Red Eco Alternativo ***

La jubilación en manos de los trabajadores

Un nuevo proyecto de ley apunta a restablecer la movilidad jubilatoria a través del 82 % móvil y propone crear el Instituto Nacional de Previsión Social gobernado por los trabajadores en actividad y los jubilados.

 
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- Ayer, diversas organizaciones de jubilados y pensionados enroladas en la CTA realizaron un acto frente al Congreso Nacional para respaldar y demandar el tratamiento y la aprobación de una Nueva Ley Previsional.
El proyecto fue presentado en el recinto la semana pasada y es impulsado por diputados nacionales de la centroizquierda, encabezados Graciela Iturraspe. La legisladora del Instrumento Electoral por la Unidad Popular, es acompañada por diputados del SI, de Proyecto Sur, de Libres del Sur, del Socialismo y del GEN.
El mismo se basa en los principios de un sistema de reparto solidario, universal, administrado democráticamente, con participación del Estado, con prestaciones proporcionales al salario en actividad (82 % móvil), jubilación mínima, vital y móvil, asignación universal a los mayores, financiado con aportes de los trabajadores, contribuciones de los empleadores y asignaciones del Estado.
A las prestaciones ya vigentes (jubilación ordinaria, pensión e invalidez) el proyecto agrega dos nuevas: la asignación universal para mayores de 65 años y la jubilación proporcional para quienes hayan aportado diez o más años pero que no reúnan la totalidad de los servicios con aportes exigidos por la ley (30 años).
Antes de la reforma menemista, las leyes garantizaban, dentro de un sistema de reparto (público), entre el 70 y el 82 % del promedio actualizado de las remuneraciones cobradas durante los tres mejores años de los últimos diez antes de jubilarse.
Durante la primer presidencia de Menem, acorde a los lineamientos del Consenso de Washington y el impulso del Banco Mundial, se privatizó entre muchas otras cosas, el sistema previsional (a través de la Ley 24.241). Nacieron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que con el aporte de los trabajadores hicieron sus negocios bursátiles, cobrando además altas comisiones para “proteger” lo que se consideraba una “inversión” para los futuros jubilados.
Luego vino la crisis del 2001 y después la crisis internacional. Allí apareció el Estado y salvó a estas empresas de tener que hacer frente a jubilaciones que seguramente no podrían pagar.
El gobierno de Cristina Fernández eliminó las AFJP con una ley conocida como de Movilidad Jubilatoria (Ley número 26.425). Pero esa movilidad quedó restringida a ajustes semestrales que no tienen que ver con un porcentaje de los salarios los trabajadores activos ni con los aumentos que éstos puedan recibir; y tampoco significan una recomposición acorde a las necesidades de nuestros jubilados.
El proyecto presentado apunta a revertir, entre otras cosas, esta situación al plantear restablecer el 82 % móvil para la jubilación ordinaria y por invalidez, y el 75 % de ese importe como derecho a cobrar por parte de los pensionados. Además propone la equiparación del haber mínimo al salario mínimo -lo que hoy implica subirlo de $ 895 a $ 1.500.
Otros de los elementos distintivos respecto a la ley vigente, es la autonomía económica y financiera. En este sentido, establece que los seguros sociales se financien por los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales pero que el Estado debe complementar, si es necesario, con lo que recauda a través de los impuestos.
Además se deben restablecer los porcentajes de las contribuciones patronales -que fueron rebajados en el menemismo  y se mantuvieron así durante los sucesivos gobiernos- y usar los dineros de la recaudación previsional exclusivamente para pagar jubilaciones y pensiones y mejorar dichos haberes.
Por otra parte debe recuperarse para la seguridad social las funciones de recaudación y fiscalización de los aportes y contribuciones que están hoy en manos de la AFIP.
Recordemos que desde que se re-estatizó el sistema, el gobierno kirchnerista utilizó  fondos del sistema para,  entre otras cosas, financiar a las multinacionales automotrices (ver:   La generosidad de los que menos tienen ), pagar deuda y financiar obra pública.
Por último, el proyecto sostiene que la administración del sistema de seguridad social debe estar en manos de sus propios depositarios: los trabajadores y los jubilados. En este sentido propone crear un organismo nacional de previsión social (persona pública no estatal) conducido y administrado por representantes de los trabajadores jubilados y activos elegidos en forma directa y democrática con participación del Estado.
La seguridad social, dicen los fundamentos, es un derecho humano fundamental que el Estado se ha obligado a organizar conforme lo establecen el artículo 14 bis y el 72 inc.23 de  la Constitución Nacional.
Éste ha sido un proyecto de elaboración colectiva donde trabajaron la Secretaría de Previsión Social de la CTA; la Federación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA); la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina; la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA); la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA); la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APEDFA-CTA) y el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

 

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