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Las Escuelas Públicas no son empresas

El 18 y 19 de octubre se llevará a cabo la Evaluación Nacional Aprender 2016. Diversos sectores la rechazan por considerar que apunta a responsabilizar al docente de la crisis educativa, que será utilizada como una vía de ajuste a la educación y las condiciones de trabajo docente, y que está basada en los intereses de organismos empresarios y de crédito internacionales que son quienes deciden los contenidos a evaluar.  Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina - La diferencia con otros operativos de evaluación es que en esta ocasión se examinará a todos los alumnos y alumnas del país de 6to grado (en las áreas de Prácticas del Lenguaje y Matemática) y 5to y 6to año (evaluados en cuatro áreas) de todas las escuelas, y las y los estudiantes de 3er grado y 2do año de otras.

Aprender 2016 ha concitado opiniones adversas desde diferentes espacios.

Desde el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS) afirman que “Aprender 2016 se plantea como una vía de ajuste a la educación y las condiciones de trabajo docente, en vez de plantear seriamente las causas profundas de la degradación educativa”. Es que, según explican, “lejos de plantear el problema de la degradación educativa, los funcionarios solo se han referido al problema del ausentismo y la selección de los docentes y del posible beneficio que recibirán escuelas y alumnos que muestren mejores resultados (charterización)”.

Estiman además que es probable que los resultados que se obtengan sean los mismos que los que han dado a luz en los últimos 20 años, con mayor nivel de detalle: “uno de cada tres alumnos tiene dificultades serias de lecto-comprensión y no puede realizar operaciones matemáticas elementales, uno cada dos no puede resumir ni inferir información no textual”, detallan.

Padres y madres también se han manifestado en contra. En un texto que hicieron público exigen que se anule este operativo e instan a las familias y a los estudiantes a que el 18 de octubre no asistan a la escuela para realizar las evaluaciones.
Los argumentos que esgrimen son variados y especifican todos los contras que encuentran en esta evaluación:
•    Es externa, no la toman los maestros y/o profesores del grado o curso sino que envían aplicadores contratados a cambio de una suma de dinero sólo por ese día para tomar la evaluación.
•    Es estandarizada, porque es la misma para todas y todos las y los estudiantes del país, sin importar las particularidades de cada uno, del grado, de la escuela, etc.
•    Implica un gran gasto de dinero, cuando esa misma plata podría ser utilizada para resolver los amplios problemas que atraviesa la Educación Pública (conflictos de infraestructura, construcción de escuelas y jardines, aumento del salario docente, capacitaciones etc.)
•    Está basada en los intereses de organismos empresarios y de crédito internacionales quienes deciden los contenidos a evaluar.
•    Pretende entrenar a las y los estudiantes en torno a los temas que son objeto de examen, y no algo que se construye entre todas y todos, todos los días.
•    Conlleva la competencia de escuelas. El propio ministro de Educación, Esteban Bullrich, ya dio indicios de esta política cuando expuso ante los medios las supuestas bondades de un sistema de premios para establecer un “ranking” de escuelas. “Si la escuela mejora un 10% con respecto al año anterior, podemos darle una nueva biblioteca. Si mejora un 20%, los chicos de 7mo grado podrán viajar a Bariloche. Lo que queremos es que se comprometa toda la comunidad en la mejora de la calidad” (La Nación, 31/05/2013).
•    Intenta chantajear a las y los docentes y directivos que serán aplicadores o veedores a través del ofrecimiento de un monto de 1000 o 2000 pesos según el caso.
Por su parte, la Asamblea por la Educación Pública y Popular realizó el sábado 1 de octubre un encuentro para enfrentar las políticas de evaluación docente elaboradas por la actual gestión macrista.
En la sede de la CTA Autónoma se congregaron alrededor de 50 integrantes de sindicatos docentes de todo el país, de movimientos y organizaciones sociales.

En la reunión expusieron Jorge Cardelli (secretario de Cultura de la CTA-A), Susana Colli (secretaria pedagógica de Ademys), Francisco Torres (secretario gremial de la FND/Alternativa Docente), Adrián Weissberg (Suteba-Quilmes), Alfredo Cáceres (Suteba-Tigre), Gustavo Terés (CTA-Rosario, Ansafe-Rosario), Susana Salgaro (secretaria gremial de Agmer-Paraná), Ana Pagano (secretaria de Cultura CTA-A) y Darío Balvilarez (investigador, ex director de la escuela Hipólito Vieytes).

En la crónica de la jornada se detalla que las presentaciones “pusieron de relieve las relaciones entre estas políticas de evaluación y un proyecto educativo que pretende reducir el papel del docente a un simple ejecutor de propuestas pedagógicas diseñadas bajo las órbitas del mercado para imponer una ‘cultura de la evaluación’”.   

Además hubo un llamado de atención sobre los reiterados fracasos que muestran estas prácticas de evaluación ya desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires, y en otros países de América Latina como Ecuador y México.

Las exposiciones también alertaron sobre este operativo de evaluación Aprender 2016  que, aseguraron, apunta a responsabilizar al docente de la crisis educativa.

Según informaron, la mayoría de lxs participantes puso el acento en la necesidad de rechazar terminantemente estas políticas y se aportaron elementos para pensar y elaborar alternativas educativas. “El problema del conocimiento y sus relaciones con la construcción de poder, la necesidad de fortalecer el ‘aula’ como un espacio colectivo de enseñanza y aprendizaje que contrarrestre la diseminación de las propuestas ‘a distancia’,  pugnar por la formación y la práctica de docentes más cercanos a un intelectual crítico que a meros operadores” se detallan como algunas de las ideas que se compartieron durante el debate con vistas a delinear un proyecto educativo alternativo.

Finalmente se resolvió rechazar el operativo Aprender 2016, impulsar una Jornada Nacional de lucha con paros y movilizaciones el 18 y 19 de octubre, elaborar un Documento que denuncie la “cultura de la evaluación” que sólo responde a los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y los empresarios.

Por último, entre otras resoluciones, se definió promover la  solidaridad con Horacio Catena (secretario general de SUTEF) y demás compañeras/os exonerados en Tierra del Fuego, con Rubén Ortiz (secretario general del MPL en Misiones) ante las amenazas a su familia, y apoyar a docentes entrerrianos, ante el incendio de una escuela cerca de gobernación, por la que AGMER Paraná reclamaba.

 

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