Red Eco Alternativo ***

La Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza

Así lo afirman las organizaciones Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina y la Fundación Servicio Paz y Justicia, quienes le enviaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, una serie de observaciones y propuestas iniciales en torno a cómo resolver la problemática grave y sistemática del endeudamiento público argentino.

Con las firmas de su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, y las coordinaciones de ambas entidades, las organizaciones explicaron que el envío fue en respuesta a la invitación formulada por el ministro y el secretario de Finanzas como parte de un verdadero “Pueblo Acreedor”, que desde hace tiempo ha sido condenado a “prestar” forzosamente a la Nación, una parte significativa de la riqueza que produce, los bienes comunes que son su patrimonio y los derechos humanos que le asiste – “sin consulta ni cobro de intereses o comisiones sino todo lo contrario”
“Demasiadas veces han sido incluso ‘préstamos’ impuestos con el engaño de que eran necesarios a fin de pagar otras deudas supuestamente prioritarias, pero que en realidad han sido ilegítimas, fraudulentas, odiosas y verdaderos crímenes de lesa humanidad”, expresaron en su presentación.
En este sentido, plantean como prioridad que el Estado argentino asuma la primacía de las obligaciones que ha reconocido en materia de Derechos Humanos, tanto del pueblo argentino como de la naturaleza, por sobre cualquier contrato de deuda: “La plena vigencia de nuestros Derechos a una vida digna, a la salud, la educación al agua pura y un ambiente sano, a una alimentación suficiente y saludable, a la tierra y los territorios, al empleo y salarios y jubilaciones justas, entre otros…deben establecerse como eje orientador de la política económica y parámetros centrales de evaluación de la pertinencia y resultados de toda política de endeudamiento”
Las organizaciones de derechos humanos proponen además, extender “al conjunto del pueblo acreedor”, la consulta abierta por el ministro, a fin de que la participación popular activa y vinculante pueda contribuir a “establecer metas comunes y la fuerza y legitimidad necesarias para hacer frente a las pretensiones desmedidas, usurarias y muchas veces fraudulentas e incluso odiosas, de otros supuestos prestadores.”
A su vez, proponen la realización de una investigación o auditoría integral de los reclamos, usos y consecuencias de la Deuda pública argentina y los acuerdos con el FMI, conforme a los Principios Rectores sobre la deuda externa y los Derechos Humanos, aprobados por la ONU en 2012, suspendiendo todo pago mientras no se haya completado y avanzando luego con el no pago, sanción y reparación de los reclamos ilegítimos o ilegales.
“Debe establecerse la exigencia de presentar Estudios del Impacto sobre los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de los presupuestos y planes de endeudamiento como de su pago, plantean, así como asegurar la realización de una evaluación pública de la membrecía argentina en el FMI, con vistas a determinar la permanencia, o no, en ese organismo multilateral, según el impacto que ha tenido en la vigencia de los derechos del pueblo y de la naturaleza”, agregaron.

Reproducimos las Propuestas enviadas al ministro de Economía:

Martín Guzmán,
Ministro de Economía
Diego Bastourre
Secretario de Finanzas
Lisandro Cleri
Sub-secretario Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda

Ministerio de Economía
República de Argentina

De nuestra consideración
Reciba nuestro saludo y los mejores deseos para este año que se inicia, en una región convulsionada y con un pueblo sediento de justicia, de paz, de dignidad y de respeto.

Agradecemos el gesto que han tenido, de solicitar apreciaciones y propuestas en torno a los principios y procedimientos que puedan aportar a la sostenibilidad de la Deuda pública argentina. Lamentamos que el tiempo establecido para la consulta sea tan corto y en un momento del año que dificulta en extremo la amplia participación merecida. Queremos aprovechar, no obstante, la voluntad de consulta expresada, para acercarles sobre la base de la buena fe, un primer esbozo de lineamientos que consideramos fundamentales a la hora de avanzar más bien hacia una solución duradera de la problemática grave y sistemática del endeudamiento público, sobre todo desde una situación sumamente crítica como la actual.

Tal vez sea necesario aclarar que no lo hacemos como tenedores de bonos o letras de la Deuda pública externa, sino como organizaciones que forman parte de un verdadero Pueblo Acreedor que, desde hace años -por no decir décadas e incluso siglos- , ha sido condenado a “prestar” a la Nación una parte significativa de la riqueza que produce, los bienes comunes que son su patrimonio y los derechos humanos que le asiste. Por lo general el otorgamiento de nuestros “préstamos” ha sido forzoso, sin consulta ni cobro de intereses o comisiones sino todo lo contrario. Demasiadas veces han sido incluso “préstamos” impuestos con el engaño de que eran necesarios a fin de pagar otras deudas supuestamente prioritarias, pero que en realidad han sido ilegítimas, fraudulentas, odiosas y verdaderos crímenes de lesa humanidad. El resultado ha sido siempre el mismo, parafraseando al querido Eduardo Galeano: más prestamos, más se nos endeuda y menos tenemos.

Señores Ministro, Secretario y Subsecretario, estamos convencides que este es un momento propicio para reconocer que la Deuda pública argentina más importante es la Deuda con el Pueblo y con la Naturaleza que nos sustenta y de la cual también somos parte. A la vez, que sea ésta una oportunidad imperdible para que el Estado argentino asuma de una vez, que las obligaciones suyas y de la comunidad internacional en su conjunto, en materia de Derechos Humanos, conllevan el reconocimiento de la primacía de su cumplimiento por sobre cualquier otra obligación contraída, incluyendo, claro que sí, los términos y condiciones de pago de los diversos instrumentos de endeudamiento emitidos por el Estado argentino en los mercados privados externos e internos o acordados con otras entidades públicas u organismos multilaterales como podría ser el FMI, el Banco Mundial, el BID u otros.

Es decir que la plena vigencia de nuestros Derechos Humanos a una vida digna, a la salud, la educación, al agua pura y un ambiente sano, a una alimentación suficiente y saludable, a la tierra y los territorios, al empleo y salarios y jubilaciones justas, entre otros, tiene prioridad por sobre otras obligaciones estatales. Por ende, deben establecerse como eje orientador de la política económica de la Nación y parámetros centrales de evaluación de la pertinencia y resultados de toda política de endeudamiento o de desendeudamiento.

Y cumplir con nuestros Derechos como personas y como pueblos, así como también con los Derechos de la naturaleza, implica avanzar hacia su pleno respeto con medidas concretas, sin retrocesos ni discriminación y con pleno reconocimiento de la urgencia de reparaciones para determinadas poblaciones, incluyendo los pueblos originarios, el campesinado, la niñez, las mujeres, las disidencias sexuales, las personas mayores, el inmenso sector de la sociedad argentina con sus vidas totalmente vulneradas.

Al respecto, entre los elementos que el Estado argentino debería tener presente se incluyen los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2012[i] y profundizados en amplios trabajos posteriores. Al referirse expresamente a la sostenibilidad de la deuda, señala que “las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda no deben limitarse a los aspectos económicos (las perspectivas de crecimiento económico del Estado deudor y su capacidad para cumplir sus obligaciones de servicio de la deuda) sino que también deben tener en cuenta los efectos de la carga de la deuda en la capacidad del país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y crear las condiciones para la realización de todos los derechos humanos.” Afirma a la vez que “esas evaluaciones deben ser realizadas por un órgano independiente…”.[ii]

Es en ese espíritu que ofrecemos las siguientes propuestas iniciales, con la plena convicción además que cualquier intento de resolver la problemática de la Deuda pública argentina, buscando su mera sostenibilidad, fracasará nuevamente si no se pone en el centro la necesidad y urgencia de saldar la Deuda social e histórica, la Deuda ecológica y climática, la Deuda de género y la Deuda democrática que también se sigue acumulando con el pueblo argentino al priorizar los reclamos de algunos supuestos prestadores por sobre los Pueblos y la Naturaleza, reales acreedores.

1- Hacer extensivo al conjunto del pueblo acreedor de grandes deudas públicas argentinas, la consulta respecto a cómo resolver esta grave problemática. A través de la participación activa y vinculante de la enorme diversidad de organizaciones populares existentes, que se abocan entre otros a la defensa de los derechos humanos, de la niñez, de las mujeres, de los sin techo, del agua, los suelos y la biodiversidad, de los pueblos originarios, del campesinado, de las personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas, contra la contaminación y todas las formas de “endeudamiento forzado”, sería posible establecer metas comunes y la fuerza y legitimidad necesarias para hacer frente a las pretensiones desmedidas, usurarias y muchas veces fraudulentas e incluso odiosas, de otros supuestos prestadores.

2- Asegurar la realización de una investigación integral, o auditoría, con participación ciudadana independiente, de los reclamos de deuda pública argentina y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la legitimidad y legalidad de los mismos. Según también resaltan los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos[iii], la auditoría debe incluir el establecimiento de un registro público y transparente de les supuestes prestadores, el origen y estado de sus reclamos, el uso y consecuencias de los mismos, los pagos y otros beneficios ya cobrados y toda otra información pertinente al respecto. Deben abrirse los archivos del Estado y de otros responsables, para que quede claro y público toda la información relativa, entre otros, al traspaso de deudas privadas al erario público, las deudas tomadas por empresas estatales durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica y posterior a ésta, su uso y responsables que lo permitieron. Debe incluirse la sobrecarga de toma de deuda por las provincias, así como también la identificación de los funcionarios argentinos, extranjeros y de los bancos y organismos internacionales de crédito, responsables.

3- Suspender todo pago de intereses, comisiones, multas y amortizaciones sobre la deuda pública financiera, y el cumplimiento de cualquier acuerdo o condición relacionada incluyendo los acuerdos firmados con el FMI, mientras no se haya completado la auditoría respectiva y quede establecido la legitimidad, legalidad y prioridad de cada reclamo.

4- Establecer un claro plan de pagos, que refleje la prioridad del cumplimiento con los Derechos Humanos de la población y de la naturaleza y el resarcimiento de la Deuda acumulada con ellas, así como también la justa decisión de no pago, sanción y reparación de los reclamos de deuda ilegítimos o ilegales.

5- Devolver al parlamento argentino, para su plena recuperación y ejercicio, las responsabilidades constitucionales que le cabe con respecto a la gestión del crédito de la Nación.

6- Establecer como norma la realización de un Estudio del impacto en materia de derechos humanos y derechos de la naturaleza de los proyectos de Presupuesto elaborados por el Ejecutivo para su aprobación parlamentaria, así como también en relación a los Informes de Ejecución presupuestaria. Los mismos deberían incluir un proceso amplio de consulta y participación social.

7- Establecer del mismo modo, la exigencia de realización y aprobación previa de un Estudio de Impacto sobre los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza respecto a todo proyecto de endeudamiento y/o acuerdo de préstamo condicional, incluyendo los términos y condiciones de su pago y/o cualquier plan de reestructuración o reperfilamiento de deudas y esquemas de pago.

8- Asegurar la realización de un Estudio y evaluación pública con consulta social participativa, del impacto en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos y de la naturaleza, de la membrecía de Argentina en el Fondo Monetario Internacional, con vistas a determinar la contribución, o no, de esa membrecía y la permanencia, o no, de la Argentina.
Señores Ministro, Secretario y Subsecretario, como señalamos al iniciar este mensaje, lamentamos que el poco plazo establecido y la época de año han dificultado la preparación de una contribución más amplia y participada en este primer momento. Por nuestra parte quedamos comprometides en seguir profundizando las observaciones y propuestas aquí adelantadas, junto a otras organizaciones del quehacer respectivo, con vistas a seguir contribuyendo al establecimiento de principios y procedimientos que coadyuvan al cumplimiento de nuestros derechos humanos y los derechos de la naturaleza y la determinación de un marco subsidiario que regula los procesos de endeudamiento y desendeudamiento argentinos.

Sin otro particular, saludamos a la espera del inicio de un intercambio fructuoso al respecto.

-Buenos Aires, 3 de enero de 2020

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Beverly Keene, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
Coordinación Nacional, Fundación Servicio Paz y Justicia

[i] Consejo de DDHH de la ONU, Principios Rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos, A/HRC/20/23, 10 de abril de 2012.
[ii] Idem, párrafos 65 y 66.
[iii] Idem, en especial párrafos 67 y 68.

 

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