Víctor Aramayo, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública y miembro del Ejecutivo de FESPROSA, se refirió al anuncio realizado por el gobierno de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales, que indica que se le cobrará a los pacientes extranjeros que se atiendan en los hospitales provinciales jujeños: “Solo se puede hacer en el momento político y el tipo de gobierno que tenemos en la Nación y en la provincia. Mas allá de las intenciones de quienes lo formulan, remiten a connotaciones xenófobas y racistas en una provincia donde estas posiciones tienen cierta fuerza en la sociedad”.
“Habrán dicho ‘hay que calmar a las fieras’ que en forma recurrente reclaman este tipo de medidas y otras aún más duras”, declaró Aramayo y agregó: “Acá no se dice ni se hace nada en materia de Gobierno sin el consentimiento de Morales. En este caso se trata de políticas de Estado que ameritan Convenios bi o multilaterales que involucren a las máximas autoridades de los países. Si no habría que modificar la Constitución Nacional (Art. 20) y la Constitución Provincial (Art. 19 y 21) y para ser coherentes modificar la página web del propio Ministerio de Salud, en su Capítulo ‘Nuestra Misión’. Mientras tanto el cónsul de Bolivia en Jujuy debería pedir precisiones al gobierno provincial y las autoridades sanitarias de Bolivia explicaciones al Embajador argentino en Bolivia, que es jujeño”.
Para Aramayo, el anuncio no es más que ‘marketing sanitario’: “el mismo que han lanzado hace tiempo para instalar la aplicación de la mal llamada Cobertura Universal de Salud – CUS en la provincia. De allí que el remate de esta operación culmina en la necesidad de tener ’un Seguro de Salud’. Este anuncio se da simultáneamente con el lanzamiento del llamado (pomposamente) Plan Estratégico de Salud en el que se olvidaron de Ramón Carrillo y a Carlos Alvarado y lo redujeron a una cita pequeña y formal. El ’Plan’ en su esencia no hace más que resucitar el decreto 578/93 de Hospitales de Autogestión de Menem. Ahora pretenden avanzar hacia la descentralización de servicios y de personal; seguirán con la tercerización de prestaciones; profundizarán la precarización existente y rematarán con la propuesta de gestión y atención con el mix público-privado. Nosotros cuestionamos este plan y vamos a fundamentar y organizar la resistencia que comenzará este martes con una asamblea general en el Hospital Pablo Soria. Allí vamos a debatir la situación y definir las acciones a realizar”.
