A casi una semana del rechazo del Congreso al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, esta tarde se realizaron movilizaciones frente a la casa de la provincia de Buenos Aires y en el Hospital Magdalena Villegas de Martínez en Pacheco tras la muerte de una mujer de 34 años por una infección generalizada producto de un aborto casero.
Quienes se manifestaron, pidieron justicia por la muerte de “Liz” que llegó a la guardia de un hospital del conurbano bonaerense por las consecuencias de un aborto inseguro. “Estuvo dos días internada, en dos centros de salud diferentes y falleció anoche. Tenía 34 años y era madre de dos niños”, señalaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Responsabilizaron también al Poder Ejecutivo Nacional y a lxs 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo, que se abstuvieron o votaron en contra del proyecto de IVE por cada muerta y presa por abortar.
Por este caso en particular, también señalaron a las autoridades provinciales y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a cargo de la implementación del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación.
Por otro lado, las organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dieron a conocer un comunicado en el que agradecieron “el acompañamiento social y político sin fronteras ante el cierre del tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
Además responsabilizaron a las autoridades provinciales y municipales por cualquier retroceso, de cualquier índole, que pudiera haber en el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y exigieron “de forma urgente que cada provincia que no lo haya hecho adhiera a las prácticas médicas que establece el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación. A la vez, estaremos alertas y no admitiremos que ningún/a médico/a violente institucionalmente y/o denuncie judicialmente ejerciendo abuso de poder, a ninguna mujer o persona gestante que haya abortado y que necesite la garantía del acceso a la salud integral”.
Finalmente señalaron que “no hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad. La reflexión es profunda: ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población. Sin embargo, las mujeres y personas gestantes seguiremos abortando por más que lxs fundamentalistas del feto no quieran. Porque no nos disciplinaremos y ejerceremos eternamente la soberanía sobre nuestros propios cuerpos”.
