Red Eco Alternativo ***

Médica absuelta

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut revocó la sentencia condenatoria contra Estrella Perramón dictada por la Cámara de Apelaciones de Esquel, en la causa relacionada con la muerte de una joven de 17 años a quien la profesional le practicó un aborto en diciembre de 2015 en la localidad de El Maitén.

La médica generalista Estrella Perramón había sido absuelta en primera instancia por el delito de aborto consentido seguido de muerte, pero condenada a un mes de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina por el delito de lesiones culposas. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispuso finalmente su total absolución al señalar que la profesional “cumplió con su deber de médica, acompañando y participando de la atención de una Interrupción Legal del Embarazo solicitada por una joven de 17 años en el Hospital Subzonal de El Maitén”.

Tras conocerse la información, desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito emitieron un comunicado en el que afirman: “Después de un proceso judicial de tres años, la resolución judicial agrega que la doctora Perramón intervino de acuerdo con los protocolos médicos existentes y que al día de hoy se desconoce la causa del desmejoramiento de la salud y la muerte de la joven en cuestión”.

La Red y la Campaña calificaron el fallo judicial como histórico porque demuestra que “garantizar derechos no es delito, que la práctica del aborto legal, seguro y gratuito, encuadrada según lo establecido por la normativa actual —artículo 86 inciso 1 y 2 del Código Penal de la Nación (CPN, 1921) — y bajo la realización del Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Ministerio de Salud de la Nación, 2015), es una práctica vigente en la Argentina, compatible con la Constitución Nacional y las convenciones y pactos internacionales que reconocen los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

“En este sentido queda de manifiesto que el acceso a las interrupciones legales del embarazo depende de la responsabilidad y el compromiso de profesionales de la salud entrenadxs y capacitadxs con perspectiva de género para la atención integral de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar”, expresaron a través del comunicado.

 

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