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Argentina: Nuevo retroceso en políticas públicas para jóvenes, mujeres y diversidades

El gobierno firmó dos DNU mediante los que transfiere la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano al ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia. En los decretos se resuelve además la disolución del Instituto Nacional de Juventudes. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina - Siguiendo con la “motosierra” en mano, el presidente Javier Milei firmó el 22 de mayo pasado los Decretos de Necesidad y Urgencia 450/2024 y 451/2024. Estos DNU que se complementan, modifican la Ley de Ministerios, disolviendo además el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE).

En su camino de considerar “necesidad y urgencia” todo lo que le aporta para achicar el Estado en su objetivo libertario de destrucción del mismo, viola nuevamente el camino legal por el cual un decreto (de rango inferior) modifica una Ley.

Para saber sobre las implicancias de estas medidas Red Eco consultó a Lucía de la Vega del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y a María Victoria Aguirre de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Según la abogada e integrante de Mumalá, este traspaso no estaría tan mal si se lo ve desde un punto de vista estrictamente técnico, porque el Ministerio de Justicia aborda políticas públicas de género y diversidad desde el acceso a la Justicia con Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), la Ley de Asistencia y Apoyo a las Víctimas de Violencias y la Secretaria de rescate en el tema de trata.

Sin embargo, Aguirre afirma que esta medida obedece a una intencionalidad del gobierno de La Libertad Avanza de erradicar las políticas públicas para las mujeres y las diversidades desde la estructura más formal: “Me refiero a eliminar el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad y convertirlo en Secretaria. Que primero esté bajo la órbita de Capital Humano y ahora vaya únicamente a Justicia. En este marco me preocupa cuál va a ser el acceso. Ya hoy teníamos un acceso muy complicado”.

Para Lucía de la Vega, del CELS, el traspaso “puede significar una reducción de competencias”: “Buscando un abordaje de las violencias de género sólo desde el plano legal cuando sabemos que es necesario un trabajo entre las distintas áreas del Estado, para diseñar y aplicar políticas tendientes al abordaje y la prevención de las violencias de género. Nos preocupa este enfoque reduccionista cuando sabemos que para salir y hacer frente a las violencias necesitamos mucho más que las herramientas legales”.

En este punto, Laura Taffetani coincide en la importancia de que se pueda articular entre varias: “Siempre está bueno hacer acciones articuladas entre los distintos ministerios, pero esto exigiría otra mirada sobre el Estado, otra cabeza”.

Tanto De la Vega como Aguirre coinciden en que el traspaso de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género implica una reducción presupuestaria de los fondos que se venían asignando para estas problemáticas.

“Nos preocupa la reducción en el presupuesto asignado para las acciones de prevención y erradicación de las violencias de género. De Ministerio pasó a Subsecretaría con un 33 % de presupuesto menos que el año pasado y sabemos que programas como el ACOMPAÑAR se encuentran suspendidos, sin otras respuestas hacia las violencias”, explica De la Vega.

“Con este movimiento de lugar no vemos que haya un reconocimiento a esas violencias y un abordaje desde la institucionalidad estatal. Este es el mensaje más claro. Dejarlo únicamente en la órbita del Ministerio de Justicia hace que también el presupuesto sea otro”, señala Aguirre.

“Que la Secretaria de Mujeres y Género estuviese en la Subsecretaria de Capital Humano significaba poder atarla a programas que estaban vigentes (Potenciar para Víctimas de Violencia, Acompañar); políticas públicas que antes estaban en el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad y luego pasaron al Ministerio de Desarrollo Humano”, agrega la abogada de Mumalá.

En este sentido, asegura que con este traspaso se produce “un corte en el acceso a las políticas públicas porque dejó de estar todo diversificado para quedar dentro del Ministerio de Justicia, con los problemas que tiene”: “Y cuando sabemos que en el ámbito estatal hay gente que no puede tomar decisiones porque aún no tiene un jefe, hay puestos que no están cubiertos”.

“Me parece que teniendo en cuenta su mirada sobre la cuestión de género – reflexiona Taffetani –, sobre el país y el rol que debe cumplir el Estado está claro que, más allá de lo que hagan, lo hacen para poder establecer la mínima intervención posible en este tipo de situaciones. El gobierno ha sido muy claro en su discurso respecto a cuál es el rol que para ellos debe cumplir el Estado, desde ese punto de vista no haría hincapié en el alcance del decreto sino en qué políticas de género tiene este gobierno, y cómo llevaría adelante esas políticas, de la misma forma que lo haría con los pueblos originarios, los niñxs, con todos”.

Sin duda, en todo este contexto, en una gestión con estas características, un cambio así de dependencia de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, sumada a la disolución del Instituto Nacional de Juventudes, significa un retraso más en las políticas públicas por parte del actual gobierno nacional.

 

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