Parir como una condenada
A través de un informe, la Procuración Penitenciaria de la Nación advirtió que la violencia obstétrica, una modalidad particular de discriminación y de violencia de género que afecta de manera transversal al conjunto de las mujeres en el embarazo, el parto y el posparto, es sufrida de una forma exacerbada por mujeres privadas de libertad. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Argentina - “Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad” es el título del informe que dieron a conocer hace pocos días la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, elaborado a partir de encuestas y entrevistas en unidades penitenciarias que alojan mujeres embarazadas o con hijos menores de cuatro años.
Allí no solo se indagó sobre las vivencias de las mujeres presas durante sus procesos reproductivos, sino que además se incluyeron recomendaciones para abordar y eliminar estas violencias.
Entre otros, fueron relevados el Instituto Correccional de Mujeres del Complejo Penitenciario Federal III (Güemes, Salta) y el Centro Federal de Detención de Mujeres – Unidad Nº 31, que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF); también la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se realizaron encuestas a 33 mujeres y en seis casos se efectuaron entrevistas en profundidad. Todas atravesaron la experiencia de preparto, parto y posparto en contexto de encierro entre los años 2012 y 2016.
El 94% de las encuestadas inició trabajo de preparto en la unidad penitenciaria, y el 76% de ellas lo hizo específicamente en su pabellón de alojamiento. El 30% afirmó que fue atendida en esta instancia por un médico de una especialidad distinta a la obstetricia. El 85% de las mujeres aseguró haber experimentado, durante el trabajo de parto realizado en el penal, algún tipo de maltrato verbal de parte del personal penitenciario.
La demora en el traslado al hospital fue uno de los obstáculos señalados por las mujeres. En este sentido, enumeraron la cantidad de intermediarios, como personal de requisa, médicos/as, área de judiciales, entre otros, que generan este retraso; sumado a la espera del móvil de traslado, que no se encuentra disponible o no está en condiciones de mantenimiento. En este punto, el 72,7% de las mujeres fue trasladada en ambulancia, pero el 18% lo hizo en camión de traslado y el 6% en otros móviles como patrullero o colectivo de visitas. El 97% fue acompañada por personal de seguridad y en el 54,5% de los casos fue con alguna medida de sujeción, como esposas o “pateras” (esposas en las extremidades inferiores).
La mayoría de las mujeres no sabía que tenía derecho a estar acompañada en esta instancia por una persona de confianza. Y a su vez, de las mujeres que sí solicitaron acompañante, dos tercios de los pedidos fueron rechazados.
A pesar que internacionalmente se indica que las medidas de seguridad en el caso de partos de personas privadas de su libertad deben ser conducentes, razonables y lo menos restrictivas posibles, que no deberían afectar el derecho a la intimidad, ni la dignidad de la mujer y el niño, el 42,4% de las mujeres refirieron no haber tenido privacidad; y el 75,8% hizo referencia a presencia de personal penitenciario.
A su vez, aunque todas fueron acompañadas por personal penitenciario femenino, en el 79% de los casos también asistieron agentes masculinos.
La ley N° 25.929 establece que las mujeres tienen derecho a tener contacto de manera inmediata con sus bebés, pero el 21,2 % de las mujeres encuestadas afirmó que se les impidió conocer a sus hijos/as hasta después de 3 horas del nacimiento.
En cuanto a las recomendaciones efectuadas por los organismos ante esta situación, el informe señala que se debe capacitar al personal judicial sobre la temática del parto respetado y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia obstétrica; que el Poder Ejecutivo implemente políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres detenidas; que el Ministerio de Salud habilite mecanismos para la recepción de denuncias por hechos de violencia obstétrica, además de brindar cursos de preparto a todas las mujeres; que los servicios penitenciarios dispongan de guardias obstétricas y pediátricas activas, y que se erradique el uso de medidas de sujeción e inmovilización en mujeres próximas a dar a luz o que hayan dado a luz recientemente.
Es necesario “acentuar los esfuerzos del Poder Judicial, así como también de los servicios penitenciarios, para garantizar el acceso de todas las mujeres en conflicto con la ley penal a medidas alternativas a la detención o, en su defecto, a formas de detención morigeradas tales como el arresto domiciliario” (…) “En el caso de la detención domiciliaria, esto implica tanto la aplicación del instituto a las mujeres embarazadas o con hijos/as pequeños, como la garantía de sus necesidades básicas de alimentación, trabajo, salud y educación”, agrega finalmente el informe.