Presentan amparo para garantizar acceso a internet

Lo hizo la agrupación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) a partir de los resultados de su investigación “Las voces de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos de pobreza y de movilidad humana en Argentina. Efectos secundarios del COVID 19 en el acceso a sus derechos”. Allí se da cuenta que la falta de conectividad asciende a un 13% de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAyJs) de los barrios populares del NOA

La investigación fue coordinada por Andhes y ejecutada junto a las 18 organizaciones que integran el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, con el apoyo de Unicef.

En conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, Andhes presentó una acción de amparo contra el estado de Tucumán a fin de que tome todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a dispositivos tecnológicos, herramientas digitales e internet mediante una conectividad adecuada a NNAyJs de los barrios populares y comunidades indígenas de la provincia.

“No está garantizada la conectividad y el acceso a dispositivos tecnológicos necesarios y dicha circunstancia es un obstáculo para brindar derechos fundamentales que todo Estado debe garantizar. Dicha falta afecta más a la niñez, sobre todo en el contexto de crisis social y sanitaria que se está viviendo a nivel mundial”, afirman desde Andhes.

En la investigación fueron consultados 575 NNAyJs de barrios populares de 16 provincias de nuestro país si tenían acceso a internet. A nivel nacional, el 3% contestó que no. Sin embargo, ese porcentaje asciende al 13% entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los barrios populares del NOA.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes describieron además que comparten el dispositivo que usan para acceder a internet en el 78% de los casos con otro familiar. Entre quienes refieren no tener Internet, el 76% son mujeres.

“El derecho a acceder a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la sociedad moderna es un derecho humano en sí mismo, cuya protección, ejercicio y garantía repercute en otros derechos como la educación, la salud, la libertad de expresión, la participación política, el desarrollo integral de las personas y el acceso a la justicia”, explicó Florencia Vallino, coordinadora del área de Niñez y Adolescencia de Andhes.

La presentación de la organización tiene por objeto que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar el acceso a dispositivos tecnológicos, internet y las herramientas necesarias para que las niñas, niños y adolescentes de los barrios populares y las comunidades indígenas de Tucumán se desarrollen plenamente y en igualdad de condiciones.

En particular en las zonas donde tienen trabajo territorial las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Comedor 8 de Marzo; Centro Comunitario Acceso Este; Asociación Civil Crecer Juntos; Asociación Jóvenes Unidos por el Bien Común; Mujeres de la Patria Grande; Los Lapachos Tucumanos; Fundación MAS; Red de Organizaciones Construyendo Sueños; Grupo Ganas de Vivir; Merendero Reyes; Asamblea la Revuelta y Asamblea San Cayetano FPDS-CP; Grupo Con esperanza nos fortalecemos; Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario – CCC; y los 105 Merenderos y Comedores populares que gestiona el Frente Popular Darío Santillán.

Y a las siguientes comunidades indígenas: Comunidad Indigena Diaguita Mala Mala; Comunidad Indigena Pueblo Diaguita Anfama; Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí Chasquivil; Comunidad Indígena Potrero Rodeo Grande.

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