Peligra la continuidad de un programa para chicos en situación de calle
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- Categoría: Gobierno
- Publicado: Jueves 13 de Abril de 2017
El Programa de Articulación Institucional (PAI) forma parte del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas y está siendo desarticulado desde los inicios de la gestión Cambiemos en el gobierno nacional. Sus trabajadores denuncian su vaciamiento sistemático, que deja sin una importante ayuda a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - El PAI fue creado en mayo de 2011, “con el objetivo de apoyar y fortalecer el trabajo de las organizaciones comunitarias y del Estado dedicadas a resolver la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, contribuyendo a la realización de acciones e intervenciones basadas en el Sistema de Protección Integral de Derechos (Ley 26.061)”.
“Conscientes de que cualquier niño, niña o adolescente con experiencia de vida en calle necesita de protección, afecto, alimento, cuidado y de un hogar, el Programa de Articulación Institucional apunta a proporcionar espacios de acercamiento para generar lazos de confianza con l@s chic@s que favorezcan su acercamiento a espacios institucionales.
Actualmente, el P.A.I. realiza gestiones tendientes a promover la conformación de equipos técnicos en las provincias de Salta, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Mendoza”.
Así describe el sitio web del Ministerio de Justicia de la Nación los alcances de este programa, que forma parte del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos.
Es decir, el Registro tiene una función más bien administrativa, cuando recibe una denuncia y se trata de un chico en situación de extrema vulnerabilidad, con una historia compleja detrás, deriva el caso al PAI, que es el encargado de articular con las instituciones para que aborden su situación.
Sin embargo, la realidad del organismo y de quienes trabajan allí no es la que refleja el portal oficial. Desde el inicio de la gestión Cambiemos en diciembre de 2015, se produjo un sistemático vaciamiento y desarticulación del PAI. En aquel momento los trabajadores eran poco más de 20 y hoy apenas llegan a ser cinco. ¿Qué pasó en este año y cuatro meses?
En su historial, el programa llegó a tener 600 seguimientos / carpetas de casos, pero desde diciembre de 2015 no se abrieron nuevos expedientes, sino que por el contrario desde la coordinación les pidieron a los trabajadores que cerraran las ya existentes con diferentes excusas como que había otros organismos trabajando en el mismo caso. Cabe recordar, en este punto, que el PAI es justamente un programa de articulación institucional, es decir que una de sus tareas es articular con otras instituciones, insistirles en que actúen ante los casos, hacer presentaciones en este sentido, fomentar la intervención de las organizaciones ya sean gubernamentales o no gubernamentales. A su vez, el programa también llevaba adelante mesas de trabajo con estas instituciones para pensar estrategias de seguimiento de estos casos y también encuentros en otras provincias para instar a las comisarías a que pasen las denuncias que reciben por chicos perdidos para que el registro y el programa puedan comenzar a actuar. A pesar de que es un programa que trabaja con menores, si era necesario el programa continuaba interviniendo aún cuando los chicos cumplían los 18 años. Nada de esto ocurre ahora.
La principal acción del programa es territorial, lo que requería que los trabajadores viajaran, por ejemplo, a distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y presentaran ante cada tarea realizada los tickets de los viáticos. Esto implicaba básicamente la carga de la tarjeta SUBE porque siempre se manejaban con transporte público. La nueva gestión canceló estos viáticos, al igual que los viajes a otras provincias, por lo que a pesar de ser un programa nacional, el PAI dejó de accionar en otras zonas del país.
Las autoridades empezaron a pedirles a los trabajadores que viajaran menos, que acumularan varias salidas cercanas para hacerlas en un solo día, pero el principal destinatario del programa son chicos vulnerables, que tienen urgencias. “A un chico que tiene un problema hoy, no le podemos decir que recién lo vamos a ir a ver en dos semanas cuando tengamos otras reuniones cerca de ahí”, explicaron al respecto los trabajadores del programa.
Desde enero de 2016 se registraron en el Ministerio de Justicia alrededor de 500 despidos, aunque el PAI hubo solo 5 casos (y uno de ellos logró la reincorporación), los trabajadores aseguran que lo que realmente vació el programa fueron las condiciones laborales que generó la nueva gestión, y que hizo que el personal se fuera yendo o pidiendo el pase a otros organismos. Muchos consideraron que la forma de ejercer la tarea ya no era la misma y que su labor desarrollada de esta manera no servía. A su vez, la oficina del PAI se mudó de la zona del microcentro porteño al predio donde funcionaba la ESMA y donde se encuentra actualmente la Secretaría de Derechos Humanos y los programas que de ella dependen.
Hoy en el PAI trabajan solo cinco personas sin coordinación técnica, llevando adelante una tarea sensible, para la que es necesaria – según sus propias palabras – una supervisión, otra mirada. La nueva gestión también intentó que dejaran de trabajar en duplas, algo que finalmente los trabajadores lograron mantener, ya que – explican – es imprescindible para este tipo de trabajo compartir experiencias, acordar criterios.
A esta situación se suma una flamante resolución interministerial que apunta a que el Registro, del que depende el programa, pase de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. En la resolución, el PAI directamente no aparece mencionado, por lo que su continuidad es incierta.
De todos modos, los trabajadores advierten que uno de los principales peligros de este traspaso es que toda la información que tiene el Registro sobre los chicos, sus familias, los ámbitos en que se manejan, pasaría a la órbita del Ministerio de Seguridad, es decir que todas las fuerzas de seguridad contarían con estos datos. Para ellos, esto no es azaroso, va de la mano de la idea con la que coquetea el gobierno desde hace meses de bajar la edad de imputabilidad de los menores.
Actualmente los trabajadores junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se encuentran planificando estrategias y formas de lucha, evaluando alternativas para frenar o demorar este traspaso, por lo pronto la primera medida es visibilizar lo que está sucediendo. Una problemática que hoy no es fácil de incluir en la agenda de la mayoría de los medios tradicionales.
Ante la nueva realidad del PAI, los trabajadores advierten que la situación social en Argentina empeora, que cada vez hay más chicos en situación de calle y que cada vez son menos los recursos que tienen para ofrecerles.
Contacto con los trabajadores del PAI: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
