisis, con un escenario de ajuste, las cajas mutuales y previsionales de las fuerzas son un botín jugoso al momento de echar mano a recursos necesarios para pagar la deuda impagable que nos ha dejado el macrismo y sus amigos, y de la que el gobierno de los Fernández resulta garante de pago.
Con esta excusa, ex oficiales y suboficiales de lo más rancio que ha pasado por las fuerzas armadas y las de seguridad, salen a instalarse como nuevas figuras de la política, con un pliego de reivindicaciones que causan preocupación a quienes conocemos su accionar:
Participar en el debate público y político sobre la defensa y la seguridad nacional entendidas como elementos estratégicos para el desarrollo nacional.
Amalgamar a la “familia de los uniformados”.
Determinar intereses comunes y particulares de los uniformados.
El primer punto apunta a un cogobierno de facto de las fuerzas con las instituciones constitucionales. El segundo busca lograr la cohesión de un sector que no ha encontrado unidad de acción desde las incursiones carapintadas de finales de los ‘80 y principios de los ’90 por una parte, y con las asonadas y amotinamientos de policías y otras fuerzas de seguridad desde entonces a hoy.
Y el tercero abre un espectro tan amplio como el de los reclamos policiales –de ahora y de antes-, que abarca desde mejoras de sus ya abultados ingresos hasta reclamos de impunidad por los crímenes genocidas de la última dictadura y por los crímenes represivos en democracia.
El presidente Fernández ha salido a hablar de “intento de operación política de desestabilización”, en consonancia con el Ministro de Defensa Rossi, que manifestó que el Ministerio se encontraría estudiando y analizando las potenciales responsabilidades y sanciones de los que están participando. Algo similar a lo que se dijo ante el último reclamo extorsivo de la bonaerense, que lejos de encontrar sanciones, fue premiado con un festival de aumentos, suplementos y beneficios a contrapelo de la situación de las y los trabajadores, con paritarias de miseria.
Ante la extorsión de estos sectores oscuros, no sirven respuestas tibias y pronunciamientos de principios, sino que se necesitan decisiones firmes y sanciones a quienes intentan hacer política desde la acción de las armas y la represión.
Nuestrxs 30 mil compañerxs desaparecidxs son razón más que suficiente para desarmar cualquier nueva incursión en la política de las FFAA, como lo son más de 7.500 personas asesinadas en democracia respecto de las FFSS
Porque conocemos la Verdad, porque no nos falla la Memoria y porque siempre en nuestra boca va a estar el pedido de Justicia, es que desde CORREPI denunciamos y repudiamos la creación de la Mesa de Enlace militar y policial. Y aunque se quiera borrar el pasado, como bien decía Galeano, “no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria”.
