Red Eco Alternativo ***

CAMBIEMOS en camino a legalizar el gatillo fácil

El lunes 5 de febrero, el abogado Alejandro Suárez Lynch denunció al juez Enrique Velázquez por “mal desempeño, inhabilidad ética moral y prevaricato”.  El magistrado había procesado al policía Luis Chocobar por exceso en la legítima defensa en el asesinato de Pablo Kukoc  (18), el pasado 8 de diciembre,  en el barrio de La Boca. Por Mucho Palo Noticias

(MPN) Argentina - A pesar de todos los marcos jurídicos en diferentes instancias que respaldan la decisión del juez, el abogado lo denunció al juez por “mal desempeño, inhabilidad ética moral y prevaricato (cuando un juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.​ Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público)” ante el Consejo de la Magistratura. 

En el cuerpo de la denuncia se lee el pedido de remoción del juez, no como un pedido de “revolución, sino un renacimiento, cual moderno Ave Fénix, y reinstale las virtudes queridas por la comunidad en el Poder Judicial debiendo imponerse en favor de ello el apartamiento de aquellos magistrados, que se desentienden de las necesidades de la sociedad”. La medida que el juez determinó, es usual dentro del campo judicial, en las causas contra policías que llegan a la justicia por este tipo de hechos, así lo aseguraba en juez federal Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja consultado al respecto en una entrevista radial en Radio Universidad el día miércoles por la mañana.

Esta tendencia a denunciar cualquier práctica jurídica contraria a los intereses del gobierno de Cambiemos se repite en varios casos, así sucedió el día 7 de febrero, donde luego de que el ministerio de seguridad acusara de falso testimonio a 8 testigos de la comunidad Mapuche, por el caso de Santiago Maldonado, y amenazara de hacer lo mismo con organismos de DDHH, la Gendarmería Nacional radicó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Esquel donde pide que se investigue por asociación ilícita “a los artífices intelectuales y materiales de instalar, no solo en el marco de las causas judiciales, sino también en la comunidad, los medios masivos de comunicación y organismos internacionales, la falsa hipótesis” de que Santiago Maldonado había sido “detenido y desaparecido por personal” de esa fuerza, con fundamento en el art. 210 del Código Penal (CP), que reprime con prisión o reclusión de tres a diez años, al que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos, y amparada además en la figura criminal de los partícipes necesarios (art. 45 del CP), la denuncia apunta a que la Justicia investigue “cómo y quiénes orquestaron la maliciosa imputación a la fuerza por la desaparición” de Santiago. Siguiendo la misma lógica podrían ser acusados los medios de comunicación, políticos, etc., que expresaron, en el uso de la libertad de expresión, la misma hipótesis en relación a la desaparición, seguida de muerte, de Santiago, a manos de la gendarmería, en un operativo, donde esa fuerza estatal reprimió, una idea causa y efecto bastante simple, a sabiendas que solo actuó gendarmería en el hecho.

La vuelta de la tortilla

La ministra Patricia Bullrich, funcionarios de cambiemos, y el propio presidente Mauricio Macri, muchas veces ha acusado de incitar a la violencia a personas por posteos en redes sociales, a medios de comunicación por sus artículos y a diputados y senadores por sus declaraciones en por ejemplo, las sesiones en torno a la reforma previsional. Dar vía libre a la policía para que dispare a matar en cualquier caso de índole delictiva o, como incluso mencionó en las declaraciones realizadas, de presuntuoso, posible o hipotético futuro hecho delictivo, es una incitación directa a la violencia social. Por tal el abogado Tomás Ángel Pérez Bodria, conjuez en el Departamento Judicial de San Isidro y Presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de San Isidro, realizó una denuncia penal contra el Presidente y la ministra de Seguridad por sus dichos y acciones, cuando el 1 de febrero reciben al oficial Chocobar “asegurando una amplia cobertura de prensa, expresan públicamente su apoyo al agente y reivindican igualmente el acto que llevó adelante, por el que fue procesado, y lanzan una manifiesta crítica al juez que lo procesó. Además, ambos expresan que han de apoyarlo para que su situación procesal se revierta” puede leerse en algunas partes de la presentación judicial, por lo cual la acusación apunta a “Apología del delito: “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos al servicio de los ciudadanos. Hiciste lo que hay que hacer, que es defendernos de un delincuente”. Tal fue la frase con la que el presidente Mauricio Macri recibió al agente policial el día 1 de febrero frente a una amplia cobertura de prensa (LA NACIÓN del 1/2/2018). Pero la enfática frase de bienvenida no le pareció suficiente y, entonces, lanzó otra que deja expuesto nítidamente el componente subjetivo que requiere el tipo penal en cuestión: “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación”, y a “Encubrimiento por favorecimiento personal: Las conductas precedentemente descriptas concurren idealmente -art. 54 del código penal- con la descripta por el art. 277 inciso 1° apartado a) e inciso 3°, apartados a) y d) del código penal. Cuando el presidente Mauricio Macri pronunció la ya mentada frase “Quedate tranquilo porque hiciste lo que hay que hacer y te vamos a ayudar a resolver tu situación”, da cuenta de la perpetración del núcleo del tipo en cuestión. Desde las alturas que supone su investidura, van de suyo las múltiples alternativas de ayuda que habrá de recibir el incriminado. Comenzando por la presión que nadie en su sano juicio puede ignorar que está en condiciones de ejercer sobre los miembros del poder judicial que intervienen en el caso, en las distintas instancias. No sólo directa, sino también indirecta, a través de la que ha de ejercer una opinión pública obnubilada ante el tenor del encuadre presidencial. Una ayuda que, sin lugar a dudas, cuenta con la aptitud suficiente para posibilitar a Chocobar eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.

La democracia ha muerto

Por si a lxs argentinxs les quedaba alguna duda de la lógica política del gobierno de Cambiemos, Bullrich lo aclaró, aún más, en la entrevista radial que dió tanto de que hablar. Frente a las declaraciones que había emitido el periodista Ernesto Tenembaum, le recuerda a la ministra frente a su reclamo de “porqué todos tienen que hablar tanto de todos los temas” que en la Argentina estamos bajo un sistema democrático, donde la pluralidad de voces y expresión es un requisito inalienable, sin embargo muy rápidamente y sin tapujos la respuesta deja tieso a más de uno: “sí, estamos en democracia, se puede hablar de lo que quiera, TOTAL después lo anulamos”. Pasar por encima de las convenciones internacionales de derechos humanos, por la libertad de expresión, por encima de la división de poderes, propia de nuestro sistema estatal, no alcanza, también se burlan abiertamente del sistema democrático que, si bien tambaleante en cuanto a prácticas, existe desde 1983 en nuestro país, es la forma de gobierno que el Estado nacional debería defender y cuidar. Pero en la tierra de Cambiemos, no entran pobres, ni excluidxs, ni trabajadorxs, ni legislaciones, ni los años de historia universal, de lucha y discusiones, y guerras y muerte, solo la perversa idea de que todo lo que se opone en cualquier forma y desde cualquier óptica, es por consiguiente un enemigo (interno) a destruir.

Nota relacionada: La nueva “doctrina” sin tapujos de Cambiemos: licencia para matar

 

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